Convidados de piedra

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre Alfonso Osorio, ministro de la Presidencia, de quien, como es sabido dependen los temas de la función pública española, informó a los miembros del Gobierno Suárez sobre los estudios realizados «en orden a la situación profesional y al estado de las retribuciones de los funcionarios públicos». Asimismo el Consejo acordó crear, con carácter urgente, una comisión interministerial a la que se encargará de realizar el oportuno estudio y la elaboración de las propuestas definitivas.Hasta aquí la escueta noticia incluida en las reseñas del Consejo de Ministros. Pero como el tiempo ha pasado lo cierto es que a estas alturas, la llamada comisión interministerial ya está formada, si bien no se ha publicado quiénes la componen.

La trascendencia del tema esto suficientemente grave, en esta hora de quiebra de las tradicionales estructuras funcionariales de la Administración Pública, como para que el Gobierno se hubiera planteado si son o no válidos los autoritarios moldes aplicados a los funcionarios españoles durante los últimos cuarenta años.

Digo lo anterior porque la llamada comisión interministerial está compuesta por seis funcionarios que, para no cambiar las pautas habituales, son seis altos funcionarios que se reparten entre sí los titulares de dos Subsecretarías (la de Economía Financiera en Hacienda, y la del Ministerio de la Presidencia) y de cuatro direcciones generales, composición que habla claramente (le la total ausencia de los funcionarios de base en una comisión cuyos trabajos deben ir dirigidos, al menos en teoría, a mejorar la deteriorada situación retributiva de grandes masas de funcionarlos y la carencia de elementales derechos humanos como los de sindicación y reunión y el de una seguridad social suficiente.

No es ajeno a lo anterior el que de esos seis altos funcionarlos dos sean abogados del Estado, tres interventores de la Hacienda Pública y uno, sólo uno, del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil, hechos que hablan bien claramente de que para el Gobierno Suárez siguen siendo válidos los esquemas corporativistas, expresión que aplicada al caso que nos ocupa, significa que el Gobierno no se ha planteado, porque no tiene conciencia de ello ni fuerza suficiente, la posibilidad de terminar con la capacidad de presión de los llamados grandes cuerpos de funcionarios. Como es sabido el calificativo de grandes no alude al número de miembros que componen esos cuerpos.

Los mencionados seis altos cargos desempeñan sus funciones políticas en dos Ministerios, el de Hacienda y el de la Presidencia. De ahí que tal comisión reúna de manera estricta los requisitos para poder recibir el calificativo de interministerial: estar compuesta por representantes de dos ministerios. Actuaciones como la comentada sólo pueden concebirse en un Gobierno sordo y ciego a la realidad cambiante de la función pública española. Actuaciones como ésta explican, una vez más el claro rechazo que en la mayoría de los funcionarios públicos está encontrando la actuación del Gobierno Suárez.