Ocho procesados por la electrocución de una mujer en el quirófano

El administrador y siete personas más de la residencia sanitaria La Paz, han sido procesados por imprudencia temeraria en relación con la muerte de Cándida Espinar, de 57 años que falleció electrocutada en la mesa de operaciones el pasado 29 de octubre (véase EL PAÍS de 10 de noviembre de 1976).

Según el auto de procesamiento, la muerte de Cándida Espinar se produjo cuando se encontraba sobre la mesa de operaciones, después de ser anestesiada y antes de ser intervenida, debido a un paso de corriente al cuerpo de la paciente.El paso de corriente fue motivado por estar el quirófano en malas condiciones de funcionamiento y uso, ya que las gomas de las ruedas de la mesa de operaciones estaban desgastadas, razón por la que no podían aislar suficientemente. El reposabrazos metálico de la mesa en que la enferma se apoyaba, no estaba aislado eléctricamente y hacía circuito con la placa metálica del bisturí eléctrico que estaba conectado. Además de esto -continúa el auto de procesamiento- el enchufe del bisturí estaba deteriorado, la clavija de conexión del autotransformador de la red y que suministraba energía eléctrica al motor de accionamiento de dicha mesa, sufría una pérdida de aislamiento que se producía de forma intermitente.

Todas estas deficiencias técnicas han sido calificadas en el auto de procesamiento como una notable falta de atención y cuidado en las condiciones mínimas que debía reunir el quirófano. Además ni quienes lo utilizaban ni los encargados de su cuidado hicieron revisión alguna. Como responsables figuran en el auto Andrés Rey y José Meléndez, encargados del servicio eléctrico: los doctores José Antonio Martínez y Julio Ortiz, que ocupan las jefaturas de servicios y dirección, y Teófilo Recio, administrador general de La Paz.

Las otras personas procesadas son Carlos Pertusa y Pedro Muntanola, quienes iban a realizar la operación quirúrgica junto con la anestesista, Pilar Gutiérrez.

Para los ocho encausados se ha. decretado la libertad provisional, aunque por responsabilidad civil tienen que pagar cinco millones de pesetas. El Instituto Nacional de Previsión se ha declarado responsable subsidiario. Según el abogado de la parte acusadora, señor Vázquez, «el problema rebasa la esfera personal para transformarse en un grave problema colectivo motivado por las gravísimas deficiencias de funcionamiento de la ciudad sanitaria La Paz. Debieran darse cuenta de que no están jugando con monedas, sino con personas».

En cuanto a los procesados, el administrador general de La Paz aseguró que «no podía hacer ningún tipo de declaraciones».