Revisión del plan energético
Tres años después de planteada la crisis, España sigue sin una política energética eficaz. Por el contrario, este sector es hoy el máximo desestabilizador de la economía española tanto en términos de dependencia exterior como en cuanto a su creciente apelación al mercado de capitales.Existen razones para pensar que la traslación del coste total de la energía no se hace por medio de una adecuada política de precios, y la prueba más concluyente ha sido la última elevación de precios de la electricidad que se ha traducido en el máximo crecimiento mensual de la demanda desde la crisis (+ 10,73 % en noviembre 1976 sobre 1975). En estos momentos se propugna un «racionamiento» de la energía bloqueando los topes de consumo, medida que daría mayor rigidez aún al sistema económico ya que se consolidan altos consumos a precios relativos muy favorables. De esta forma, seguiremos alcanzando producciones y exportaciones muy intensivas en energía que harán cada vez más insostenible nuestra dependencia exterior.
Frente a esta situación, que puede calificarse, sin ser alarmista, de económicamente grave, se insiste en la política energética seguida hasta ahora y cuyos resultados están a la vista. Se intenta seguir el Plan Energético, la misma estructura de aprovisionamiento y con un sector público falto de orientación clara en cuanto a su papel futuro. Sobre estos aspectos giran las observaciones que siguen.
El Plan Energético Nacional (PEN) está próximo a cumplir los dos años desde su aprobación. Constituyó, en su día, la alternativa defendida por la Administración para, la evolución del sector energético aunque no ha resultado viable. Los acontecimientos mundiales en este sector están en la mente de todos y sus consecuencias han alterado profundamente la estructura de las actividades con elevados consumos de la energía.
La demanda futura
Las previsiones de demanda sobre las que se sustentaba la alternativa presentada en el PEN no se han alcanzado ni en 1974 ni en 1975. A lo largo del pasado año, a pesar de la situación de casi estancamiento de la economía española, el consumo de energía primaria ha crecido considerablemente, lo que implica que la relación entre PNB y la magnitud considerada por el PEN no se corresponde con la prevista. Concretamente, en 1974, el consumo de energía primaria creció alrededor del 6%; en 1975, alrededor del 0,5 % y, en los once primeros meses de 1976, un 6%. Esto indica que, dadas las circunstancias actuales del sector energético y de la economía española, hay que reconsiderar la óptica bajo la que se ha venido analizando la evolución de la demanda de productos energéticos. En este momento, no se puede predecir con unos márgenes de racionalidad suficiente cuál va a ser la evolución de esta magnitud en los próximos cinco años.
Es lamentable la escasez de datos estadísticos que permitan seguir la evolución del consumo de energía en respuesta a las distintas variables que influyen en su comportamiento. Con todo, parece observarse que en 1974 y 1975, cuando coincidieron un estancamiento de la producción y un importante alza de los precios de energía, el consumo se detuvo; en tanto, que en 1976, en que no hubo elevaciones de precios o fueron reducidas, se registró un fuerte crecimiento del consumo de energía a pesar de que el Producto Nacional. Bruto aumentó también, en muy escasa medida. Lo anterior induce a pensar que la utilización de energía responde más a variaciones relativas de precios y rentas monetarias que a alteraciones de los volúmenes reales de producción. Si esta hipótesis se confirmase, el abaratamiento de la energía en relación con los restantes precios habría estimulado el incremento de su consumo respecto al del PNB.
De cualquier forma, las incertidumbres sobre el comportamiento de la demanda de energía condicionan la política a seguir, que no puede tener como objetivo exclusivo asegurar el abastecimiento que el consumo exige, ya que ni se sabe cuál va a ser dicho consumo ni puede permitirse que evolucione más allá de ciertos límites.
Como consecuencia de esta situación, y para elaborar una nueva política, una de las primeras cosas a revisar deberá ser la relación ya citada entre el crecimiento del consumo energético, y el del PNB. Según el PEN, dicha relación se establecía en 1,3. Para un futuro próximo no sólo habrá que reconsiderar la cifra en sí, sino lo que es más importante, el mismo concepto. Hasta ahora se trataba de saber cuánto crecería la demanda energética aceptando un cierto aumento del PNB; en la actual situación parece más correcto decir cuál es el máximo crecimiento posible del consumo energético que no represente un obstáculo para el aumento del PNB. Dada la capacidad de financiación externa de nuestra economía y los resultados de la balanza de pagos, no es realista estar a la espera del crecimiento del consumo energético que pueda producirse, o incluso desear que sea tan alto como el previsto en el PEN para lograr su cumplimiento.
Si se aceptara la hipótesis de que las inversiones previstas en el PEN van a realizarse -aún con el retraso impuesto por el comportamiento del sector durante 1974 y 1975- sería necesario plantearse «cómo» financiarlas. El grueso de dichas inversiones estaba destinado a la construcción de centrales nucleares. Sin embargo, la firma de la Acción Concertada con estas empresas para una gran parte del plan de inversiones indica que tanto la Administración, como ellas mismas han aceptado que sin una colaboración de la financiación pública las inversiones previstas no podrán efectuarse.
Las cifras aprobadas en las Acciones Concertadas no encajan dentro del Presupuesto del Estado, ni en las sumas disponibles para Crédito Oficial. Reproducir el sistema de financiación que tradicionalmente asume el sector eléctrico en España -20% recursos internos, 35% emisiones de capital y 45% emisiones de obligaciones- supone crear una tensión creciente a todo el mercado de capitales cuyo desenlace final es la desestabilización monetaria. Por otra parte, el recurso masivo a la financiación extranjera se mueve en unos límites cada vez más estrechos, dado el déficit de la balanza de pagos y el alto nivel de endeudamiento exterior.
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