La huelga de Correos

LOS TRABAJADORES de Correos han recurrido a la huelga por segunda vez en el presente año para protestar por la desatención de sus reivindicaciones económicas. El día 5 comenzó el paro en Barcelona; el 6, en Bilbao y Zaragoza; el 7, en Madrid, e inmediatamente en más de una decena de provincias españolas. Hasta anoche no se llegó a una solución aparente del conflicto.Esta huelga ha supuesto un grave perjuicio para nuestra situación económica y la sociedad toda: millones de envíos postales se amontonaron en buzones, salas de clasificación o sacas de Correos. La Banca, la Bolsa, numerosas empresas y relaciones personales, así como envíos de prensa, de medicinas y similares se vieron cortados y acumulados en las oficinas de Correos.

A la condición de servicio público del cuerpo de Correos, los trabajadores unen la de funcionarios, lo que limita aún más su capacidad reivindicativa laboral. Sin embargo, conforme reconocía el propio director general de Correos en declaraciones hechas hace dos días a EL PAÍS, «los trabajadores de este cuerpo son ejemplares y están muy mal pagados».

En el mes de enero el primer Gobierno de la Monarquía respondió a la huelga con la inmediata militarización del servicio, utilizada también en el caso del Metro, la Renfe, los bomberos y policías urbanos de Barcelona y los trabajadores de CASA. En esta ocasión los anuncios no consumados de militarización no lograron cambiar la actitud de gran parte de los huelguistas.

Las reivindicaciones de estos trabajadores eran tres, básicamente: aumentos salariales, que representantes oficiales han considerado necesarios y justos, libertad de los detenidos en enero -que permanecen en prisión-, de los detenidos estos días y sindicación para plantear con representatividad las reivindicaciones de estos trabajadores.

La falta de sindicación de los funcionarios públicos impide que puedan negociar con sus empleadores las condiciones de trabajo. En casos como en el que nos ocupa en que éstas no son satisfactorias, el descontento provoca la autoorganización de los trabajadores, que no es reconocida por la Administración. La pirámide reivindicativa va subiendo escalones de complejidad y de dificultad para enfrentarse a ella. Un empleado de Correos decía recientemente: «Lo que queremos es que nos reciban, que digan que existimos. Nos sentimos humillados porque para la dirección no somos nada. El único camino es la huelga con todas sus consecuencias para el país».

La actitud del director general dimisionario de Correos, al reunirse anoche con ocho miembros de la llamada Comisión de los Diez, ha mejorado así sensiblemente la situación.

La militarización, si se hubiera llevado a cabo, habría resuelto obviamente el hecho concreto del reparto de correspondencia, cuyo estancamiento causa graves daños económicos, pero a la larga no hace sino aplazar el conflicto y enconar las posiciones, como se ha demostrado después de la decisión de enero. Es necesaria la negociación, y para ello se necesitan representantes válidos que permitan que el pacto se cumpla. Mientras esto no se haga, los ciudadanos -las auténticas víctimas de la huelga- permanecerán indefensos en los casos de conflictos de servicios tan básicos como la sanidad, el correo, el teléfono o el transporte. Pero esta condición de servicios públicos no justifica inicialmente que los trabajadores de los mismos carezcan de los legítimos medios reivindicativos que tienen los demás.

Al mismo tiempo, es obvio que de manera inmediata se necesita una nueva regulación de la huelga que tenga en cuenta las situaciones de este tipo en dichos servicios públicos. Los sucesos de Correos y la que parece solución inicial deben servir de experiencia para el futuro. El diálogo suele ser mejor consejero que la fuerza.