Conflicto de Lisboa con Madeira y Azores

La decisión del Gobierno de Lisboa de aumentar los precios de los combustibles ha provocado nuevos problemas en las regiones autónomas de las Azores y Madeira, cuyos Gobiernos son dirigidos por los socialdemócratas, vencedores por mayoría absoluta de las elecciones regionales. Como telón de fondo se presenta el polémico tema del separatismo de los dos archipiélagos.Las dos tesis en conflicto son bien conocidas: para el Gobierno central, y en general para la Izquierda portuguesa, el separatismo, y más particularmente el separatismo azoriano, es el deseo de una pequeña minoría reaccionaria, que utiliza los particularismos locales como disfraz de la defensa de intereses inconfesables, retrógrados en el plano social, y antipatrióticos para los gobiernos regionales, este separatismo es alimentado por la actitud prepotente de Lisboa, que rehúsa dar pleno alcance a la autonomía consagrada en la Constitución, y sigue aplicando en las Azores la política centralista e imperialista de siempre.

Durante el Gobierno Mario Soares, la existencia de los gobiernos regionales (en particular el de las Azores, dirigido por Mota Amaral) se han caracterizado por una serie de incidentes y conflictos sobre competencias.

Ante el anuncio del aumento de los combustibles, ambos gobiernos regionales decidieron hacer caso omiso y mantener las tarifas. En Ponta Delgada Cazones, el viernes pasado, en una manifestación de protesta, se gritaron slogans separatistas y fue desplegada una bandera del Movimiento de Liberación de las Azores (FLA), así como se produjo un intento de invasión de la residencia del ministro de la República, que representa el poder central. Mientras este último, el general Galvao de Figueiredo, atribuía los desmanes a manipulaciones de una minoría contraria a los intereses de las Azores y de su población, el propio jefe del Gobierno regional condenaba vehementemente los excesos.

El Gobierno de Madeira aceptó, con gran pesar, someterse a la decisión de Lisboa; el de las Azores mantiene todavía su actitud, lo que puede generar en el futuro un grave contencioso entre el Gobierno central y el regional.