Nuevos responsables de las fuerzas de orden público
Las fuerzas de orden público -Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y Policía Armada- cuentan desde ayer con nuevos responsables. El teniente general Ibáñez Freire sustituye al teniente general Campano como director general de la Guardia Civil; Mariano Nicolás García, actual gobernador de Valencia, será el nuevo director general de Seguridad, y sustituirá al señor Rodríguez Román, y el general Timón de Lara sucede al general Aguilar Carmona como inspector de la Policía Armada, según sendos decretos hechos públicos tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer.
Los tres cambios en el vértice de los tres cuerpos encargados del orden público se producen inmediatamente después de la manifestación de policías y guardias civiles el pasado sábado en Madrid, durante la que fueron agredidos un general y un oficial de la Policía Armada. El lunes había sido agredido el presidente de las Cortes por un grupo de extrema derecha, a la salida de los funerales por Carrero Blanco, sin que se produjeran detenciones y el miércoles había sido detenido el secretario general del Partido Comunista señor Carrillo.En círculos políticos se ponía ayer de manifiesto la contradicción entre estos tres nombramientos -cuya importancia no es necesario destacar- y los rumores que señalaban ciertas dificultades en la posición del señor Martín Villa al frente del departamento de Gobernación.
Junto a lo anterior, el Gabinete se ocupó de un extenso conjunto de medidas relacionadas con las fuerzas armadas y entre las que destacan la creación de una comisión delegada para asuntos mililares, que tendrá como misión el impulsar y actualizar la resolución de los principales problemas orgánicos y administrativos de los tres ejércitos y de las fuerzas de orden público. A esta comisión se le encomienda con carácter urgente la elaboración de una serie de disposiciones sobre organización de la defensa nacional, dotaciones presupuestarias para los próximos años y criterios para la política dé personal de las fuerzas armadas y de orden público, así como el reajuste de las competencias de la jurisdicción militar, con lo que se espera quede reducido al ámbito que le es propio.
Con respecto a las retribuciones de las fuerzas de orden público, se ha hecho público que estaba ya en estudio una ponencia para estudiar las propuestas que «dentro del marco de las posibilidades, permitan resolver razonablemente la mejora de retribuciones, promoción profesional y seguridad social de los funcionarios, tanto civiles como militares».
Hay que destacar también un decreto sobre objeción de conciencia de carácter religioso al servicio militar, de cuyo contenido no se ha facilitado ningún dato pero que, presumiblemente, tratará de resolver definitivamente la situación de los objetores de conciencia.
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