Impuestos y justicia social

Los datos estadísticos sobre producción o renta nacional, expresados en cifras brutas, son poco explícitos acerca de la real riqueza o capacidad económica de un país, por el simple hecho de que favorecen a los de mayor población. Las cifras «per cápita» dan, naturalmente, una impresión más realista sobre la producción de riqueza. Sin embargo, nuestros 2.000 dólares de renta por cabeza sigue siendo dato referencial y teórico. Lo fundamental sería conocer el grado en que cada clase social participa de dicha renta. Hasta ahora, poco sabíamos sobre ello. Por una parte, se trata de una estadística compleja y de difícil confección; por otra, no es de las que nuestros triunfalístas organismos tienen gran interés en estudiar y menos en divulgar.Acaba de aparecer, sin embrago, un estudio realizado por el economista Malcolm Sawyer que puede considerarse como una notable aportación al respecto. se trata de un análisis de la repartición de la renta nacional en diversos países de la OCDE. Ha dividido el conjunto de la población en diez ecalas, conteniendo cada una de ellas un décimo de la misma, y ha calculado el porcentaje de ingresos por todos conceptos (salarios, sueldos, dividendos, beneficios, etcétera) que percibe cada una de dichas clases, una vez que estos ingresos han sido mermados con los impuestos correpondientes. Esta estasística, según aparece en la revista Le Nouvel Observateur de 6-9-76, es como sigue: (ver tabla adjunta)

Como puede observarse, Francia es la campeona de la desigualdad en el reparto de los ingresos, o sea, de la injusticia social. A continuación viene España. El coeficiente de desigualdad quiere decir, por ejemplo, que en nuestro país la décima parte de la población de rentas, más elevadas gana 19 veces más que el décimo de más bajos ingresos. No constituye ésto, sin embargo, una gran sorpresa. Las diferencias en nuestro país entre ricos y pobres están a la vista, y el sistema fiscal, bastante regresivo.

Muchos economistas y sociólogos europeos están poniendo en entredicho nuestro desenfrenado y cada vez más destructivo crecimiento económico. Sicco Mans holt, por ejemplo, desde el punto de vista ecológico; E. J. Mishan, desde el económico (ver su interesante obra «The costs of Economic Growth», de la editorial «Penguin Books») Ivián lllich, bajo un prisma más mesiánico que científico, insiste también en la deteriorización de la calidad de vida y en el pesado precio que hay que pagar por el progreso. La pregunta, que todos acaban por hacerse es: «Crecimiento económico, ¿para qué?», pero hay que ir mucho más profundamente en esta inquisición. La pregunta clave, hoy, es: «Crecimiento económico, ¿para quién? », porque en el hecho de que el pastel de la economía nacional esté cada vez peor repartido, en detrimento de las clases menos pudientes, reside a la vez la causa y el efecto de este irracional proceso de crecimiento económico.

En los países no comunistas el arma de que disponen los gobiernos para lograr una distribución de la riqueza más acorde con elementales postulados de justicia social es el impuesto. En el caso de nuestro país, una reforma fiscal profunda de la que mucho se habla y muy poco se lleva a cabo tendría que ir precedida de estudios sobre los niveles de renta de las distintas clases sociales y para ello, parece fundamental el contenido de la anterior estadística. A tal efecto, me ha parecido interesante establecer una distribución teórica de los porcentajes de participación en la totalidad de los ingresos nacionales de cada una de las diez partes de población que en la misma figuran. Como desgraciadamente no aparecen en tal estadística más que los dos escalones extremos, he tenido que confeccionar una curva de ingresos con métodos que confieso son algo artesanales, pero que no se apartan mucho de las progresiones que pueden considerarse como típicas, según puede observarse en el siguiente estado:

Partiendo de la renta «per cápita» nacional de 2.000 dólares, y de los porcentajes de participación en la misma de cada una de las diez clases sociales, tendríamos el Importe total que cada una de ellas recibe de la renta total. Comparando dichas cifras con las que obtendría un país de justicia social media, como Gran Brelaña, nos encontraríamos con que el 30 por 100 de las clases sociales españolas, situadas en los puestos de mayores ingresos, podría estar percibiendo 6.580 millones de dólares (casi 400.000 millones de pesetas) más que las clases similares de Gran Bretaña. Esto, en pura teoría fiscal, quiere decir que una reforma cuyo objetivo fuera la atenuación de estas ofensivas diferencias en las rentas percibidas, podría detraer dicha cifra de los ingresos de las clases superiores en provecho de la comunidad. Y si se tomara como modelo países de gran justicia social, como Holanda o Suecia, los ingresos obtenidos por vía fiscal superarían en mucho el importe de nuestro actual presupuesto de ingresos.

Resulta lastimoso ver cómo el dinero que podría resolver gran parte de los problemas económicos del país permanece intocado en los bolsillos de las clases pudientes, cuando, por otra parte, su gravamen no representaría un quebranto grave. Que sea factible hacer por estas tierras una reforma fiscal «ad hoc» es ya otro problema. De todos modos, no está de más reflexionar sobre el hecho de que sólo hay dos maneras de pagar un seguro contra la revolución: que las clases superiores sacrifiquen parte de sus ingresos en aras de una mayor justicia social, o que financien los medios de reprimir el descontento de las clases empobrecidas. El segundo es quizá más barato, pero su eficacia es siempre temporal y suele acabar en tragedia.