Callaghan intenta neutralizar la presión de la izquierda laborista

Con el aparente propósito de neutralizar las exigencias políticas de la izquierda laborista, el primer ministro británico procedió ayer a una reestructuración parcial de su Gabinete.Merlyn Rees, hasta ahora secretario de Estado para el Ulster, ha pasado al Ministerio del Interior, que hasta ahora ocupaba Roy Jenkis, próximo presidente de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la comunidad de los «nueve»). Entretanto, Shirley Williams, ministro de Precios y Consumo, ha sido designada ministro de Educación, y Roy Mason, ministro del Ejército, ocupa ahora la cartera de asuntos del Ulster.

Según los expertos, el nombramiento de Rees, de tendencia «derechista», tiende a fortalecer la posición del Gobierno frente a los sindicatos, algunos de cuyos sectores, como el de marinos mercantes, amenazan con ir a la huelga hoy por tiempo indeterminado, lo que pondría en grave peligro al Gabinete.

En algunos círculos políticos se estima que Callaghan ha intentado con esta «minirreestructuración», que afecta también a seis subsecretarías de Estado, llevar a cabo, frente a las alas radicales del laborismo, una política de «hechos consumados», que imposibilite las trasformaciones profundas del Gobierno que esos grupos reclaman.

Dentro de 20 días el Partido Laborista, efectuará su reunión anual en Blackpool. Los partidarios del «vicepremier» Foot y de otros líderes izquierdistas proyectaban presentar una lista de exigencias al «derechista» Callaghan. «Las nuevas designaciones -manifestó a EL PAIS un portavoz del sector «centrista» del Partido Laborista-, hacen ya muy difícil que se puedan operar otros cambios, al menos en las mismas áreas de Gobierno».

Por otra parte, el nombramiento de Mason en el Ministerio del Ulster, vendría a reafirmar el deseo del Gobierno de proceder a retirar paulatinamente del Ulster a las fuerzas del Ejército, cuyas funciones serían cumplidas en adelante por la policía. Las excelentes relaciones de Mason con los jefes del Ejército facilitaría esa sustitución.

Mientras tanto, el primer ministro británico canceló ayer temporalmente su visita oficial a Canadá. Callaghan prefirió quedarse aquí para seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos relativos a la huelga de los marinos mercantes, que debía comenzar esta noche. Hay otras circunstancias que también mantienen a Callaghan en Gran Bretaña. Su partido se mueve contra él y le exige la vuelta a los «principios socialistas» del laborismo. Entre las demandas que ahora le hace la izquierda está la nacionalización de los cuatro bancos más importantes del país y de siete compañías financieras y de seguros.

El documento en el que se contiene esta propuesta ha sido recibido por los conservadores como «una amenaza marxista que tiende a darnos el pasaporte para la bancarrota». Fue preparado por un comité del ejecutivo laborista que preside Tony Benn, ministro de Energía, líder de la cada día más debilitada facción de izquierdas del Gabinete de James Callaghan.

La nacionalización de los bancos, de acuerdo con los que han estudiado su viabilidad, ayudaría a que se recuperara la industria británica, que recibiría una mayor ayuda financiera estatal, puesto que el Gobierno daría curso a los préstamos de modo racional y de acuerdo con el inmediato interés público.

Según Benn, si los bancos dejaran de estar en manos privadas, el fantasma del desempleo comenzaría a desaparecer.

El grupo que preside Benn considera también que el banco de Inglaterra, que fue nacionalizado, hace treinta años, debe dejar de servir de portavoz de los intereses financieros privados. Su responsabilidad ha de ser la de controlador de la economía, la de canalizador de los préstamos que «reviertan en un desarrollo racional del país».

Hasta ahora, piensan los autores del documento, la principal institución bancaria británica ha jugado un papel «conservador» de la esterlina.

La administración laborista usó al banco de Inglaterra a principios de abril para especular con la libra en el mercado exterior, lo que obligó a los sindicatos a aprobar sin reservas las restricciones salariales contenidas en el «contrato social».