Investigaciones sobre la Caja Popular de Crédito Cooperativo de León

Los límites del reciente affaire de la Caja Popular de Crédito Cooperativo de León aparecen, todavía, inconcretos, aunque comienzan a perfilarse nuevas responsabilidades y derivaciones. El pasado lunes una denuncia de algunos clientes, que encontraron dificultades para recuperar sus ahorros, hizo saltar el escándalo en la localidad de Astorga. Las primeras cifras de un supuesto delito de estafa ascendían a 100.000.000 de pesetas para toda la provincia de León, en la que la citada entidad dispone de media docena de sucursales. En la misma tarde fueron detenidos y puestos a disposición judicial Ignacio Gómez Martínez-Barthe e Isidro Martínez Borrero, presidente y secretario, respectivamente, de la Junta rectora, los cuales han quedado en libertad provisional tras hacer efectiva una fianza de cuatro millones de pesetas.Por el momento, todos los datos que pueden reunirse sobre este asunto se resumen así: las entidades bancarias habían cancelado todo tipo de relación directa y operaciones con la Caja Popular de Crédito Cooperativo desde hace tres años, momento en que se habían «olfateado» una serie de irregularidades. La obra de Cooperación manifiesta no ser responsable subsidiaria de los perjuicios que puedan causarse a los socios y clientes de la entidad

Alerta del Banco de España en 1974

En junio de 1974 el Comité Ejecutivo del Banco de España, después de una visita de inspección, a la Caja requirió a la misma para que dejara de pagar extratipos; se abstuviera de determinadas inversiones, así como de devolver aportaciones al capital; cesara en la concesión de créditos a los directivos de la entidad (el secretario de la Caja y su grupo de empresa había recibido 40 millones que suponían el 31,4 de los concedidos por la caja, de ellos 12,8 millones figuraban como descubiertos en cuenta. Asimismo, el Banco de España pedía la recuperación de créditos morosos, no permitir nuevos descubierto y proceder a determinadas modificaciones contables en sus libros.Después de diversas gestiones para intentar colocar la Caja a alguna entidad bancaria (parece que hubo intentos con el Banco de Valladolid, Vizcaya, Rumasa, grupo MPI y algún otro) en el mes de julio se firmó una escritura con el Banco de Asturias que absorbería la Caja y haría frente a las obligaciones contraídas con los impositores.

Una nota hecha pública ayer por un representante de la Junta liquidadora de, la Caja en León señaló que los acreedores podrán cobrar, aun con cierto retraso. El encargado de la liquidación de la Caja, señor Carbajo, declaró a la agencia Cifra que la causa de la situación de la entidad radica en algunos individuos que trataron de desacreditarla hace un año, lo cual provocó un descenso de los recursos. Esta declaración contrasta con el informe del Banco de España de junio del 74 a que hemos aludido.

La Caja Popular de Crédito Cooperativo nació a finales de la década de los 60 de la Cooperativa de Santa Marta, entidad que aglutina a industriales de hostelería; posteriormente, la Obra Sindical de Cooperación, que se califica como tuteladora inmediata de todas las cooperativas de crédito, tomó nota hace dos años de algunas irregularidades administrativas, cuyas actas envió a la Inspección de Trabajo, que a su vez elaboró un expediente con «propuesta de sanción máxima de 400.000 pesetas y destitución de varios cargos de la entidad», entre los que figuraban los dos procesados que arriba se mencionan. El expediente llegó a la Dirección General de Empleo y Promoción Social, en Madrid, donde permaneció dos años sin que se hiciera pública ninguna, resolución. Diversas fuentes afirman que «alguien detuvo el expediente arriba». La Obra Sindical del Hogar señala al respecto que carece de toda potestad, a no ser la de «dar aviso» de posibles irregularidades, lo que hizo en su momento.