Los trabajadores de Correos, contra el decreto de asociación de funcionarios

En la Central de Correos del barrio barcelonés de Gracia se celebró recientemente -según informan fuentes laborales- una asamblea, en la que participaron unos 300 funcionarios. En su transcurso se elaboró un escrito por el que se rechaza el decreto-ley del pasado 16 de julio, sobre el derecho de asociación profesional de los funcionarios civiles de la Administración pública.En el escrito se afirma que la mencionada norma legal «no recoge los derechos mínimos suscritos por España ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al firmar el convenio número 87 de dicha organización internacional».

Los firmantes de la declaración manifiestan ser conscientes de que la defensa de sus derechos pasa por la creación de un «sindicato autónomo e independiente». Afirman también su deseo de denunciar «los intentos de la Administración, de marginarlos del movimiento obrero».

Finalmente, agregan que sus derechos deben, ser reconocidos, por ser propios de «un marco de dignidad y convivencia nacional».

Por otro lado, la Comisión de Trabajadores de Telégrafos de Barcelona ha hecho público un comunicado en el que expresa su disconformidad ante la negativa del director general de Correos de mantener una entrevista con los representantes de los funcionarios del citado servicio público.

La nota expresa la extrañeza de la comisión ante el hecho de que tampoco se les haya permitido reunirse en su centro de trabajo. Al respecto, condenan la actitud del jefe de centro accidental de Barcelona, en base a que sólo permitía la celebración de una reunión en el caso de que no se informara a la prensa y de que se le hiciera saber,cuarenta y ocho horas antes, el lugar y la hora de la asamblea.

No obstante, posteriormente, incluso esta posibilidades fue negada, debido -según comunican a una prohibición expresa de la Dirección General, la cual entendía que no podía celebrarse una asamblea antes de la puesta en vigor de la nueva ley reguladora del derecho de reunión de los funcionarios civiles del Estado.

Añade la nota que, ante la prohibición, los funcionarios intentaron celebrar la asamblea mediante permiso del Gobierno Civil de Barcelona y en calidad de personas que deseaban discutir de problemas laborales. Ello, sin embargo, tampoco fue posible.

Finalmente, la mencionada comisión expresa su disconformidad por las dificultades que encuentran los trabajadores barceloneses de Telégrafos para reunirse. Añaden que la situación creada les empuja a utilizar otros canales, tales como reuniones en centros religiosos, que quisieran ver ya superados.