El programa nuclear español puede sufrir importantes paralizaciones
España podría verse obligada a reconsiderar su ambicioso plan de construcción de centrales nucleares -en su gran mayoría de patente norteamericana- si continúan las actuales trabas impuestas por Estados Unidos al suministro y reprocesamiento del combustible atómico empleado en dichas centrales.
El temor norteamericano a la proliferación atómica y la falta de una política clara y coherente sobre los controles que deben aplicarse a las ventas de uranio enriquecido y a su reprocesamiento, están creando serios problemas a la industria española. Tales problemas fueron expuestos en una reciente reunión del Atomic Industrial Forum, celebrada en Nueva York, por un alto cargo de la empresa «Centrales nucleares del Norte» (Centronor).José L. Sánchez, de la citada compañía, resaltó en su intervención que nuestro país ha firmado acuerdos sobre control de material atómico con Estados Unidos y con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA). Dichos acuerdos son suficiente garantía de que España no piensa utilizar el combustible atómico para la construcción de armas nucleares, pero los problemas comenzaron en 1974, cuando India hizo estallar su primera bomba atómica, y aumentaron cuando Francia y la República Federal de Alemania anunciaron su intención de vender tecnología de reprocesamiento a países que, como es el caso de España, no han firmado el tratado de no proliferación nuclear.
Nueva legislación USA
Estados Unidos mantiene un estrecho control sobre el uranio enriquecido que vende a España y debe conceder un permiso especial para que los residuos de dicho material sean reprocesados en un tercer país. Durante el reprocesado del uranio es cuando se obtiene el plutonio, base de la bomba atómica.Recientemente, Norteamérica dio permiso para que el uranio vendido a España fuera reprocesado en Francia y Gran Bretaña. Esta decisión provocó grandes protestas entre algunos congresistas, que piensan que Estados Unidos pierde así el control del material atómico y que ello puede derivar en una proliferación de armas nucleares. Una nueva legislación at respecto, mucho más rígida, está siendo estudiada actualmente por el Congreso norteamericano, y la nueva Administración demócrata parece decidida también a fortalecer dichos controles.
Peligro para tres centrales españolas
Mientras se crea esa nueva legislación, existe una situación confusa y se producen grandes retrasos en la concesión de licen cias de exportación de combustible nuclear, lo que perjudica a las centrales españolas, tres de las cuales se hallan ya en pleno funcionamiento y siete en avanzado estado de construcción. Según el plan nuclear español, para 1985 debe haber diecisiete centrales atómicas operando.Por lo menos trece de estas centrales serán construidas por empresas norteamericanas y el precio aproximado de cada una de ellas es de 2.000 millones de dólares (casi 140.000 millones de pesetas). Obviamente, las empresas norteamericanas concesionarias temen que una excesiva rigidez en los controles impuestos, por el Departamento de Estado y la Agencia de Control de Armamentos sobre el Combustible Nuclear pueda obligar a España a reconsiderar su plan de energía atómica y, quizá, a volver la mirada hacia otros vendedores.
«El retraso en las licencias de exportación -dijo el señor Sánchez ante el Atomic Industrial Fórum-, afectará setiamente el comienzo de las operaciones comerciales de las nuevas centrales y tendrá repercusiones económicas sobre nuestro país.» Refiriéndose al caso concreto de la central José Cabrera, el señor Sánchez dijo que, de seguir así, no podría funcionar a finales de este mes, mientras que la de Santa María de Garoña quedaría sin combustible después de abril, lo que podría llevar a «cerrar la planta indefinidamente».
El representante de «Centronor» dijo que España no entendía el por qué de estos retrasos y dilaciones, ni por qué Norteamérica imponía condiciones al funcionamiento de las plantas nucleares, dado que «España siempre ha cumplido escrupulosamente sus compromisos comerciales internacionales y respetado las garantías acordadas con el Gobierno de Estados Unidos y con la IAEA».
El señor Sánchez pidió que Norteamérica defina claramente de una vez su política alrespecto y que, al mismo tiempo, indique qué soluciones podrían encontrar los países afectados. «En nuestra opinión -concluyó- no existe justificación al crear un problema tan serio y con tan serias consecuencias, sin sugerir, al mismo tiempo, una urgente e inmediata solución. »
Recientemente, un miembro de la Cámara de Representantes norteamericana pidió que el presidente Carter anulara el permiso concedido por la anterior Administración para el reprocesamiento del uranio comprado por España, Japón y Suiza en terceros países. Asimismo, las presiones para que España firme el tratado de no proliferación nuclear se han venido incrementando y continúan previsiblemente con mayor fuerza, con la nueva Administración.
