"El otoño caliente" del Gobierno

Mucho se ha escrito y argumentado en los últimos meses sobre el «otoño caliente» que se avecinaba, emplazando a las organizaciones populares y de un modo más concreto, las sindicales democráticas, a mantener lo que se denomina una actitud responsable, que no diera al traste con los mínimos brotes democráticos. En este contexto, operaciones como las entrevistas del ministro de Relaciones Sindicales con USO, UGT y CCOO, parecían apuntar una propuesta de negociación.Sin embargo, el otoño ha llegado, y no está siendo caliente, por ahora al menos en el terreno social. No porque se haya llegado a ningún acuerdo, sino porque la situación no es especialmente propicia para poder desarrollar un amplio frente de luchas sociales, tras tres años ya de crisis económica, un elevado volumen de paro y con el mantenimiento de expedientes de disuasión muy directos.

En esta situación, el Gobierno ha lanzado su primer paquete de medidas económicas, que yendo más allá de sus promesas iniciales, constituye una prueba de fuego política porque implica decisiones concretas. Ha hecho el Gobierno, por boca de su portavoz el señor Osorio, unas declaraciones generales para presentar el paquete. En principio, se ha expresado con una generalidad y una vaguedad sumas, dando un tono de New Deal a sus proposiciones, concretadas en siete puntos que son los principios de un nuevo modelo económico-social. Dichos puntos repiten las declaraciones iniciales del Gobierno, y los contenidos en la alocución televisada del presidente cuando anunció el proyecto de reforma política, haciendo de paso una dura crítica del desarrollo económico vivido bajo el franquismo y sus desequilibrios. Principios que, por otra parte, cualquier ciudadano con buenamemoria podría encontrar en los planes de desarrollo elaborados durante los años sesenta, cuando el arbitrismo de López Rodó planteaba la superación de la conquista de la democracia política a través de la consecución de una renta «per cápita» mayor de mil dólares.

A partir de estos buenos propósitos, conviene examinar las medidas adoptadas. Son una mezcla de medidas reactivadoras y estabilizadoras, según sus propios autores. Es decir, reflejan la timidez y la incertidumbre con que se hace frente a la difícil situación económica. En esencia, son medidas sobre el consumo de energía que se orientan por la vía de conquistar un impacto en la opinión pública, como son la reducción de velocidad o el adelanto del horario de televisión. Con algunas imprecisiones notables, como son la de reducir la velocidad de los turismos a 100 hora, cuando en casi todo el país la velocidad máxima en las carreteras nacionales es ya de 90 kilómetros por hora. Pero en conjunto, con un grave fallo: el de establecer una política de control imposible, para un consumo de energía en el que es preciso repercutir los costes sobre los precios para clarificar mínimamente la situación.

En el mismo terreno de cosas, se propone una elevación del 20 por 100 en el arancel de aduanas que ha de tener una repercusión en precios para un país que exporta en valor menos de la mitad de lo que importa.Y unas medidas complementarias para corregir el déficit presupuestario basadas en la reducción del gasto público y en una elevación del 10 por 100 en el impuesto general sobre la renta de las personas físicas. Medidas que se comprenden con una nueva declaración de hacer la reforma fiscal -problema que aparece indisolublemente ligado al de la conquista de la democracia, porque aparece en los programas de todos los gobiernos desde hace doce años, sin que se haya hecho nada- y con medidas como las adoptadas por el Ministerio de Hacienda, que ha creado dos nuevas direcciones generales en el último Consejo de Ministros.

Con todo, las medidas más importantes son las que se refieren a los precios y al sistema de relaciones industriales. Con respecto a las primeras, se propone una congelación de dos meses, con elaboración de nuevas listas de precios de todos los tipos para su contról. La experiencia ha demostrado que estas medidas en los últimos años conducen a que los precios más controlados crezcan a mayor velocidad que los libres, y que la represión del fraude no pasa de multas a almacenistas de patatas y productos similares. Los fabricantes de automóviles o los productores de energía eléctrica obtienen sin dificultad el referendo del Consejo de Ministros para sus aumentos.

En el terreno salarial y de legislación laboral es donde aparecen las medidas verdaderamente concretas de todo el paquete. En el primero, se produce una verdadera congelación salarial y de la contratación colectiva, disponiendo la prórroga de los vigentes convenios y estableciendo un procedimiento de urgencia para negociar los nuevos. La restricción del contenido de la negociación se hace sobre temas tan básicos como son la disminución de jornada y sobre el tema salarial, en el que sólo cabe para los salarios inferiores a un tope anual el llegar hasta dos puntos más que el coste de la vida. La política de solidaridad social se limita a la redistribución de ingresos entre los asalariados.

En estas circunstancias ¿qué empresa tiene interés en negociar un convenio colectivo, cuando se le da la posibilidad de que en el plazo de 10 días pueda tener una decisión arbitral obligatoria en los términos fijados por el decreto?

Con todo, la medida más importante es la de derogación del artículo 35 de la ley de Relaciones Laborales. En primer lugar, por el método absolutamente antidemocrático, de derogación de una norma de rango legal; y en segundo lugar, porque no se trata de una medida económica sino de la aceptación de una condición política impuesta por los empresarios. No se puede alegar con un mínimo de seriedad que no se invierta por el artículo 35. El problema de la huelga de inversión es mucho más complejo y está ligado, así lo han reconocido expresamente los órganos de representación corporativa empresariales, a todo el contexto político. Prueba de ello es que en los cinco escasos meses de aplicación del articulo 35 no se han producido incidentes de importancia en su aplicación, dado que la misma ley daba la posibilidad a los tribunales de valorar la rescisión del contrato en función de causas justificadas. La nueva redacción dispuesta por el Consejo de Ministros marca un procedimiento abreviado, más rápido que el existente anteriormente, para poder proceder al despido. Al mismo tiempo, se ha facilitado la inseguridad en el empleo, con la posibilidad de contratos de trabajo por un plazo no superior a seis meses.

Se vuelve al sistema del despido «comprado», con un enorme abaratamiento del mismo con respecto al sistema anterior. Ello demuestra quien ha negociado e impuesto sus condiciones: mientras que se procede a la congelación salarial de nuevo, se elimina de un plumazo una medida legal que ha sido una de las peticiones básicas de las luchas obreras de los últimos años. Al mismo tiernpo, se deja un márgen mucho más importante para la reinversión y la distribución de las rentas de capital.

Hasta ahora, éste es el único desarrollo concreto del nuevo modelo económico y social del Gobierno, y la única medida de real trascendencia del paquete económico. ¿Será el precio exigido por la aprobación del anteproyecto de libertad sindical?.

Caso de ser así, es indudable que serán los militantes sindicales activos los primeros en engrosar las filas del paro en adelante. Y si este primer ejemplo sirve para anticipar lo que va a ser la reforma política, pudiera muy bien ocurrir que en el anunciado período electoral se hiciera con bajo un Estado de excepción, por poner una comparación ilustrativa.

Una negociación con las fuerzas sociales y políticas reales es el presupuesto básico de una situación democrática estable. En sus primeras medidas, el Gobierno ha aceptado las condiciones impuestas por las fuerzas empresariales de plano, sin negociar con las organizaciones obreras. Difícilmente podrá cumplir con el compromiso que ha contraido ante el país si ésta es su línea política de fondo.