La oposición democrática, a favor de la negociación con el Gobierno

La necesidad de una negociación del poder con las fuerzas democráticas del país es el contenido más destacable del nuevo escrito de los 32, en el que personalidades independientes y de diversos partidos políticos, en todo caso pertenecientes a la oposición democrática, manifiestan su posición en relación con la declaración programática del Gobierno Suárez. El escrito, hecho público ayer -suscrito en esta ocasión por 46 personas-, responde a los deseos de diálogo expresados en la citada declaración, al tiempo que insiste en los puntos mínimos exigidos por la oposición para participar en un proceso auténticamente democrático.El primer documento de los 32 fue firmado el pasado 2 de julio y sus planteamientos hacían referencia a la política del Gobierno Arias. Coincidió prácticamente la difusión del documento con el cese del señor Arias, por lo que -según han manifestado a EL PAIS diferentes personalidades de los sectores representados en el escrito-, tras conocerse la declaracion programática del nuevo Gobierno, se pensó en emitir una respuesta ante la nueva situación planteada.

El escrito hecho público ayer -que se sigue vinculando a los 32 aunque en esta ocasión son 46 los firmantes- ha obtenido un mayor consenso, ya que son más los sectores que lo suscriben. Los 46 firmantes, que publicamos a continuación por orden alfabético de apellidos, pertenecen a los partidos Izquierda Democrática, Izquierda Demócrata Cristiana, Federación Popular Democrática, Federación Socialdemócrata, Federación de Partidos Socialistas, Partido Co-munista, Partido Democrático Popular, Partido Socialista Obrero Español (renovado), Partido Socialista Popular, Partido Democrático y diversos partidos liberales, amén de personalidades independientes:

Fernando Alvarez de Miranda, Oscar Alzaga, Rafael Arias Salgado, Manuel Azcárate, Enrique Barón, José Mariano Benítez de Lugo, Juan Camo Cortés, Carlos Bru, Ignacio Camuñas, Víctor Carrascal, Iñigo Cavero, Jaime Cortezo, Fernando Chueca, Carlos de Eizaguirre, Pedro de Vega, Francisco Fernández Ordófiez, Donato Fuejo, Fernando García Lahiguera, Juan Garcés, José Luis García de Mora, Paulino Garragorri, Joaquín Garrigues Walker, José María Gil-Robles y Gil Delgado, Felipe González, Luis González Seara, Luis Gómez Llorente, Enrique Larroque, José Ramón Lasuén,Francisco Laverón Iturralde, Armando López Salinas, Jaume Mira,lles, Raúl Morodo, Enrique Múgica, Joaquín Muñoz Peirats, Carlos Ollero, Ramón País, Vicente Piniés, Bernardo Rabasa, Joaquín Ruiz-Girriénez, Julián Santamaría, Joaquín Satrústegui, Ramón Tamames, Enrique Tierno Galván, Antonio Vázquez Alvarez, Luis Vega Escandón y José Vid al Beneyto.

Fuentes allegadas a los redactores del escrito han manifestado a EL PAIS, que el significado del documento es responder al envite que el Gobierno hizo a la oposición en su declaración programática.

Por otra parte, entre los firmantes ha producido malestar la omisión de algunos pasajes del documento hecha por algunos medios informativos. Según han declarado a EL PAIS algunos de los firmantes, la. alusión a determinados actos del Gobierno que desvirtúan muchas de las apreciaciones merecidas por su propia declaración programática y la manifestación de que el proceso constituyente ha de ser conducido por un Gobierno ampliamente representativo -que son las dos omisiones registradas por los citados firmantes-, son piezas insustituibles de la declaración, tanto más cuanto que esos punto, fueron objeto de especial negociación y su inclusión fue condicionante para la firma de algunos de los sectores que suscribieron el documento.

El texto íntegro del escrito es el siguiente:

«El pasado día 2 de julio, treinta y dos españoles pertenecientes a diversos partidos políticos de la oposición democrática y personas independientes de la misma significación suscribieron un documento dirigido a la opinión pública, en el que denunciaban la llamada «reforma constitucional» y el anunciado «referéndum», tal como ambas operaciones habían sido planteadas por el Gobierno entonces cesante del señor Arias. Al propio tiempo se expresaba la creencia de que no sería posible, ni viable, un futuro democrático español sin que se produjesen los tres hechos siguientes:

-Reincorporación a la vida ciudadana, con plenitud de derechos civiles y políticos, de cuantos españoles se encuentran aún en el extranjero o en prisión, procesados o sancionados por razones políticas.

-Vigencia efectiva de los derechos y libertades democráticas y libre constitución y actuación de los partidos políticos.

-Formación de un Gobierno ampliamente representativo de la comunidad nacional, que inicie y culmine, sin dilaciones innecesarias, el tránsito pacífico hacia una verdadera democracia.

La designación del nuevo Gobierno, por procedimientos no democráticos, y la publicación de su «declaración programática», nos obliga a manifestar nuevamente nuestra actitud ante la concreta y dificil situación política, social y económica del país.

Diálogo

De las declaraciones del Gobierno, valoramos el empleo de un lenguaje tinto al utilizado en análogas circunstancias por anteriores Gobiernos, ya que invoca principios democráticos, y porque, por primera vez, no sólo no se descalifica a la oposición, sino que se reconoce públicamente la conveniencia de un diálogo con ella, si bien, al propio tiempo, consideramos que determinados actos del Gobierno están desvirtuando muchas de las apreciaciones que inicialmente podrían haberse hecho.Por otra parte, plenamente conscientes de la extraordinaria gravedad de los problemas económicos que el país tiene planteados y de la insuficiencia de los propósitos anunciados por el Gobierno en esta materia, reiteramos nuestra convicción de que la solución de tales problemas resulta imposible desvincularla del establecimiento de un sistema de convivencia democrática y, en consecuencia, que la crisis económica en manera alguna puede aducirse como pretexto para posponer el adecuado planteamiento de los problemas políticos. Las decisiones que hoy es preciso adoptar en España para superar esta crisis y evitar situaciones dramáticas, exigen una concordia política que contribuya a crear las condiciones imprescindibles para la recuperación económica.

En cuanto al trascendente reconocimiento hecho por el propio Gobierno de que la «soberanía reside en el Pueblo», señalamos que ello supone la urgente necesidad de afrontar el cambio democrático, contando con la participación de todos los españoles en un proceso de carácter constituyente.

Negociación

Es evidente que el proceso de cambio a la democracia no puede dirigirlo unilateralmente el Gobierno -que carece para ello de la necesaria legitimidad-, sino que debe desarrollarse en todos sus aspectos mediante una negociación del Poder con las fuerzas democráticas del país, como insistentemente lo hemos venido preconizando. Ello significa que, manteniendo los tres puntos antes reproducidos de nuestra declaración del 2 de julio, el proceso del diálogo entre el Poder y la oposición se vería facilitado por:1. La desaparición del tratamiento arbitrario y discriminatorio en el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades democráticas.

2. El reconocimiento de una absoluta igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas en el acceso a los medios de comunicación de masas y, en especial, a la televisión, hoy monopolizada por el Gobierno.

3. La inmediata y efectiva posibilidad de que las fuerzas del mundo del trabajo puedan organizar su sindicalismo libremente, sin injerencias de ninguna clase.

4. El reconocimiento de la personalidad de los pueblos que integran el Estado español y del efectivo ejercicio de sus derechos.

5. El compromiso de que la organización del proceso electoral ha de hacerse con la participación de todas las fuerzas políticas, a fin de garantizar unas elecciones generales libres y competitivas, que permitan el tránsito pacífico a la democracia a través de un proceso constituyente, conducido por un Gobierno ampliamente representativo constituido a este fin.

En suma, los firmantes de este escrito contemplan con atención los propósitos enunciados por el Gobierno, pero manifiestan su convicción de que, sólo a través de actos concretos concertados entre el Poder y la oposición, será viable la transformación de la vida política española hacia una convivencia pacífica basada en la soberanía popular.»