El fiscal pide que el "caso Matute" pase jurisdicción militar

Contra una decisión de la Audiencia Provincial de Tenerife ha recurrido al Tribunal Supremo -en petición de que pase a la jurisdicción militar- el fiscal encargado de la causa en la que aparecen encartados el inspector de policía José Matute Fernández, ex jefe de la Brigada político-social de Santa Cruz de Tenerife, procesado como presunto autor de un delito de homicidio y otro de coacciones, así como un cabo primero de la Guardia Civil, como presunto encubridor.El recurso del ministerio fiscal se fundamenta en la condición militar del guardia civil que aparece complicado en los hechos.

Después de practicarse las investigaciones judiciales -que según el propio sumario se vieron obligadas a superar, constantes dificultades a lo largo de 20 días ante la actitud de los interrogados, dispuestos a mantener muros de silencio-, la Autoridad judicial ordenó la prisión preventiva: en Madrid del inspector jefe de la Brigada político-social de Santa Cruz de Tenerife, José Matute, Fernández, cinturón negro de judo, como principal encartado de un delito de homicidio en la persona del obrero Antonio González Ramos, presunto miembro del Partido de Unificación Comunista de Canarias, que dejó viuda y cuatro hijos, el mayor de 13 años.

Según el auto de procesamiento, los hechos, con carácter de indicio, se desarrollaron la noche del 30 al 31 de octubre de 1975. Antonio González Ramos fue detenido en su domicilio La Laguna y sometido a interrogatorio por el inspector Matute, quién a lo largo de cuarenta y cinco minutos intentó hacer confesar al detenido donde escondía unos supuestos explosivos que se sospechaba estaban en poder de éste para la ejecución de actos subversivos. Según dice el sumario,«mientras el detenido tenía esposadas las manos a la espalda tan fuertemente que luego aparecerían erosionadas, el inspector Matute le golpeó repetidamente con la mano abierta en el cuello, propinándole rodillazos en el estómago, arrinconándole contra la pared y, una vez derribado en el suelo y en posición de cúbito supino, se dejaba caer con las rodillas sobre la caja torácica y boca del estómago, ocasionándole según reveló la autopsia, fractura de la segunda a séptima costilla izquierda, así como la quinta, sexta y séptima costilla derecha, fracturándole asimismo el esternón con hemorragia en el mediostino interior y produciéndole asimismo múltiples lesiones, con hígado desgarrado y con hematomas en celda renal derecha, alcanzándole la columna vertebral, en la que se dio lugar a una ligera infiltración sanguínea, lo que causó la muerte del señor Antonio González Ramos, sobre las tres y media de la tarde en ese día».

Más adelante, dice el autor de procesamiento que «al objeto de ocultar los hechos y evitar la acción de la justicia, se intentó hacer pasar el delito por suicidio». En nota oficial hecha pública en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador, civil, se vino a decir que Antonio González, Ramos se había arrojado repentinamente de un vehículo policial en marcha. Las dificultades que la autoridad judicial encontró en el camino de la investigación estaban basadas en las presiones efectuadas sobre testigos presenciales de los hechos, en el sentido de estar amenazados con frases como silencio o ejecución y más vale un cobarde vivo que un valiente muerto.

Al parecer todo se clarificó cuando el cabo que había practicado la detención, junto con el presunto homicida, puso a sus superiores en conocimiento de las amenazas del inspector Matute que pesaban sobre él.