El censo inflexible

El Gobierno y la Administración -convendróa que empezáramos ya a distinguirles- han endurecido para el recién celebrado referéndum, la inflexibilidad de las condiciones para participar en la consulta. Con una buena razón: abrir portillos concretos en la normativa vigente podría degenerar en una ríada de arbitrariedades y de sospechas.Sin embargo, tampoco pueden desconocerse los innumerables casos de frustración que se han producido entre personas deseosas de votar, seguras de que podían ha cerlo, y frenadas ante las mismas urnas por causas muy diversas, y, en ciertas ocasiones, por motivos sospechosos de manipulación previa. Una de las conexiones de RTVE con Canarias, en la larga noche del referéndum, nos reveló que sólo en la provincia de Tenerife cuatro mil votantes, deseosos de ejercer su derecho cívico y cumplir con su deber histórico, se quedaron sin hacerlo por motivos formales. El hecho, repetido en toda España millares de veces, parece suficientemente grave como para meditar y conseguir inmediatamente una solución ante las próximas elecciones generales. No hace falta insistir en que las posibles actuaciones de la picaresca electoral no merecen esa meditación, sino una implacable persecución legal; muchos votantes que habían recibido la citación, por ejemplo, no estaban después registrados en el Colegio correspondiente. Casos asi pueden deberse a desentrenamiento, a simple incompetencia cuando no a artimañas inmovilistas o abstencionistas de baja ley. Si tales trampas, se han fraguado en alguna sucursal del Movimiento-organización ello sería un argumento más para el desamantelamiento de tan anacrónicos reductos ante las próximas elecciones.

Pero no hablamos ahora de estos casos. La normativa para la inclusión de los ciudadanos en el censo parece, a estas alturas, algo hirsuto e inflexible. Es verdad que por descuido o por inercia muchas personas no se habían preocupado de verificar su situación censal; pero la Administración tiene el deber de ayudar todavía mucho más a los ciudadanos para que lo puedan ser de verdad; aunque sólo sea como compensación de sus prolongados intentos para ahogarlos deseos de participación, para contribuir a ego que llamaba Dionisio Ridruejo la desertización política del país. Es preciso ampliar y profundizar el alcance de la información administrativa, pero es también necesaria, en servicio del pueblo que acaba de demostrar tan concluyentemente su decisión participante, una reforma flexible de los procedimientos y sistemas de inclusión en el censo, entre los que debería figurar un procedimiento de urgencia con plazo de pocos días entre la solicitud y su efecto. El censo es para el público, no al revés. Hay que ahogar la tremenda injusticia burocrática que se ha cometido con los españoles residentes en el extranjero, que son doblemente españoles. a los que se ha despreciado prácticamente, con escarnio administrativo del que son culpables, a partes iguales. las imprevisiones y las rutinas de la Administración interior y del servicio exterior. No pedimos exigencia de responsabilidades, sino inmediata corrección de errores cuando todavía es tiempo para la próxima consulta.

La corrección normativa y de procedimiento es urgentísima si no se quiere repetir el penoso es pectáculo de las abstenciones forzadas en las próximas elecciones, que van a ser quizás todavía más decisivas que el referéndum. Parece que para que los nuevos empadronamientos sean eficaces deben transcurrir seis meses desde la inscripción. Entonces quienes se inscriban ahora tampoco van a poder elegir a sus representantes en la proxima primavera. Habría que terminar con tanta rutina y tanta rigidez. En el extranjero deberían bastar las listas consulares para Participar en las votaciones, sin necesidad de complicadas gestiones que, resultan imposibles para la mayoría de nuestros emigrantes y residentes. Se trata de un problema que, hay que abordar ahora, antes de que termine el proximo mes de enero. Quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no deben olvidar la profunda frustracion cívica, política y personal de millares y miliares de españoles merecedores de mejor trato por parte de su propia Administración.