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"Juntas Generales" para las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa

En un corto plazo de tiempo volverán a constituirse de nuevo las Juntas generales de Vizcaya y Guipúzcoa, si el Gobierno respeta en su integridad el informe elaborado por la comisión que estudia el régimen administrativo especial para ambas provincias.No serán unas Juntas de carácter meramente honorífico o consultivo, al estilo de las que se reúnen en Alava al amparo del concierto económico, sino que tendrán capacidad legislativa y a los junteros -representantes de los municipios, según la más estricta tradición foral- les corresponderá elegir a los presidentes de las respectivas diputaciones.

Estos dos acuerdos de principio fueron conseguidos la pasada semana, durante la reunión en la que se discutió la ponencia sobre Gobernación. Esta ponencia ha polarizado el interés de las díscusione hasta este momento, ya que, de alguna manera, obligaba a definir el marco político de este primer intento descentralizador.

Las discusiones técnicas de anteriores informes quedaban en última instancia pendientes del marco general del acuerdo, que, en definitiva, era una decisión a adoptar en el orden político.

Aunque hasta ahora se carece de toda información oficial al respecto, hemos podido conocer en distintas fuentes que la ponencia de Gobernación ha quedado redactada de tal manera que, de cumplirse en todos sus términos -ocho artículos y una disposición transitoria- daría origen a un régiinen especial capacitado para cumplir muchas de las aspiraciones que hoy tiene el pueblo vasco.

La redacción de estos ocho artículos no ha sido cuestión fácil en el seno de la comisión, ya que varios de sus componentes eran contrarios a la electividad de los presidentes de Diputación por parte de las Juntas y otros eran partidarios de recortar a éstas cualquier poder legislativo.

Las voces que han hecho derivar el informe hacia posiciones más avanzadas -y que en un primer momento eran minoritarias- han partido de los representantes familiares y de algunos sindicales. El articulado, en su redacción actual, pretende llegar a una descentralización real, sin otro límite que el fijado por las normas de rango constitucional.

Admitido este principio, queda ahora por definir cuáles van a ser los recursos con los que va a contar la administración provincial. La próxima ponencia a discutir es la de Hacienda y posiblemente las posiciones serán tanto o más encontradas que lo fueron durante los debates de Gobernación. Una vez aprobadas estas pónencias, puede decirse que todas las demás serán una simple derivación de éstas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de junio de 1976

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