El Gobierno negociará las reglas electorales con la derecha y la izquierda

El Gobierno no aceptará que pase por las Cortes la regulación de las próximas elecciones, según nos aseguraron ayer en fuentes políticas habitualmente bien informadas. La determinación de las reglas electorales constituye un elemento muy valioso -añadieron- que el Gobierno sin duda negociará con los diversos grupos que vayan a concurrir a las elecciones, tanto de la izquierda como de la derecha.

El proyecto de reforma política, en su disposición transitoria primera establece, en su inicial redacción, que el Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes. El Consejo Nacional del Movimiento sugirió, en el texto aprobado el viernes último que «la materia electoral ha de estar siempre regulada por ley aprobada en Cortes, criterio éste que debe ser aplicado al supuesto que dicha disposición transitoria contempla, dada la trascendencia de las primeras elecciones». El artífice de esta sugerencia fue, en el seno de la sección primera del Consejo Nacional, Laureano López Rodó.El interés manifestado en el citado Consejo por tres de los siete primeros miembros de Alianza Popular -Martínez Esteruelas, Fernández de la Mora y el propio López Rodó- para que la regulación de las próximas elecciones pase por las Cortes, permite anticipar que esta condición, junto a la petición de que el Senado incorpore la representación de intereses orgánicos, constituirán las dos exigencias principales de Alianza Poputar en una previsible negociación con el Gobierno sobre el contenido del proyecto de ley.

En cualquier caso, parece que el Gobierno, obtenido ya el informe no vinculante del Consejo Nacional, no negociará con los elementos vinculados a la extrema derecha que a él pertenecen, y cuyo peso en las Cortes es menor que el de los procuradores afines a la Alianza Popular. La reciente adhesión de los combatientes de Girón a los dos tenientes generales expedientados puede reforzar, sin duda, esta ruptura.

En cuanto a la primera conversación de Suárez con un miembro de Alianza Popular, tras la firma del manifiesto, el propio Licinio de la Fuente -que afirmó ayer a Cifra y Piyresa el carácter personal con que figura en la Alianza y con que conversó con el presidente- declaró a la segunda de las agencias citadas: «No deseo en absoluto que el proyecto de ley se embarranque en las Cortes».

Sin embargo, el obstáculo mayor para que el Gobierno se asegure el consenso a su reforma por parte de los procuradores próximos a la Alianza Popular, continúa siendo -cuando sólo faltan dos días para que el Consejo de Ministros decida el texto definitivo del proyecto de ley- la regulación de las elecciones.

Las fuentes consultadas insisten en la seguridad de que Suárez no venderá el control sobre las normas electorales por el plato de lentejas que, en definitiva, supondría obtener los dos tercios de asentimiento legislativo a un proyecto de reforma que, sin la posibilidad de negociar con la oposición las reglas electorales, carecería de credibilidad para ésta.

La solución a la que parece que intentará llegar el Gobierno será la de prometer que la regulación electoral, que en última instancia decidirá él mismo, será previamente negociada, tanto con los sectores de la oposición democrática actualmente fuera de las Cortes, como con los grupos con asiento, hoy, en la Cámara legislativa. El acuerdo de todos los que ,vayan a participar en las elecciones sobre las reglas del juego que las arbitrarán sería el inicial punto de partida para la carrera democrática. Si este planteamiento no fuera aceptado por quienes dicen tener la llave de la decisión en las Cortes en torno al proyecto de ley -y de forma muy particular por Alianza Popular- el Gobierno tendría preparado el recurso al artículo 10 de la Ley Orgánica del Estado que en sus apartados d) y e) permite al Rey, con la asistencia -que no tiene por qué ser vinculante- del Consejo del Reino, adoptar medidas excepcionales, entre otros supuestos, cuando «el sistema institucional del Reino esté amenazado de modo grave e inmediato», así como «someter a referéndum nacional los proyectos de ley trascendentales cuando ello no sea preceptivo».