El Ministerio de la Vivienda reconoce y acepta la ocupación de vivienda en La Ventilla

En la tarde del sábado día 11 de diciembre, dos grupos de vecinos, cuyo número era superior a las trescientas personas, protagonizaron una serie de hechos de indudable importancia para su barrio, La Ventilla-Almenara, pero que, dada la situación actual de Madrid en cuanto a viviendas deshabitadas, puede rebasar el marco meramente de barriada.Estos vecinos recorrieron las calles del barrio, abrieron las puertas de una serie de casas desocupadas propiedad del Ministerio de la Vivienda y del Ministerio de Gobernación, y, posteriormente, abrieron la puerta de un antiguo dispensario que se encontraba en estado de abandono completo desde hacía más de ocho años. La noticia no trascendió suficientemente por ser aquellas fechas de intensa actividad de cara al referéndum que se produjo cuatro días después.

-¿Cómo se plantea el problema de vivienda en La Ventilla?

-El problema de la vivienda en Madrid es general y de una enorme importancia. Uno de los aspectos que suele quedar oculto en este tema de la vivienda es el de las casas desocupadas pertenecientes a los Ministerios de Gobernación y Vivienda. Aunque este tipo de pisos es cuantitativamente pequeño unos cientos en todo Madrid, refleja claramente la desatención de la Administración al hecho real de carencia de viviendas dignas y económicamente accesibles en todo el Estado. El problema de vivienda en La Ventilla es de una importancia crucial. Sin ser nuestra principal preocupación el chabolismo, como erróneamente se ha dicho, sí lo es el hecho de que 25.000 vecinos habiten casas construidas por ellos mismos y tienen sus papeles en regla como propietarios del suelo que ocupan desde antes de 1936. Gran parte de las casas del barrio pertenecen a lo Ministerios de Vivienda y Gobernación.

Ocupación de las viviendas

-¿Cuál ha sido la postura de la asociación con respecto a las casas deshabitadas?-Desde que se creó la asociación se han realizado diversas gestiones encaminadas a conocer la situación de los planes urbanísticos sobre la zona. La cuestión de las casas desocupadas llamó pronto la atención a todos. Sabían que llegar a ocupar el medio centenar de viviendas no iba a resolver el problema, pero, al menos, mitigaría los casos más urgentes y abriría la posibilidad de soluciones definitivas. Al investigar sobre estos temas se descubrió que la ley de Arrendamientos Urbanos sobre vivienda diferida obliga a los Ministerios a desahuciar las viviendas de su propiedad cuyos inquilinos lleven más de tres meses sin habitarlas. Es cierto que en algunos casos existen razones justificables para que una familia no habite la vivienda y no tenga por ello que perder sus derechos sobre la misma, pero ningún derecho respalda el que, existiendo necesidad de viviendas, permanezcan las casas vacías durante años, sin que los responsables de los Ministerios tomen cartas en el asunto.

-¿Los pasos dados entonces tuvieron un pleno apoyo popular?

-La Comisión de Urbanismo de la asociación de vecinos, con la participación de las familias afectadas, ha protagonizado todas las gestiones y resolvió dar a conocer públicamente el tema para recibir el apoyo del resto de los ciudadanos. Se montó en plena calle una exposición de fotografías sobre el problema y se editó un boletín explicativo que se difundió públicamente. De esta forma se creó un ambiente que cristalizó en la convocatoria de una asamblea en la que la comisión y todas las familias afectadas expuso abiertamente el problema y la decisión que se había adoptado para abrir las casas desocupadas.

Un rito popular

La operación de abrir las casas vacías se convirtió, de alguna manera, en un rito popular. Un incidente, sin embargo, se produjo cuando un antiguo inquilino, que tiene piso en otro lugar, con teléfono a su nombre, y que según los vecinos quería utilizar la vivienda vacía para ejercer como practicante, denunció el hecho ante la policía. El cabeza de familia al que los vecinos habían entregado la casa, junto con algunos miembros de la asociación, hubo de prestar declaración en la comisaría y posteriormente en el juzgado de guardia.-¿Cómo se resolvieron los problemas planteados por esta denuncia?

-Después de esta denuncia vino otra, formulada por un funcionario de Sanidad que intentó entrar en el antiguo dispensario sin conseguirlo, porque se había cambiado el candado. Tuvimos que explicar ante el juez de guardia que el dispensario llevaba ocho años abandonado, convertido en un nido de ratas, y que lo que los vecinos querían era que, o bien se abriera el dispensario, en condiciones, o que el local se habilitase como sede social de la asociación. Ante la inhibición del juez se propuso que el tema debería tratarse entre Sanidad y los vecinos y se exigió que en el plazo de tres horas se entregase la llave del nuevo candado. Se celebró una asamblea y se decidió, con la unanimidad del voto de más de cien vecinos, que no se entregaría la llave al candado hasta que Sanidad no diese garantías y atendiese las reivindicaciones de los vecinos que, como forma de presión, decidieron encerrarse dentro del dispensario. Varios días más tarde se llegó a un acuerdo según el cual la asociación entregaría la llave, pero los vecinos dispondrían del local hasta el comienzo de las obras de acondicionamiento para una próxima apertura. José Carlos Alía expone que todo el problema suscitado es indicativo de la falta de verdaderos locales sociales en los barrios.

«No basta con amenazas o planteamiento autoriatarios para terminar con los asuntos -expone José Carlos Alía-; el Ministerio no se puede escapar a su responsabilidad amenazando a unos vecinos que han actuado después de comprobar la desatención de Vivienda »