Procesados por la jurisdicción militar un general y un coronel de Aviación

La jurisdicción militar ha incoado el procesamiento del general Luis Rey y del coronel Carlos Grandal, ambos del Ejército del Aire en relación con sus actividades en el seno de la empresa que, a título de consultant y de relaciones públicas, representa en España los intereses de varios productos de la compañia aeronáutica estadounidense Lockheed.

El motivo del doble procesamiento se refiere exclusivamente a posibles infracciones de los mencionados militares de su estatuto en calidad de funcionarios, tanto civiles como militares, en materias relacionadas con su actuación mercantil, que pudieran entrar en colisión con aquella doble condición.Según una nota oficial de la Fiscalía del Tribunal Supremo distribuida a los medios informativos el pasado 7 de noviembre, se establecía al término de la investigación del asunto Lockheed en España, que no existían indicios de soborno en la actuación de dicha compañía para la apertura del mercado español a sus productos y, concretamente, al avión de transporte Hércules. Se hacía mención solamente de una lista de regalos de Navidad de su representante en España, la firma Aviónica, SA, por valor de 90.000 pesetas, sin mencionar sus destinatarios.

Existen, sin embargo, varias listas en las que se reflejan, cada año, dichas atenciones sociales, dirigidas a personalidades civiles y militares, muchas de las cuales de rango y cargo superiores a los de los encausados.

El 13 de noviembre, el Ministerio del Aire facilitaba al diario ABC un informe adicional sobre el tema Lockheed en el que textualmente se decía que «las gestiones de adquisición de material las viene efectuando el Ministerio del Aire de Gobierno a Gobierno, y en el caso de la Lockheed, en el que el Gobierno de los Estados Unidos tiene por norma no actuar, mediente gestión directa con la casa americana, sin la menor intervención de representantes españoles de dicha casa».

La nota del Ministerio del Aire «lamentaba que dos oficiales, a espaldas de sus superiores, según dice el fiscal, se sirviesen de la firma que representaba en España los intereses de la Lockheed para atribuirse, por su cuenta y riesgo, ante la compañía norteamericana, unas posibilidades de gestión cerca del Ministerio del Aire que ni intentaron ni podían intentar».

Pese a la sorpresa ministerial, en la nota previa de la Fiscalía del Supremo se especificaba que las comisiones de la Lockheed a la empresa Aviónica, a la que pertenecían como accionistas los encausados, habían ascendido a unos 73 millones de pesetas, por la venta de siete aviones C-130 Hércules a la Fuerza Aérea española. Esto indica que, aunque el Gobierno español tratara la cuestión directamente, la firma americana respetaba sus compromisos con su consultant.

La mencionada suma fue repartida entre los miembros de Aviónica en concepto de sueldos, gastos y dividendos, y quedaba plenamente justificada.

El mismo día que el Ministerio del Aire divulgaba la antedicha nota, el fiscal del Tribunal Supremo, que había viajado a Washington para hacerse cargo directamente de los papeles de la Lockheed en España, presentaba su dimisión y se despedía de sus colaboradores en él más alto tribunal. El día 17 de noviembre, el fiscal dimisionario, José García y Rodríguez Acosta, confirmaba a la prensa su decisión, aunque agregaba que aún no había resolución por parte del Ministerio de Justicia.

A finales del pasado mes de octubre comenzaron a saltar a la prensa española informaciones fragmentarias en torno a posibles sobornos de la Lockheed en España. El caso había estallado meses antes en Washington, denunciado por un comité oficial estadounidense. Al conocerse la relación del general Rey y del coronel Grandal con la venta de los controvertidos aviones, ambos oficiales fueron puestos en situación de disponibles a las órdenes del ministro.

Un escándalo de soborno, que en los países democráticos -Japón, Italia, Holanda- ha salpicado a jefes de Estado u primeros ministros, en España, por el momento, se cierra con el procesamiento por la jurisdicción militar de dos oficiales sin poder decisorio -según reconocía el Ejército del Aire- para elegir la compra de determinado avión.