Intereses económicos y planes urbanísticos

Este 14 de agosto se cumple un mes desde que la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona -órgano desconcentrado del Ministerio de la Vivienda, presidido por el gobernador civil y compuesto por una serie de representantes de la Administración en Barcelona, el director general de Urbanismo y algunos técnicos- aprobó, definitivamente, el Plan General Metropolitano de Barcelona y sus 26 municipios colindantes, que afecta a una extensión de 47.752 hectáreas que dan cobijo, en la actualidad, a algo más de tres millones de personas.Toda la prensa ha venido comentando las vicisitudes que ha experimentado el intento de racionalizar el futuro urbanístico de Barcelona, y la opinión madrileña atribuyó al Gobierno un cierto favoritismo por Barcelona cuando se creó la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona. En una rueda de prensa del entonces alcalde de Barcelona, señor Masó, en el Circulo Catalán de Madrid, a finales de noviembre de 1974, produjo un gran impacto a todos los miembros del grupo catalán desplazados desde Barcelona aquella imagen. Los catalanes reivindicaban el trasvase del Ebro, pretendían decir que la nueva experimentación urbanística aplicada a Barcelona no convencía y que todo parecía haber sido una maniobra para frenar el ambicioso proyecto urbanístico que suponía la resisión del Plan Cornarcal de Barcelona de 1953, aprobado nor la extinguida Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y su Comarca en marzo de 1974, que era abiertamente atacado por los «propietarios de suelo», deseosos de poder seguir con la especulación inmobiliaria característica de los años de la «Barcelona de Porcioles». Albert Serratosa, que ha sido considerado como el padre de aquel plan, fue tildado de socialista, y hasta de loco, por querer establecer un plan director que preservara equipamientos públicos y consiguiera unos niveles medios aceptables de servicios y zonas verdes, poniendo coto a la especulación del suelo.

Desde aquellas fechas de 1974 las discusiones en torno al Plan General Metropolitano de Barcelona han sido muy arduas y las cifras de 20.000 ó 30.000 escritos de alegaciones y recursos presentados a cada fase de aprobación del Plan demuestran bien a las claras la magnitud de los intereses afectados y la predisposición de tales intereses a hacer gravitar sobre otros los problemas ocasionados por la necesaria limitación de los derechos de propiedad en función de las necesidades generales.

Dentro de esta línea, el Ministerio de la Vivienda se ve ahora enfrentado de nuevo a los miles de recursos de alzada que le han llegado hasta la fecha límite del 5 de agosto, en que finalizaba el plazo, para alegar contra la aprobación definitiva del Plan por la Comisión Provincial de Urbanismo. Es notorio que algunos de los propietarios afectados por limitaciones en fases previas han tenido «fuerza suficiente» para conseguir la desafectación de sus propiedades tras las prime as fases de información pública, pero es también notorio que son muchos miles los que no han tenido otro resorte que seguir la vía administrativa que ha dado a ganar mucho dinero a algunos traficantes de influencias pero que no siempre ha servido para «remediar» lo que el propietario afectado consideraba como injusta afectación. Esta experiencia piloto barcelonesa pone de manifiesto que en España no habrá manera de racionalizar sin trauma el urbanismo mientras no se acometan reformas de fondo respecto a la representación democrática en las instancias de Gobierno y Administración y mientras no se ponga coto a la práctica generalizada de tolerancia y fraude fiscal sobre la propiedad inmobiliaria existente. Con lo primero, se evitaría parte del tráfico de influencias sobre los intereses economicos ligados a la propiedad del suelo y a sus posibles utilizaciones urbanísticas, y, con lo segundo, se conseguiría que las exproplaciones fueran proporcionadas al valor fiscal del suelo, con lo que se conseguiría hacer desaparecer el doble mercado de precios del suelo (uno, el fiscal, y otro, el real de mercado libre) hoy existente.

Mientras no se creen instrumentos y se adecúen estructuras en este sentido, cualquier plan urbanístico futuro seguira siendo, como hasta ahora, una lucha de intereses económicos, y el porvenir de nuetras ciudades y nuestro habitat será prácticamente ingobernable.