Se trabaja en la elaboración de una ley de Unidad Jurisdiccional

Los estudios previos para la elaboración de un proyecto de Ley de Unidad Jurisdiccional han sido iniciados en el Ministerio de Justicia, según se afirma en medios jurídicos. Tal iniciativa pretendería orillar la dificultad que presenta la actual congelación de la ley de Bases de la Ley Orgánica de la Justicia, sin articular todavía por el Gobierno, y cuya elaboración provocó en su día una fuerte oposición por parte de destacados miembros de la administración de justicia. En dicha ley de Bases se consagra el principio de unidad de jurisdicciones, reivindicación constante de la abogacía española, hecha suya también por los últimos ministros de Justicia. El actual ministro de este departamento, Landelino Lavilla, se refirió, en el discurso de apertura del presente año judicial, con convencimiento y con una terminología mas clara que la que habían utilizado sus predecesores sobre el tema, a la unidad de jurisdiciones como una de las características esenciales, junto a la de la independencia del juez, de la administración de justicia en un Estado de derecho. Los estudios iniciados pretenderían abrir el camino para la realización de las tesis enunciadas por el ministro, las cuales constituirían el programa del actual Gobierno en materia de Justicia.La nueva ley traería como consecuencia, además de la desaparición de las múltiples jurisdicciones especiales ahora existentes, salvo la castrense y la eclesiástica, la del Tribunal de orden Público. Según parece, existen dos o tres proyectos para la desaparición o transformación de esta jurisdicción, uno de los cuales sería pasar los delitos en los que es competente, ya disminuidos tras la última reforma del Código Penal, a un Tribunal Central de lo Penal, ya previsto en la ley de Bases de la Ley Organica de la Justicia. La verdadera dificultad con la que se enfrentan, según se afirma en medios jurídicos, los citados proyectos es la movediza situación política actual, en la que los equipos ministeriales tienen sensación de vivir en precario e instituciones como las actuales Cortes tienen los días contados, en virtud del programa de reforma política gubernamental.

Igualmente, según se afirma en los mismos medios jurídicos, se han iniciado los estudios previos para la elaboración de una ley de la potestad sancionadora de la Administración, en la que se dejaría fuera del ámbito de dicha potestad sancionadora los bienes más sagrados de la vida civil, tales la libertad, el ejercicio profesional o la propiedad, en la línea anunciada por el señor Lavilla en su discurso de apertura del actual año judicial.