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Tribuna
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La filiación política del ciudadano

Durante la reunión mantenida por miembros de la Comisión de Asociaciones en Trámite de Federación de Vecinos con representantes de la prensa hace unos días, se expuso que una de las condiciones planteadas en principio por la Administración para la legalización ,de entidades ciudadanas era que cada asociación remitiera una lista en la que incluyeran los nombres de los asociados y su correspondiente filiación política. Es decir, que se indicara claramente a qué partido o central sindical están afiliados los vecinos de Madrid.Parece ser que Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid, ha enfocado el tema desde otra perspectiva, en vista del escándalo que pudiera suponer esa exigencia de la Administración y aseguró a sus interlocutores de la Federación que en ningún caso sería una premisa esencial para la legalización de asociaciones.

Evidentemente la Federación de Asociaciones a la que en numerosas ocasiones se ha tachado de nido de rojos o correa de transmisión de las ideas de partido, ha definido varias veces su postura favorable a los ayuntamientos democráticos, a la concesión de amnistía y temas similares. Es evidente también que el movimiento ciudadano, joven para unos y prematuramente envejecido para otros, ha surgido en un momento en el que el oscurantismo político ha determinado la clandestinidad de las ideas políticas. Las asociaciones de vecinos, que han supuesto en un momento determinado uno de tantos refugios para la expresión de esas ideas, debe ir claramente, así lo expresan a diario sus líderes, a un planteamiento meramente ciudadano, sin dependencias o inducciones de partidos.

El que la Administración quiera tener una filiación política de cada ciudadano encuadrado en una asociación es incongruente y una clara provocación, máxime cuando es la propia Administración quien politiza y radicaliza el movimiento ciudadano cuando pone trabas sin fin a la legalización de sus entidades.

La normalización jurídica de los partidos políticos debe traer una clarificación del panorama ciudadano y la luz verde a las asociaciones será un punto muy importante para que esta situación se produzca.

Hay que reconocer que la disposición favorable actual de las personas que detentan el poder en esta ciudad no está motivada por un cambio de actitud hacia las asociaciones. La baza política que se ha usado durante años, consistente en hibernar a unas entidades que podrían ser molestas para las autoridades, se ha roto por la alta política, y esto es lo más paradójico. La opinión pública ve claramente lo absurdo de mantener en la ilegalidad a unas asociaciones de vecinos mientras se legaliza a los partidos políticos, cuando aquéllas son el primer paso, quizá, del camino democrático en este país.

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