El ejercicio de un derecho

AYER SE ejerció en Madrid, por segunda vez, desde el término de la guerra civil, el derecho de manifestación . Es un hecho, sí así se quiere, periférico en el contexto de nuestros problemas políticos, pero en sí mismo importante y que debe ser objeto de reflexión. Ha sido la segunda manifestación llevada a cabo en la capital del Estado español con arregló a lo dispuesto en la reciente ley de Reunión. Entre cuatro y cinco mil trabajadores de las industrias químicas han desfilado en silencio y perfecto orden por una zona obrera de Madrid de la Cruz de los Caídos al final de Julián Camarillo- sin que las fuerzas de orden público tuvieran que realizar otro trabajo que el de vigilancia y prevención.Esta manifestación -como la de hoy en Preciados, convocada por organizaciones ciudadanas de la capital desmonta los viejos mitos de la ingobernabilidad de este pueblo. La lucha por reivindicaciones políticas, sindicales o ciudadanas tiene una metodología que, regulada por ley, contribuye a desdramatizar las lógicas tensiones de toda sociedad viva.

Los manifestantes de ayer -como esperamos hagan los de hoy- han demostrado un civismo digno de encomio y los responsables de Gobernación han comprendido, autorizando ésta y otras manifestaciones, que la ley de Reunión debe ser entendida como fuente de garantías para los ciudadanos y no de garantías para quienes detentan el Gobierno.

Estos pasos concretos contribuyen así a rescatar fiabilidad para la tan controvertida reforma. Porque manifestaciones como las que se están produciendo ahora al amparo de la Ley no son probablemente del agrado del Gobierno. Y, sin embargo, la Ley se respeta por ambas partes.

Para que esta ley de Reunión se consolide como un sincero paso adelante hacia la democracia, sólo resta que las reuniones en locales cerrados puedan celebrarse también siguiendo la letra legal y no al socaire de una mayor o menor permisividad de la autoridad.

Las manifestaciones, por primera vez legales, que ahora se llevan a cabo en diversas ciudades españolas, ponen en evidencia que entre la permisividad graciosa y la fuerza existe el camino de las leyes democráticas. Como debe ser.