Guinea: se levanta el telón

HOY SE LEVANTA la calificación de «materia reservada» que desde 1971 pesaba sobre todas las informaciones, comentarios y opiniones referentes a Guinea Ecuatorial. Como decíamos en nuestro editorial de ayer no debemos felicitar al Gobierno por semejante medida: reservaremos nuestro aplauso para el día en que decida derogar la ley de Secretos Oficiales, una norma incompatible con la vida democrática y libre de cualquier país.Al levantarse el telón sobre Guinea Ecuatorial conviene aquilatar con la mayor precisión posible hasta dónde alcanzan a España sus responsabilidades y hasta qué punto lo que fue materia reservada hasta ayer, puede convertirse en arma arrojadiza o en instrumento de presión, hoy.

El proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial fue conducido por los entonces responsables gubernamentales con una falta de tacto, prudencia y sentido común verdaderamente insólitos. El lamentable enfrentamiento entre algunos sectores de Presidencia del Gobierno y otros de Asuntos Exteriores condujo a soluciones precipitadas y claramente desfavorables para lo que entonces era el interés nacional.

La normalización de relaciones entre la ex colonia y la ex metrópoli fue dificultosa y no sólo por culpa española. Las muy especiales características del régimen personal del presidente Macías, las interferencias de algunos países ajenos al área geográfica de Guinea, la existencia de una creciente oposición al régimen, etcétera, fueron envenenando estas relaciones hasta destruir casi todas las posibilidades de colaboración entre dos naciones que, por múltiples razones, estaban también condenadas a entenderse.

España debió adoptar una política de mano blanda ante las amenazas y las represalias que el régimen del señor Macías ejerció sobre los compatriotas que residían en aquella ex colonia. Semejante actitud les ha sido reprochada en todos los tonos a los sucesivos Gobiernos por la oposición guineana exiliada en nuestro país, o por personalidades de la oposición democrática española. La vida y los bienes de unos 300 españoles dependían hasta ahora de la discreción de la prensa, lo que no deja de ser insólito y dramático.

Al tiempo que se tomaban todas estas cautelas y se silenciaba el tema, nuestra proyección en aquel país africano era cada vez más tenue. Los compromisos contraídos a raíz de la independencia no se cumplieron o se cumplieron a regañadientes, y poco a poco el hueco que dejó España fue ocupado por otros países. La presencia simbólica de algunos técnicos españoles en tierras guineanas no hace sino confirmar esta realidad. Así pues, mientras la prensa no hablaba de Guinea ni del señor Macías, el poder no se ocupaba de Guinea ni del señor Macías, con lo cual la materia reservada se extendía a todos los órdenes y no solamente al periodístico.

Si el Gobierno ha decidido levantar ahora la prohibición que pesaba sobre el tema es porque seguramente la vida y los bienes de los españoles que viven en la ex colonia no se ven amenazados. O porque está dispuesto a defender ambas cosas en caso de que el señor Macías intensifique sus amenazas e intente llevarlas a la práctica. Pero semejante cambio de rumbo gubernamental parece inspirarse en nuevos principios de actuación. Convendría que así fuese. La colaboración hispano-guineana puede fundarse en bases nuevas pese a las características antagónicas de los dos regímenes. España tiene todavía deberes ineludibles para con su antiguo territorio africano. El telón que ahora se levanta no debe servir para hurgar en antiguas heridas, sino para establecer bálsamos duraderos...

Nuestro país se encuentra ante una alternativa simple y comprometida: o sigue manteniendo en la nevera sus relaciones con Guinea -lo que sería impensable e insensato- o asume con todas sus consecuencias el papel que le toca jugar con la antigua colonia.