España quedará pronto incluida en la ruta de los casinos

«Mientras ruede la ruleta en Montecarlo y no ruede en Torremolinos, la Costa Azul nunca tendrá un competidor serio en la Costa del Sol. A los millonarios sólo se les fija con el juego.» Quien así hablaba, era, hace ya algunos años, uno de los propietarios de una cadena hotelera en la Costa Azul y en la mundana playa de lujo de Deauville, en Normandía, que es lo mismo que decir que era propietario de una cadena hotelera directamente interesada en los casinos de juego.Todo el mundo sabe que el inclemente clima normando no es el principal encanto de Deauville y que los millares de turistas que lo habitan durante todo el año lo hacen para sentarse ante el tapete verde, de la misma forma que la aburrida localidad suiza de Evian, por ejemplo, no tiene el menor atractivo para los riquísimos moradores de las orillas del Leman, que atraviesan el lago para ir a jugar a Montecarlo.

Pero aquí, en España, durante más de medio siglo, jugar ha equivalido a «vender el alma al diablo», como dijo públicamente en 1968, el ex ministro Fraga Iribame: «Mientras yo sea ministro no pediré nunca el juego como medio de promocionar el turismo. Conozco bien el pensamiento del Caudillo y de los ministros, y sobre todo el mío, y puedo decir que el juego es corno vender el alma al diablo. Y dudo mucho que se vaya a vender el alma al diablo por unas ganancias en San Sebastián, en Ibiza o en donde sea».

Muchas han sido las voces que han clamado en este país por la legalización del juego desde aquel día de Todos los Santos de 1924, en que el duque de Almodóvar del Valle, entonces ministro de la Gobernación de uno de los Gabinetes del dictador, general Primo de Rivera, decretase su penalización en todo el territorio nacional. Y muchos han sido los intentos fallidos de poner nuevamente en marcha las empolvadas ruletas y las ya mugrientas cartas de jugar al black-jack. Solamente una vez (el 1 de septiembre de 1963) los luchadores en favor del juego conseguirían abrir el Gran Casino de San Sebastián, por una sola noche, en fiesta a beneficio de la Santa Casa de la Misericordia, fiesta que dejó ganancias superiores al medio millón de pesetas. Por una sola vez los buicks, los bugattis y los imperiales hispanos no pusieron al atardecer proa numbo a Francia.

Atracción para el turismo

Pero el comienzo de la crisis de nuestro sector turístico, coincidente con la crisis mundial del petróleo de la Guerra de Yom Kippur de 1973 (año en que se alcanzó la cota máxima de 34 millones y medio de turistas) iba a poner de manifiesto que la prohibición del juego no es otra cosa que «un viejo y absurdo prejuicio que no tiene el menor sentido», como declaró a EL PAIS el presidente del Sindicato Nacional de Hostelería y Turismo, José Ramón Alonso: «El turismo está en el momento más difícil de sus últimos treinta años. Hubiéramos necesitado los cuarenta millones de turistas que hace algunos años estaban previstos para 1976. Y será difícil que este año lleguemos a. los treinta millones de visitantes. Nos faltan, por tanto, unos diez millones de clientes. El juego no es una panacea para resolver los males de nuestro turismo, pero constituiría una ayuda importante para atraer al turismo medio y de calidad, y sobre todo para el turismo de baja temporada. España está rodeada por países competidores en todos los cuales el juego está debidamente autorizado, Fomentar el turismo de los demás por un viejo y absurdo prejuicio, me parece que no tiene el menor sentido. Hace falta que España tenga casinos para sus turistas y yo espero que los tenga para la temporada de invierno de este año 1976 ».

Solamente en Europa existen 145 casinos; ocho tiene Portugal, cuatro Francia; siete Yugoslavia; cuatro Grecia; tres Marruecos, dos Túnez. Todo el área mediterránea es un entramado de casinos del que España continúa fuera. Estoril, Biarritz, Perpignan, Montecarlo, Ferrino, Campione, los casinos yugoslavos, Creta, Túnez, Tánger, Casablanca... Las costas españolas quedan fuera del alcance de esa tribu internacional de jugadores para los que no existen otras ciudades que aquellas que tienen casinos.

Solamente en Francia, durante 1975, el erario público se embolsó 6.000 millones de pesetas en concepto de impuestos recabados por e1juego. En Inglaterra, donde el juego es legal desde 1960, funcionaban en 1968 cerca de mil casas de juego (de ellas, la mitad, en Londres) por las que pasaban anualmente unos 1.800 millones de dólares. Se dice que el 80 por 100 de los clientes de los casinos del sur de Francia (fundamentalmente Biarritz) son españoles. Semanalmente se organizan vuelos charter a Montecarlo para que los españoles puedan jugar allí. En los altos niveles de la Administración española se calcula que los españoles se juegan en los casinos extranjeros, entre 10.000 y 20.000 millones de pesetas.

Todo ello sin contar con los miles de millones de pesetas que los españoles se juegan ilegalmente en el interior del país. En un juego aparentemente inocente (tolerado por la mayoría de los gobernadores civiles españoles) como es el bingo se jugaron durante 1975, solamente en: Madrid y Barcelona, según cifras no confirmadas oficialmente, 3.000 millones de pesetas. Pesetas de las que, por ser ilegal el bingo, Hacienda no pudo intervenir ni el más mínimo porcentaje.

« Puesto, que está demostrado que en España se juega ilegalmente, y mucho, debería reglamentarse debidamente el juego», era uno de los argumentos de mayor peso de la propuesta de ley para la Despenalización del Juego, que el pasado 9 de marzo elevaron al presidente de las Cortes 89 procuradores en Cortes de todas las tendencias y estamentos de la Cámara y que el primer Gobierno de la Monarquía consideró oportuno desechar. «Existe el juego reglamentado en el resto de las naciones europeas y muy primordialmente en las que lindan con España», decía la proposición de ley de los 89 procuradores en Cortes, encabezados por Fernando de Otazu y Zulueta, teniente de alcalde de San Sebastián». Procediendo de igual manera y reglamentándolo en España se obtendrán, entre otras, las siguientes ventajas: desaparecerá la clandestinidad del juego; se establecerán garantías de seriedad para el jugador y para la distribución de porcentajes de ganancias; proporcionará importantes beneficios a la Hacienda, a las corporaciones municipales o cabeceras de zonas turísticas, así corno al comercio, espectáculos, hostelerías, etcétera; será sin duda un motivo de atracción para el turismo selecto, de clase y adinerado, y se obtendrá lo que hoy es un auténtico objetivo del Gobierno: aumentar la estacionalidad del turismo».

Pero no sería sino después de una importante campaña de prensa a nivel nacional sobre el tema cuando el Gobierno, a través del secretario general técnico de Hacienda (entonces Juan Saritamarina) y del subsecretario de Turismo, Ignacio Aguirre, cuando se decidió plantearse seriamente la despenalización del juego. En aquella campaña, que duró dos meses (mayo y junio) se hizo un estudio (en base al funcionamiento de los casinos europeos instalados en zona-, turísticas) sobre lo que nuestro país había dejado de percibir en concepto de ingresos por el juego en los últimos quince años. Durante ese período entraron en nuestro país 309 millones de turistas y se calcula que la cifra de pérdidas rondó los 200.000 millones de pesetas. Algo así como casi la tercera parte de los presupuestos generales del Estado para 1976. O, dicho de otra manera, casi la mitad de todas las inversiones extranjeras en España (500.000 millones de pesetas) durante el mismo período de tiempo y la mitad de todas las ventas efectuadas por las 64 empresas del Instituto Nacional de Industria durante 1974 (315.000 millones de pesetas).

Reglamentación y Policía

Tras los estudios realizados conjuntamen te por los Ministerios de Información y Turismo y de Hacienda, se propuso al Gobierno (que lo aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 24 de agosto) la creación de una comisión interministerial presidida por el subsecretario de la Gobernación, José Miguel Ortí Bordás, y compuesta por representantes de cinco Ministerios -Gobernación, Justicia, Hacienda, Información y Turismo, y Organización Sindical- que estudiase las implicaciones jurídicas, civiles, penales, gubernativas y de orden público que tal despenalización traería consigo. La comisión dictaminará -favorablemente- a finales del mes de noviembre y, según todas las previsiones, el Consejo de Ministros, por decreto-ley, despenalizará definitivamente el juego, después de 52 años, un mes y algunos días de prohibición a rajatabla.

Seis son los puntos del borrador con el que trabaja la comisión interministerial, según pudo saber EL PAIS.

1. Autorización de un casino por cada zona turística (Costa Brava, Baleares, Costa de Alicante, Costa del Sol, Canarias, San Sebastián, y, probablemente, Galicia). En total seis o siete casinos solamente.

2. Ubicación de cada uno de estos casinos a decidir por las autoridades provinciales.

3. Juego solamente en casinos (de forma que se evite la dispersión de los mismos y que cada hotel pueda tener, como ocurre en muchos países, entre ellos Francia, una mesa de juego).

4. Explotación de los casinos por el Estado, creando empresas filiales

5. Beneficios que se repartirían, aproximadamente, de la siguiente forma: 40 por 100, para Hacienda; 20 por 100, para el municipio y 40 por 100 para la empresa directamente explotadora.

6. Absoluta garantía para el jugador, creando para ello un reglamento concienzudo de los casinos y una polícia del juego. Al mismo tiempo la comisión estudiará la modificación de los artículos 349, 350 y 575 del Código Penal (relativos a la prohibición del juego) y el 1.798 del Código Civil (que se refiere a que las deudas de juego no serán perseguibles por la Ley).

Lo que quiere decir que, aunque el juego quede debidamente legalizado antes del final de 1976, los españoles y los turistas no podrán sentarse ante una mesa de ruleta, bacarrá o black jack sino hasta unos cuantos meses después, quizá para la primavera de 1977, porque al dictamen de la comisión y a la despenalización por el Consejo de Ministros habrán de seguir forzosamente la creación del Reglamento de Casinos, la constitución de una policía de juegos, que dependería del Ministerio de la Gobernación- y la formación de croupiers y personal especializado de casinos. En Francia, aseguran los técnicos en la materia, un buen croupier se forma en tres meses, si los cursos son intensivos.

«Tras 52 años de penalización del juego en España, la puesta en marcha del mismo debe hacerse con toda minuciosidad», declaró a EL PAIS el subsecretario de Turismo, Ignacio Aguirre, una de las personas que más arduamente han defendido en los últimos' meses el tema de la legalización de los juegos de azar. «El juego tiene demasiadas implicaciones jurídicas, sociales y de orden público como para dejarlo en manos de la improvisación. De cómo se haga el Reglamento de los Casinos dependerá la supervivencia y la buena marcha de los mismos. Me gustaría insistir en un factor que considero importante: los casinos deben ser explotados por el Estado, y, en cualquier caso, por empresarios españoles, de forma que no tuviesen acceso a los mismos compañías extranjeras ni elementos extraños. Ya se sabe a qué me refiero. No podemos llegar al extremo de que nuestros casinos puedan caer en manos de organizaciones internacionales, como es el caso de otros países».

El señor Aguirre es asimismo partidario de la tesis de que el juego sólo debe permitirse en núcleos turísticos. «Ello contribuirá a paliar un poco la crisis del sector turístico, aunque debemos desengañarnos y pensar que autorizar la apertura de casinos no solucionará por sí sola la recesión del turismo. Atraerá, eso sí, a otra clase de turistas, adinerados y de clase; pero debemos de seguir pensando en los dos millones y medio de camas que tenemos, casi todas de turismo barato, porque si no irían a la quiebra varios centenares de empresarios turísticos».

El problema se planteará a la larga, una vez despenalizado el juego, en la realización del Reglamento de los Casinos y en el sistema de adjudicaciones de los mismos. En un país en que no se juega legalmente desde hace 52 años va a ser difícil encontrar técnicos capaces de elaborar unos textos legales que en algunos países como en Gran Bretaña, dada la complejidad del tema, llegan a ocupar hasta. doscientas páginas. Seguramente habrá que recurrir a técnicos extranjeros o a las propias reglamentaciones exteriores. entre las que la comisión interministerial considera como más perfectas la inglesa, la francesa y la holandesa. Esta última, terminada en el presente año, cubre aspectos, dada su modernidad, ignorados en aquéllas, en las que el juego está autorizado desde hace más de un siglo.

También se plantearán, dificultades a la hora de las adjudicaciones de los casinos. Hasta el momento, en la Subsecretaría de Turismo se han recibido, oficialmente, 36 peticiones de otros tantos lugares turísticos para la apertura de casas de juego. Hasta el punto de que antes aún de que se aprobase la creación de la Comisión que está estudiando la despenalización, los alcaldes de Torremolinos y Marbella se presentaron, por separado, en el despacho del subsecretario de Turismo esgrimiendo ambos razones de peso para que el casino destinado a la Costa del Sol quedase ubicado en algún punto de sus respectivos términos municipales. De la misma forma que los responsables de nuestro turismo están soportando una serie de presiones de algún destacado industrial del ramo y de alguna gran cadena de casas de juego norteamericanas, como la Caesar Palace (que posee el mayor de los casinos de Las Vegas) y que quiere montar una filial en Estepona, para lo cual estaría dispuesto a realizar una inversión de 1.500 millones de pesetas, ocupando 100.000 metros cuadrados de terreno y controlando 1.500 agencias de viaje americanas, a través de un tour operator que se encargaría, dice, de atraer a miles de turistas de alto poder adquisitivo.

Con todo ello, el tema del juego parece estar definitivamente liquidado. No dejará de ser una prueba más de la liberalización de nuestra sociedad, aunque, como siempre, habrá quien se rasgue las vestiduras porque habremos vendido nuestra alma al diablo. Pero, en definitiva, que cada quien se juegue su dinero libremente, no será sino la ejercitación de una más de nuestras libertades individuales.