Los movimientos ciudadanos en torno al problema de la vivienda son imparables

Podríamos resumir la interpretación sobre el sentido del nuevo plan de la vivienda social afirmando que el Estado, ante la excesiva dispersión de intereses de los distintos sectores que intervienen en la producción de viviendas, actúa directamente sobre el sector para resolver una contradicción social, el problema, de la vivienda, que a lo largo de los últimos cuarenta años se ha ido configurando como uno de los factores de crisis más graves que sufre el país. Contradicción que, por otra parte, tiene su reflejo en las luchas cada vez más intensas, que se desarrollan en los barrios populares de los grandes núcleos urbanos del país y que constituyen un elemento importante de tensión social, ya que aglutinan a capas amplias de la población en torno a reivindicaciones que hoy desbordan su marco inicial y tienden a cuestionar la propia gestión capitalista de la ciudad.Esta intervención del Estado sobre el cuerpo social se completa con otra que afecta directamente a las relaciones de producción: el sector de la construcción en manos de la iniciativa privada, y ante la inhibición encubierta del Estado, se ha desarrollado con ¡mportantes vicios estructurales proporcionando elevadas ganancias y atrayendo, en consecuencia, un volumen cada vez más importante de capitales que han dejado de invertirse en otras ramas de actividad.

Esta situación ha originado tensiones de diverso tipo. Por una parte, entre distintas. fracciones del capital a la hora de capitalizar sus ¡nversiones: entre propietarios de suelo y promotores, y el capital inmobiliario y el capital financiero. Por otra parte, entre la tendencia dominante que ha ido adquiriendo el capital monopolista, independientemente de que se manifieste a nivel inmobiliario, industrial, financiero o en la adquisición de suelo, frente al capital controlado por la pequeña y mediana burguesía que durante un largo periodo ha venido jugando un importante papel dentro de este sector y hoy se encuentra en trance de ser desplazado.

A título de ejemplo extraemos unos párrafos particularmente significativos de un documento de la junta general ordinaria de Inmobiliaria Urbis, SA, del 24 de abril de 1976:

«Nada tienen que oponer las empresas a la socialización del suelo, si es viable; pero, en el supuesto de que se considere necesaria su colaboración, deben definirse con claridad las funciones a asumir y los estímulos, para que la competencia sea efectiva y cree un mercado abundante y diáfano...

Una ordenación del territorio, muy especialmente en las gran des áreas y capitales, permitirá forzar a quienes retienen suelo a movilizarlo, por sí mismo o agrupados entre ellos, bien con el Estado, bien con empresas capaces técnica y financieramente...

... La retención de extensiones a las que, más pronto o más tarde ha de llegar la ciudad, sin esfuerzo de sus propietarios, es una forma indigna de enriquecimiento).»

Crisis social

En síntesis, el sector de la construcción se ha convertido en estos últimos años, por influencia de estos factores, en un sector complejo y contradictorio para la acumulación del capital, provocando importantes déficits en el consumo de viviendas, y de equipamientos colectivos necesarios a la reproducción de la fuerza de trabajo, con el consiguiente estrangulamiento del aparato productivo... De esta forma -como ha señalado R. Boix y M. Roa «se superpone a una crisis general del sistema económico, la propia crisis del sector de la construcción» y se crean las condiciones para una grave crisis social, al no responder este sector a la doble necesidad de reproducción del capital y de la mano de obra necesitada por la industria.

Un tercer sentido, que concederíamos a esta situación, sería el ideológico, al asumir el Estado el papel de organizador del «consenso social» frente a un problema que, por su.permanenl cia e implicaciones, amenaza con abrir graves fisuras en el edificio social y en el propio aparato del Estado, en un momento en que, por otra parte, tanto los grupos económicos que actúan en la construcción como los grupos so ciales que sufren directamente las consecuencias de su crisis, están fraccionados o enfrentados en grupos de intereses más o menos divergentes.

Es un momento, también, en que las clases populares sobre las que recae esta crisis (paro obrero, deterioro de las condiciones de vida en los barrios) se organizan para obtener una solución «política» a sus reivindicaciones de vivienda social, con lo cual aumentan su protagonismo en la vida del país y van dibujando las bases de una amplia coalición de sectores y capas sociales interesados en la resolución de este probiema en un marco de libertades y no dentro de un sistema autoritario, dominado por las simples exigencias de acumulación del capital.

Ruptura social

Frente a estas contradicciones, frente a los movimientos sociales que se desarrollan con fuerza creciente en torno al problema dela vivienda, el Estado -como instancia política capaz de hacer comprender a las clases dominantes dónde se sitúan, en períodos de crisis, sus verdaderos intereses- intervienen para reorganizar las relaciones de producción y para actuar sobre las relaciones sociales, protegiéndolas, impulsándolas, dándoles mayor racionalidad: concretamente, proponiendo, a través de una nueva normativa, una vivienda individualizada a los habitantes de los barrios popt1res, el Estado actúa no solamente con la intención de facilitarles ese bien de consumo indispensable, sino también de romper y disgregar su frente reivindicativo.

Así el Estado propone a los vecinos la dispersión y la desunión frente al aglutinamiento de clase: la insolidaridad frente a la comunidad de objetivos; la ruptura de la organización fraguada en los barrios, frente a la atomización y la división social de los barrios-dormitorio.

De cara a estas clases dominadas, su planteamiento, que pretende reflejar la imagen de un aparato de Estado al servicio exclusivo de la colectividad, podría tener la siguiente línea: sólo el Estado-providencia puede eliminar, actuando para ello sobre los mecanismos del mercado capitalista, esa lacra social denominada «problema de la vivienda». Pero para obtener una vivienda es necesario olvidar la lucha organizada en los barrios; a cambio de esa renuncia los vecinos pueden obtener un impreso de papel, una «calificación subjetiva», y, en el mejor de los casos, una vivienda en Aranjuez, en Alcalá de Henares o en Colmenar.

De cara las clases dominantes, el Estado intenta hacerles comprender la necesidad de superar métodos de gestión y de acumulación desfasados respecto al nivel, actual de la relaciones sociales, de adoptar formas cfe reproducción del capital más racionales, que alivien las tensiones sociales y faciliten una nueva alianza entre el capital monopolista y los sectores tradicionales de la burguesía que han venido desempeñando un papel protagonista.

Para confirmar la validez de estas hipótesis, hemos creído necesario aportar algunos elementos de análisis sobre la estructura del sector de la construcción y su evolución, así Como sobre el papel que han desempeñado en el desarrollo económico del país las alianzas de clases que en él se han fraguado en las distintas etapas de su desarrollo y sobre las formas que ha revestido la intervención del Estado, bien para impulsarlo, para favorecer su proceso de acumulación; bien para corregir las desviaciones que en él se han podido producir.