El proceso constituyente

Si el conjunto de garantías y de imparcialidad mínimas exigidas se cumple realmente con vistas a las próximas elecciones, los comicios se podrán celebrar en los primeros días de junio con bastante probabilidad. Es decir, si aquellos supuestos se confirman y hay, por consiguiente, intervención de los diversos sectores políticos concurrentes en las juntas del censo a los distintos niveles. Y si existe un acceso imparcial -también supervisado- a los medios de comunicación estatales y en orden prioritario a la televisión. Y, finalmente, pero con carácter más apremiante todavía, si se inhibe totalmente al movimiento-organización, con su poderosa red instrumental para que no tome parte en la contienda, ni directa, ni indirectamente, quiero decir sin hacer que sus mandos, su influencia, sus periódicos y sus radios, sus ficheros, sus transportes, sus funcionarios y sus asociaciones apoyen a un partido, coalición o alianza determinados. El movimiento-organización disfruta de un importante capítulo en el presupuesto de gastos del Estado español, que se nutre del esfuerzo fiscal de los ciudadanos y sería una escandalosa arbitrariedad que algo pagado por todos se ponga al servicio intencionado de unos pocos. Sin este requisito dudo mucho que se pudiera acudir a las elecciones porque éstas no podrían ser calificadas ni de honestas, ni de sinceras.No se dice de modo específico en la ley de Reforma Política que da lugar a la convocatoria de estas elecciones, aunque de ella claramente se desprende su texto que estas Cortes pueden tener carácter constituyente desde sus comienzos. Así lo entienden también un gran número de los partidos que se disponen a la lucha, aunque otros sectores encubran su posición en espera de los resultados para luego inclinarse por una u otra perspectiva. Es evidente que el propósito democratizador de nuestra vida pública futura es la piedra de toque de ese propósito constituyente. Esta es la gran ocasión histórica que puede deparar a España la posiblidad de organizar de modo pacífico y estable la convivencia política de los españoles para los próximos veinticinco años. Si juntos podemos construir un Estado democrático, ahora será el momento. Pero es preciso que cuantos auténticamente lo desean así se pongan de acuerdo de antemano para llevarlo a cabo en los próximos meses.

Se habla de partidos y de coaliciones. Pienso que si las elecciones se celebran en el marco de garantías antedicho, las alternativas van a ser, en definitiva, pocas y la confusión que reinó hasta ahora se va a esclarecer rápidamente.

Quedarán unas pocas opciones vigentes para que el votante tome su decisión. La derecha franquista, el centrismo liberal y socialdemócrata, la democracia cristiana y los socialismos de diverso signo y matiz. Habrá extremos a uno y otro lado de ese espectro de no gran entidad numérica. Y en cuanto al voto regional específico de aquellos pueblos como Cataluña y Basconia acabarán, dentro de su problemática propia, por situarse en coordenadas ideológicas coherentes con el voto del resto de España.

Se ha dicho con reiteración que en esta primera consulta las notoriedades personales arrastrarán más votos que las corrientes doctrinales. Puede que así sea. Pero me inclino a pensar que habrá rnillones de electores que se decidan a dar preferentemente su apoyo a quien les hable con claridad, explicándoles lo que quieren oír, que no es tanto la propaganda demagógica o pasional como el planteamiento real de los problemas con sus dimensiones y perspectivas auténticas y con las eventuales soluciones, después de tantos años de elucubraciones incomprensibles y de pedantería socio -económica, envueltas en abstracciones grandilocuentes. Habrá en ese sentido sorpresas. Y el voto popular desbordará ampliainente en sus dimensiones las estimaciones de los sondeos.

Hay que ser diáfanos en las intenciones y confiarse a la opinión pública, que devolverá el ciento por uno a quien les diga de verdad qué es lo que pretende defender en las Cortes futuras. Si se va a las Constituyentes, es preciso proclamarlo de antemano y anunciar que ese contenido lo han de asumir Congreso y Senado recién elegidos desde el punto y hora en que se reúnan para constituirse oficialmente. La soberanía popular, cuya devolución a la comunidad que enunciada programáticamente por el Gobierno actual, residirá a partir de ese momento en la asamblea ungida por el sufragio y es ella la que deberá elegir sus autoridades; elaborar el orden del día de sus trabajos y aprobar el reglamento de su mecanismo interior. A partir de ese momento habrá una legitimación deinocrática que no sólo alcanza a las propias Cortes, sino que obliga a cualquier Gobierno a contar con ellas de un modo inequívoco. Ningún temor debe tener la Monarquía respecto a ese proceso. Bien al contrario, el hecho de que la asamblea constituyente sea posible y que de su seno salga elaborada una Constitución será una prueba definitiva y concluyente de la legitimación democrática de la Corona y el capítulo decisivo de la transición que la propia Monarquía habrá hecho deliberadamente posible. Cualquier intento de poner obstáculos a ese proceso invocado por parte de supuestos monárquicos enfervorizados, tenierosos de riesgos contra la institución, resultaría a la postre el peor servicio que por miopía política podría prestar su pretendido lealismo.

La Constitución hay que pactarla de antemano, en sus líneas maestras, alcanzando ese pacto hasta donde sea posible. Cuanto más se avance en ese camino, más fácil será entenderse después. Si se establecen una serie de puntos fundamentales que constituyen el cuadro general del código institucional que se desea, es muy probable que bastantes grupos y sectores políticos, con más amplitud que los línites de una simple coalición electoral, puedan prestar su aprobación, en principio, a esta maqueta arquitectónica del proyectado edificio destinado a albergar nuestra vida pública del futuro. No hay que rechazar ninguna coalición electo ral con fines ideológicos precisos que configura un sector de pensamiento determinado. Y otra cosa, completamente distinta, es llegar a un entendimiento sobre el gálito, la superficie, las paredes maestras y el contenido funcional de esa Constitución en la que deben caber holgadamente todos los españoles. Socialistas, liberales, socialdemócratas y demo cristianos pueden estar de acuer do en cómo debe organizarse la convivencia política en las cuales deba ser las reglas del juego. Y no estar en absoluto con formes con los programas respectivos de gobierno que propugnan cada uno.

Pienso que la clarificación de lo que es el proceso constituyente, de explicar su puesta en marcha y de exponer su último alcance es una necesidad urgente. Nada sería tan peligroso como entrar en el período electoral sin haber analizado y proclamado el paso siguiente públicamente a la faz de la opinión.

La campaña de las elecciones se va a hacer, por exigencias de tiempo, apresuradamente. Los partidos apenas han tenido margen para organizar sus infraestructuras propias. Hay que tener un mínimo plazo para reflexionar con serenidad. Cuando llegue la vorágine final la acción se lo lleva todo por delante. Importa que cuando se haya posado la polvareda tengamos una idea clara de la gigantesca tarea que nos queda por delante: convertir a España en una democracia.