El sistema mayoritario, inservible en elecciones constituyentes

ALGUNOS PROCURADORES en Cortes se proponen enmendar el proyecto de ley de reforma política del Gobierno Suárez. Una de las modificaciones, especialmente grave, es la sustitución de la representación proporcional -prevista en el texto prelesgilativo como sistema de elección de la Cámara Baja o Congreso de Diputados- por el sistema mayoritario. Mucho nos tememos que este modelo electoral, cualesquiera sean las razones que puedan formularse en su defensa, no responde a las auténticas necesidades del país.Las próximas elecciones, si llegan a celebrarse en debida forma, habrán de tener de uno u otro modo alcance constituyente. Tratar de evitarlo es como intentar ponerle puertas al mar. Después de cuarenta años de régimen autoritario, la primera consulta electoral al pueblo español, de ser verdaderamente libre, no puede tener otro signo que el constituyente. Resulta imprescindible por tanto que el Parlamento surgido de esas primeras elecciones sea auténticamente representativo, es decir, reflejo fiel de las grandes y diversas corrientes de opinión que hoy circulan por el país. Una Constitución nueva, no es tarea que pueda encomendarse a una sola tendencia ideológica mayoritaria o ganadora en unas elecciones. Una Constitución que aspire a la estabilidad, a la permanencia en el tiempo y al respeto generalizado de los ciudadanos no puede ser otra cosa que el resultado de un compromiso entre las fuerzas políticas reales.

Pues bien, he aquí que el sistema mayoritario no garantiza en absoluto la elección de un Parlamento que refleje en su pluralidad las fuerzas políticas reales existentes en España. Es un sistema que puede garantizar la designación democrática de un Gobierno o de unas Cortes ordinarias pero no es en absoluto apropiado, aquí y ahora, para la elección de un Parlamento con potestad constituyente. La elección de una Asamblea de esta naturaleza demanda la representación proporcional, modelo electoral que asegura la presencia en el Parlamento de todas las fuerzas políticas reales de acuerdo con su verdadera importancia cuantitativa. De esta forma podrá llegarse a ese compromiso político en que consiste sustancialmente toda Constitución. De esta forma, también, podrá evitarse, racionalmente, que España en el futuro no cambie de Constitución cada cinco años según fuere el resultado de las sucesivas elecciones generales. O las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para redactar una Constitución democrática que todos acepten y en la que todos quepan holgadamente, o volveremos a la crisis constitucional permanente de la pasada centuria.

Pero todavía hay más. El sistema mayoritario es ciertamente democrático o al menos funciona en países a los que no cabe negar este calificativo. Pero no es menos cierto que en tales países no existe el aparato burocrático-caciquil del Movimiento-organización, de la Organización Sindical y de la propia Administración local. Tal aparato, entre nosotros, puede, sin necesidad de llegar al «pucherazo», manipular seriamente las próximas elecciones, de regir el sistema mayoritario con distritos pequeños.

Es inexacto, en fin, que el sistema mayoritario favorezca desde un primer momento un régimen bipartidista. La experiencia de la pasada República es, a este respecto, aleccionadora. El modelo mayoritario no suprimió el multipartidismo y provocó la formación de dos bloques antagónicos que condujo a la guerra civil. A veces se confunde el bipartidismo con la constitución de dos grandes coaliciones enfrentadas. El two party system es efecto, no sólo del sistema electoral, sino también de una cierta tradición histórica y de una determinada estructura social, homogénea y escasamente conflictiva, factores que no caracterizan precisamente a la circunstancia española más propensa, hoy por hoy, a la polarización de antagonismos.

Con la coyuntura histórica en que vivimos, tratar de hacer prevalecer intereses de grupo sobre necesidades colectivas obvias es una actitud ligera y no exenta de irresponsabilidad. El tránsito pacífico a la democracia pasa necesariamente por dar representación política adecuada a todas las grandes corrientes de opinión que existen y actúan en el país.