Piden la derogación del plan para la ordenación territorial de Galicia

La mayor parte de los colegios profesionales de Galicia acordaron pedir la derogación del decreto de formación del plan director territorial de coordinación de Galicia por entender que carece de la articulación necesaria para hacer posible la participación popular y tener, por el contrario, un carácter inequívocamente centralista.Representantes del Colegio de Arquitectos de Galicia, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Orense, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia, Zona Norte, del Colegio de Ingenieros Técnicos Topógrafos, del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Agrícolas de Lugo, del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de La Coruña, miembros de las juntas de gobierno del Colegio de Abogados de Santiago y del Colegio de Ingenieros de Caminos tomaron dicho acuerdo, teniendo en cuenta que Galicia es una comunidad históricamente diferenciada por criterios geográficos, sociales, económicos, y culturales que está dotada de una conciencia política de su homogeneidad.

En su opinión, Galicia necesita una planificación integral en la que se concreten principios generales en los campos cultural, político y socio-económico al servicio de su pueblo y la eliminación de las constantes agresiones que sufren los gallegos por parte de intereses ajenos. La gestión y la metodología que lleve a cabo esta planificación tiene que producirse, según las corporaciones citadas, con la participación y el control populares y todas las comisiones, grupos de trabajo, o personas que intervengan en su elaboración habrán de ser elegidas a través de fórmulas claramente democráticas.

Consideran, además, que su precisión resulta evidente si se tiene en cuenta que el decreto, cuya derogación reclaman, se promulgó antes del comienzo de la ley de Reforma Politica con lo que resulta, incluso, contradictorio. Informan también que si a pesar de todo la Administración sigue adelante con el mismo, sólo ella será la responsable de los conflictos sociales que su aprobación puede originar.