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Los trabajadores de Intelhorce investigan el paso de la empresa a un grupo privado

Una comisión elegida por el jurado de empresa de la fábrica textil Intelhorce, SA, se ha desplazado a Madrid para solicitar del ministro de Relaciones Sidicales, Martín Villa que les sea mostrado el contrato por el que se hizo el traspaso de la mencionada empresa de manos del INI a un grupo catalán de capital privado, según informan fuentes laborales.El motivo de está petición se basa en que la comisión considera que si los trabajadores conocen los términos y, muy especialmente, las condiciones laborales en que fue pactada la venta, tal vez se podría solucionar el conflicto, que actualmente tiene planteada la empresa malagueña. Desde que se realizó el traspaso, en el año 1972, los nuevos propietarios, de Intelhorce, el Banco Catalán de Desarrollo como mayor accionista, y otras empresas, comenzaron a desmantelar las dependencias de la factoría malagueña con el fin de trasladar todo el complejo, principalmente la maquinaria, a Barcelona.

Ante esta situación, que conduce a que la totalidad de la plantilla (3.126 trabajadores), se queden sin trabajo, los trabajadores insisten en la importancia que tiene para Málaga el impedir que tal gestión se lleve a cabo, pues «además de que los empleados entrarían a engrosar la impresionante cifra de 34.000 parados que acoge Málaga», supondría también el hundimiento de las pequeñas empresas que subsisten como auxiliares de Intelhorce.

Es de señalar que el presidente del INI, cuando se realizó la operación, Claudio Boada, pasó después a desempeñar el cargo de presidente del Consejo de Administración del grupo comprador de Intelhorce, agregan las citadas fuentes.

También resulta extraño el motivo de la venta de Intelhorce, ya que ésta funcionaba con ganancias y una completa normalidad laboral; y sobre todo, las condiciones de la venta: Intelhorce estaba valorada en más de cuatro mil millones de pesetas Y su precio fue tasado en 800 millones.

Ante estas circunstancias los trabajadores de Intelhorce han realizado manifestaciones y concentraciones pacíficas a fin de que las autoridades malagueñas no permitan el desmantelimiento de la fábrica y han realizado numerosas gestiones para comprobar las cláusulas del contrato.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de junio de 1976

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