Defenderá la supresión de la pena de muerte, la amnistía total y el retorno de los exiliados

La Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (AFAPP) promovida por los allegados, entre otros presos políticos, de aquellos a quienes se les conmutó el pasado año la pena de muerte, han iniciado las gestiones para su legalización.

Los familiares y amigos de presos políticos que han iniciado los trámites legales para el reconocimiento de la citada Asociación, son, entre otros, los de Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández Tovar -estos dos, condenados a muerte, pena que después se les conmutó por treinta años de cárcel-, Pablo Mayoral Rueda (condenado a treinta años) y Fernando Sierra Marco (a veinticinco), así como los de Manuel Cañaveras de Gracia, María Jesús Dasca Penelas, Concepción Tristán López -estos tres, condenados a muerte, pena conmutada por la de treinta años- y José Fonfría Díaz, condenado a veinte años de prisión.Algunos de estos familiares dieron cuenta a EL PAIS de la inquietud existente entre ellos, ante la posibilidad de que la amnistía anunciada por el Gobierno pueda no aplicarse a los presos políticos citados. Asimismo informaron sobre las deficientes condiciones de vida existentes en Carabanchel, desde la llegada del actual director de la cárcel, Antonio Rodríguez, y en los restantes penales a que han sido trasladados sus familiares, especialmente en los de Ocaña, Puerto de Santa María y Córdoba. Particularmente difícil es -según las mismas fuentes- la situación de la familia Sánchez Bravo, uno de los ejecutados en septiembre de 1975, algunos de cuyos miembros padecen afecciones mentales graves.

Los estatutos por los que se propone regirse la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos -una copia de los cuales ha sido facilitada a EL PAIS- consta de 44 artículos.

Para pertenecer a la citada asociación bastará alguna conexión familiar o amistosa con los presos políticos. Entre los objetivos fundamentales figura el ejercitar una acción social y humanitaria lo más extensa y profunda que sea posible, para lo que recurrirá, entre otros medios, a intentar la derogación de disposiciones superadas por anacrónicas y contrarias al ejercicio de las libertades políticas y democráticas, así como apoyará las normas legales encaminadas a la supresión definitiva de la pena de muerte, consecución de una amnistía total que suponga la inmediata libertad de todos los presos políticos y retorno de los exiliados.

Al mismo tiempo, la Asociación se propone una serie de actividades secundarias, tendentes a mejorar las condiciones de los presos políticos, ex presos y familiares de unos y otros, para lo que proponen un total de 20 medidas de entre las que destacan las mayores facilidades para comunicar con los presos -evitando, al menos para los hijos menores, los locutorios enrejados-, y atención médica y farmacéutica adecuada, especialmente en los casos de alumbramiento y enfermedad grave.

Entre las actividades en beneficio de las familias de los presos políticos, los estatutos de AFAPP prevén la ayuda económica a los padres ancianos que anteriormente vivieron del trabajo de su hijo preso político; a las esposas y a los hijos, proporcionando a éstos guarderías infantiles, educación idónea, atención médica y alimentación adecuada.

La disolución de la AFAPP se prevé en los estatutos si dejaran de existir presos políticos y sus restantes aspiraciones fueran asumidas por el Estado, así como si la asamblea general de la Asociación así lo decidiera.