Pasaportes y permisos de conducir

AL FIRMAR el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya aprobado por las Naciones Unidas, el Gobierno español asume ante la sociedad internacional las mismas obligaciones que había contraído, días antes, ante el propio país, a través de la Declaración Programática. Ambos documentos contribuirán a poner de relieve la tensión existente entre los valores y principios oficialmente aceptados y proclamados, por un lado, y las prácticas y comportamientos que desmienten su letra y atentan contra su espíritu, por otro.Sabemos que la tarea no va a resultar fácil, y mucho nos temernos que tampoco rápida. Bajo el franquismo, tuvieron que pasar cerca de tres décadas para que se promulgara la ley de Libertad Religiosa, y todavía está pendiente el candente problema de los objetores de conciencia, y ni siquiera planteado el del divorcio. La igualdad ante los Tribunales se halla recortada por la multiplicidad de fueros especiales y la ausencia de unidad jurisdiccional. El régimen penitenciario está lejos de aplicar un «tratamiento humanitario a las personas privadas de libertad».

Hasta que el tema fue declarado materia reservada, la prensa reprodujo en los últimos meses numerosos testimonios de que la tortura no es, desgraciadamente, cosa del pasado.

La libertad de expresión es ahora mayor que antes, pero todavía son grandes las trabas administrativas para la creación de periódicos, sigue vigente el impreciso, artículo 2 de la ley de Prensa y continúan siendo consideradas como «propaganda ilegal» las publicaciones de algunos partidos. Los primeros frutos de la política reformista la ley de Reunión, la ley de Asociaciones y la reforma de los artículos pertinentes del Código Penal- se demoraron durante meses y están por debajo de los mínimos democráticos que garantizan adecuadamente los derechos públicos subjetivos correspondientes. Para la celebración de elecciones mediante sufragio universal, igual, directo y secreto son necesarios varios pasos previos: la reforma de las Cortes, la promulgación de una ley electoral y la fijación de los ámbitos en que aquéllas serán efectivas.

Las invocaciones a la prudencia, los problemas técnico-jurídicos para derogar unas leyes y promulgar otras, la dificultad de someter a una estricta disciplina a los funcionarios que abusan de sus poderes: tales serán los argumentos que se esgrimirán para calmar las impaciencias de quienes lo exigen «todo y ahora».

Con independencia de distinguir lo que en estas explicaciones haya de pretexto o de fundadas razones, existen restricciones a las libertades y privaciones de derechos que han sido dictadas por vía administrativa y cuya inmediataanulación no tiene por qué demorarse ni un solo día.

Así, la denegación del pasaporte continúa siendo un acto discrecional del Gobierno.

¿Por qué? De nada sirve esa medida para impedir que los terroristas o los militantes de los partidos ilegales entren o salgan del país: lo hacen a su entera conveniencia y sin mayores problemas. Los únicos perjudicados son aquellos ciudadanos a los que la Administración ha castigado (la medida es claramente punitiva, no precautoria) a no viajar tranquila y pacíficamente al extranjero.

Otro caso de arbitrariedad, que en este caso linda con el ridículo, es la imposibilidad práctica en la que se encuentran las personas con antecedentes policíacos de cualquier índole (y, por tanto, también políticos) para sacar el permiso de conducir, dado que uno de los documentos de necesaria presentación es un certificado de buena conducta expedido por las comisarías. También en esta disposición el propósito punitivo y el espíritu de represalia es evidente. ¿Cómo se justifica que un estudiante o un trabajador con antecedentes políticos sean condenados de por vida a no poder conducir un automóvil o un camión?

Tal vez otras medidas democratizadoras o simplemente liberalizadoras tengan que demorarse algunas semanas o unos pocos meses por el rango de ley de la disposición que las ponga en vigor. Pero la concesión automática de pasaporte (y la atribución exclusivamente a los Tribunales de la potestad de retirarlos en función de procesos pendientes) y la anulación de la obligatoriedad del certificado de buena conducta para conseguir el permiso de conducir son decisiones que pueden adoptarse a nivel ministerial y en cuestión de pocos días.