Diálogo Gobierno-oposición

TANTO EL GOBIERNO como la gran mayoría de la oposición democrática -véase el documento del «grupo de los 32», o de «los 46»- se han mostrado dispuestos a negociar y, por tanto, a pactar. Cuál sea el contenido de las conversaciones y el acuerdo al que podría llegarse es un tema que conviene esclarecer y que debe ser objeto de reflexión.Adoptar una actitud negociadora implica, previa y necesariamente, la renuncia a mantener posturas maximalistas y a descalificar al interlocutor. Toda negociación parte de unos hechos indiscutibles y esta naturaleza tiene precisamente la existencia del Gobierno y de la oposición democrática. No cabe, pues, ponerse recíprocamente en entredicho, o negarse, mútuamente, legitimidad en base a meros apnorismos o presunciones. Tampoco cabe atribuirse representaciones o representatividades que serían igualmente presuntas. Los hechos están ahí y hay que partir de ellos.

Admitidos estos presupuestos y dado que el objetivo declarado de todos -Gobierno y Oposición- es la instauración de un régimen político democrático, el único contenido posible del pacto se refiere a la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres y a las condiciones en que han de desarrollarse. Ello exige, por parte del Gobierno, garantizar su celebración y, del lado de la Oposición, asumir el compromiso de participar, respetando los límites que derivan del propio objetivo de la convocatoria: defendiendo todo aquello, pero sólo aquello, que es esencial al sistema democrático de gobiemoydejando de lado otros temas, como la forma de Estado, que no son inherentes a la democracia o que, simplemente, son plenamente compatibles con ella. Poner en cuestión absolutamente todo lo existente impediría probablemente llevar a buen término la consulta electoral que se prepare.

El segundo aspecto del acuerdo es la ley electoral. Como es natural, debe ser elaborada con criterios equitativos y con participación de la Oposición. La normativa electoral ha de ser negociada. El Gobierno tiene que prescindir del propósito de «barrer para dentro» y la Oposición debe aceptar la regulación electoral, si resulta realmente democrática, sin excederse en matices marginales. Desde esta perspectiva y entre ambas partes debe arbitrarse también la fórmula más adecuada para que puedan participar los comunistas. De lo contrario, el Gobierno podría ser acusado de falsear la expresión de la voluntad popular, al no poder manifestarse ésta en una determinada dirección ideológica que goza hoy de una implantación real en medios intelectuales y obreros. La igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas es imprescindible. La reunión, en Roma, del Comité Central del PCE pone de relieve que el partido existe y es ridículo pensar que su no legalización resuelva realmente ninguno de los problemas de fondo.

Garantizadas, como es lógico, las libertades públicas con carácter previo a la pugna electoral, no habría necesidad de establecer otras cláusulas en el acuerdo. Los resultados que arrojasen las urnas serían ya el punto de partida legítimo y legitimado para continuar el proceso de transformación del sistema político vigente.

Creemos que no hay otro modo de salir del impasse actual. Y pensamos que las elecciones deben ser convocadas cuanto antes.