El ministro de Industria tratará los problemas de Barreras y Álvarez
El ministro de Industria, Pérez de Bricio, es esperado hoy en Vigo para tratar de solucionar los problemas de Hijos de J. Barreras y el Grupo Alvarez, empresas en las que podrían desaparecer más de 6.000 puestos de trabajo.La crisis de Vigo ha interesado a la Administración central, contra la que había numerosas quejas por la falta de noticias en torno a las soluciones que se vienen solicitando hace tiempo.
En Barreras, Astilleros y Fábrica de Motores la situación económica es muy delicada, con un volumen de deudas que puede aproximarse a 2.000 millones de pesetas. El personal no cobra desde primero de octubre, en el caso de los empleados, y desde la segunda quincena del pasado mes en el de los trabajadores. El día 5 de noviembre se inició un paro total que se ha mantenido hasta ahora.
El grupo Alvarez, por su parte, con una nómina de cien millones de pesetas, tiene tan graves dificultades de tesorería,que se ha rumoreado la posibilidad de que no pudiera hacer frente a los salarios de su personal, en un plazo breve de tiempo. Ayer mismo, una comisión de técnicos se entrevistó en Madrid con el subsecretario de Industria, Orbe Cano, y mañana estaba prevista una reunión de directores del grupo -que han pedido la intervención del Estado en el complejo- con los ministros de Relaciones Sindicales e Industria.
Por otra parte, continúa la conflictividad en Vigo. En medios obreros se espera que el próximo lunes quede superado el problema planteado en Astilleros y Construcciones, donde los 880 trabajadores de plantilla están en paro y la factoría cerrada desde hace una semana como consecuencia de la inactividad registrada a raíz de despedir a seis presuntos dirigentes de la jornada de lucha del día 12. En La Metalúrgica, con 310 despidos sobre una plantilla de menos de cuatrocientas personas, el problema permanece estacionario. En Fumensa, empresa del grupo Rumasa, que tiene 103 obreros y empleados, los trabajadores no aceptan la tesis de la empresa, que pretende jubilar anticipadamente a diez productores y afectar posteriormente con un expediente de regulación a un mínimo de treinta más.
