El Consejo Nacional se resiste a desaparecer

En un segundo intento, la reforma constitucional elaborada por el Gobierno -relativa al sistema bicameral- consiguió el visto bueno -con reservas- de los consejeros adscritos a la sección primera del Consejo Najcional del Movimiento; los mismo que semanas antes rechazaron un informe claramente democratizador sobre el proyecto gubernamental. Una nueva ponencia -integrada por los señores García Hernández, Conde Brandés, García Carrero, García López, Gutiérrez Rubio y Ortiz Sánchez- presentó este nuevo informe que fue ayer aprobado -en sus líneas generales- por veinte votos, a favor, uno en contra y tres abstenciones.

La sesión de la mañana, que se inició a las, 10.30, se centró en su primera parte en la discusión sobre si el debate debía establecerle en las líneas generales del informe presentado por la nueva ponencia o en el examen minucioso del articulado, postura esta última que fue defendida por la mayoría de los consejeros.Antonio Pedrosa Latas abrió el turno de intervenciones con una fuerte crítica al informe al que calificó de confuso, evasivo y cautelar. Se refirió expresamente a que en la nueva redacción se había mantenido la permanencia de los 40 consejeros vitalicios de Ayete -el informe de la anterior ponencia, derrotando en esta misma sesión, presentaba la extinción de este grupo de consejeros-, mostrándose contraria a la misma.

El señor Pedrosa señaló que los 40 nombrados por Franco debían ser removidos, ya que si no, éstos ocuparían unos escaños en el Senado sin tener la confianza del Rey o responder a la voluntad popular, añadiendo que no debían mantenerse estos privilegios de origen.

El señor Pedrosa finalizó su intervención solicitando que se incorporara al informe la afirmación de que la soberanía, personalizada en el Rey, reside en el pueblo; que el Gobierno debe responder ante las Cortes y que las Cámaras deben tener potestades sobre la Administración.

Defensa del Movimiento

Gonzalo Fernández de la Mora -que sería a lo largo de la sesión uno de los consejeros con -más objeciones al informe- comenzó su intervención calificando el informe de ambiguo, cautelar, formalista, elusivo, no constructivo, y equivoco. A juicio del señor Fernández de la Mora, el texto enviado por el Gobierno entraba en «clara contradicción con alguno de los principios Fundamentales».

El consejero señaló, más adelante, que no podía darse como razón de la reforma la «muerte del Caudillo», pues «todas nuestras Leyes Fundamentales han estado pensadas por quien certeramente usó la frase de "atado y bien atado" para la etapa de la Monarquía».

Criticó también el que se afirmase que la reforma constitucional se hacía para una época de transición. «Sería un error gravísimo -dijo- considerar la Constitución como transitoria, porque eso significaría volver a la epilepsia constitucional del siglo XIX.»

Más adelante afirmó que el paso del caudillaje a la Monarquía no justificaba la liquidación del Movimiento, y que cuando en el informe se hablaba del Movimiento, sólo se le citaba como «comunión de todo los españoles», por lo que había que añadir «comunión en los ideales que dieron vida a la Cruzada del 18 de julio».

El señor Fernández de la Mora señaló también, que se corría el peligro de que el Movimiento desapareciera, y como conclusión, indicó que en el informe era elusivo el concepto del Movimiento y las relaciones entre las dos Cámaras y señaló que a su juicio estas relaciones no debían quedar en manos del Gobierno.

Tras una breve intervención del señor Adán García, en la que criticó «las pocas funciones que le quedan al Consejo Nacional», tomó la palabra Licinio de la Fuente quien hizo una ampla defensa de la reforma. «La reforma es absolutamente necesaria -dijo por muchas razones, entre ellas, porque tenemos que hacer viable la Monarquía.»

Necesidad de la reforma

El señor De la Fuente justificó la necesidad de la reforma, señalando que el proceso acelerado de transformación, de la sociedad española exigía adaptar los instrumentos políticos a la nueva realidad.

Pasó a continuación a afirmar que no había Contradicción de lealtades entre la debida al Rey y a Franco y que para hacer posible la Monarquía de Juan Carlos había que encararse con la reforma «pese a sus defectos e insuficiencias».

A continuación tomó la palabra Laureano López-Rodó para apoyar la tesis expuesta por otros consejeros de proceder al debate del articulado y no limitarse a sugerencias de los principios generales. La señorita Mónica Plaza abundó sobre estos extremos y puso especial énfasis en lo que consideró «omisiones fundamentales».

«Creo que el Consejo -dijo- debe asumir con valentía el pronunciarse clara y tasativamente sobre el Movimiento Nacional, el Consejo y la Organización Sindical y la propia ruptura del sistema de representación política». La señorita Mónica Plaza añadió que si el Consejo había servido en época de Franco se debía debatir si ahora debía subsistir o no.

Señaló también que se marginaba al Movimiento como institución. «El Movimiento ha sido la base sustantiva para hacer la política en este país -dijo-, ¿por qué ha de eliminarse?»

El consejero Antonio María de Oriol habló a continuación manifestándose de acuerdo con el nuevo informe, pero mostrándose disconforme con que el proceso de reforma se hiciera aceleradamente. «La reforma debe hacerse -dijo- sin urgencias ni apremios, porque ésto no están justificados». Se refirió a las presiones de los medios de comunicación social por acelerar los procesos y citó al respecto que en el año 1898 estas presiones condujeron a una guerra no querida por el pueblo. Contestó a los consejeros, por parte de la ponencia, José García Hernández, quien manifestó no considerar procejente el debate del articulado, ya que lo único encomendado al Consejo, era hacer una serie de observaciones al Gobierno. sobre el proyecto.

La intervención de la ponencia fue replicada por los consejeros señores Fernández de la Mora, Ruiz Jarabo, López-Rodó y la señorita Plaza insistieron en la necesidad de pronunciarse sobre el articulado.

A continuación el presidente, señor Fueyo puso a votación las líneas generales del informe que se aprobaron con veinte votos a favor, tres abstenciones (señores Fueyo, López-Rodó y Hernández Gil) y el voto en contra del señor Ortí Bordás, por no haberle concedido la palabra el presidente.