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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La religión en la Universidad

UNA RECIENTE orden del Ministerio de Educación y Ciencia ha suprimido la «asignatura» de Religión en la Universidad, así se cierra un capítulo, que nunca debió escribirse, de las relaciones entre Estado e Iglesia en nuestro país.La obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las Universidades se venía arrastrando como una reliquia de un pasado que, sociológicamente había desaparecido, si es que alguna vez existió de verdad. Es cierto que, a lo largo de muchos años, nadie se tomó en serio esa «asignatura»: ni los alumnos, para quienes constituía, en el mejor de los casos, un absurdo trámite administrativo para obtener el título, ni seguramente la jerarquía eclesiástica, a juzgar por las personas que, en muchos casos, puso al frente de esas «enseñanzas».

La Iglesia desaprovechó la ocasión de crear en las Universidades españolas núcleos dignos de enseñanza e investigación teológica, el Estado, ante lo que consideró desenganche traidor de la Iglesia, le castigó a estar presente donde y como no quería estar. Confiemos en que la triste experiencia haya servido para algo.

Este paso que comentamos no es más que el primero que se ha de dar para adoptar una solución adecuada en materia de formación religiosa en todos los niveles de- la enseñanza. Actualmente, por ejemplo, todos los profesores de EGB en los centros estatales están «obligados», según las normas vigentes, a enseñar la religión católica y todos esos mismos profesores tienen «derecho» a enseñarla, aunque a los alumnos se les puede «dispensar» de recibirla, con unos modos administrativos que recuerdan en todo la dispensa del ejercicio del atletismo a los incapacitados físicos. Todo esto tiene que cambiar. Parece lógico que la Iglesia, de acuerdo con sus propias prociamaciones conciliares, renuncie a posiciones maximalistas que no tienen explicación alguna y crean un factor adicional de discrepancia social. Parece también lógico que el Estado reconozca una realidad sociorreligiosa efectiva y le dé el cauce jurídico que concibe la libertad de todos, profesores y alumnos, llevando a la práctica la proclamación que, en esta materia, hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Existen en Europa distintos ejemplos de soluciones satisfactorias sobre la «cuestión religiosa», en materia de enseñanza. En la búsqueda de una nueva situación en España hay que despojarse de la mentalidad de los «derechos inalienables» y sustituirla por la idea del mejor servicio a la colectividad, como ésta desee ser servida. En un Estado no confesional y democrático, es posible la religión en la escuela. En un país ampliamente católico es posible una enseñanza que no discrimine por razones religiosas. Es posible también una Universidad de un Estado no confesional con facultades o departamentos de Teología. Pero no más privilegios ni más farsas.

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