La huelga, entre Trabajo y Sindicatos
El pasado viernes EL PAÍS publicó unas declaraciones del ministro de Relaciones Sindicales en las que éste señalaba que ya está a punto la nueva regulación del derecho de huelga, y que ésta iba a ser negociada con la Oposición sindical.Veinticuatro horas más tarde, un portavoz del Ministerio de Trabajo, sin negar a la Organización Sindical su competencia para promover proyectos de disposiciones laborales y sindicales, añadía que la regulación de la huelga es cosa que corresponde al propio Ministerio de Trabajo sacar adelante, llevándola a la mesa del Consejo de Ministros. Escaramuzas como ésta no son nuevas en las relaciones entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical, ya que durante muchos años la falta de sindicatos libres entre nosotros determinó que los responsables oficiales del aparato de la Organización Sindical asumieran, en alguna medida, el papel de oposición al Ministerio de Trabajo que es normal en los sindicatos de los países democráticos.
Con frecuencia la tensión entre uno y otro organismo llegó a cotas de auténtico enfrentamiento, ya que los ministros de Trabajo del franquismo han tenido tendencia a convalidar sus nombramientos oficiales con el refrendo popular del oficialmente llamado «mundo del trabajo», y a competir, por tanto, con la Organización Sindical.
Llevábamos algún tiempo sin que se exteriorizaran las diferencias de opinión entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical, aunque era previsible que, precisamente por el tema de la nueva ordenación sindical, surgieran las discrepancias. El Gobierno Suárez tiene su alternativa sindical, la que se está discutiendo en las Cortes. Se trata de una alternativa elaborada en la Organización Sindical, ajena en su promoción y elaboración al Ministerio de Trabajo. Semejante situación, que sería anómala en otros países, es normal entre nosotros por algo tan sencillo como que aquí existen la Organización Sindical y el ministro de Relaciones Sindicales. Pretender olvidarlo es negarse a la evidencia.
Entiendo, sin embargo, que es muy positivo que el Ministerio de Trabajo haya tomado conciencia de su situación y de sus responsabilidades, pues es al Ministerio de Trabajo al que, en un futuro democrático, corresponderá relacionarse con los sindicatos hoy ilegales, y promueve normas sobre convenios, huelgas, salarios y otros mil temas en los que los sindicatos obreros y patronales serán los interlocutores de la Administración.
Entretanto no asuma plenamente el Ministerio de Trabajo el papel que inexorablemente tendrá que desempeñar en una sociedad democrática, las competencias laborales y sindicales seguirán confusamente repartidas entre la Organización Sindical y el Ministerio de Trabajo, inclinándose la balanza, en cada caso, a favor del ministro con mayor capacidad de iniciativa, o con mayor influencia en el seno del Gobierno. Por todo ello, y porque el país reclama reglas claras en las relaciones laborales y sindicales, escaramuzas como la comentada deben desaparecer, para lo que es necesaria una reorganización de la Administración Pública en coordenadas democráticas.
