Pocas dificultades en las Cortes para el primer proyecto reformista

Casi veinte horas le sobraron a Torcuato Fernández-Miranda, del total de veinticuatro que había previsto, como máximo, para el debate por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley de reunión, que ayer fue aprobado por el Pleno de las Cortes, con sólo cuatro votos en contra y veinticinco abstenciones. En la defensa del proyecto, el vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga -en una intervención de cincuenta minutos, que se resume en otro lugar de esta misma página-, lo calificó de primer paso lógico e importante del plan de reforma política del Gobierno.

La inauguiración del procedimiento de urgencia -que tanto revuelo había originado, especialmente en los sectores menos reformistas de las Cortes- no ha podido ser más tranquilo. A excepción de los antiguos y obligados aplausos entusiásticos -que ayer brillaron por su ausencia- a los miembros del Gobierno, y de ciertas reticencias a la reforma en marcha, por parte de algunos de los escasos oradores, por lo demás, las Cortes cumplieron ayer'su función habitual durantelos últimos cuarenta años: decir disciplinadamente amén a los proyectos del Gobierno.¿Se reservan los procuradores para más importantes batallas reformistas? ¿Es una vil calumnia lo de la oposición institucional? ¿O están plenamente de acuerdo, el Gobierno y, las instituciones, cuya modificación está ya sentenciada?

La jornada legislativa de ayer no ofrece respuestas categóricas para estas preguntas, pero sí cabe afirmar que, el ambieinte que se respiraba en el hemiciclo, en el bar, en los pasillos de las Cortes, era, al menos por parte del sector más conservador e inmovilista -que constituye mayoría- de desesperanza, desánimo, frustración.

Una anécdota sintomática, cuyo protagonista reservamos por discreción, avala la anterior impresión. Durante los debates sobre el proyecto de ley de reunión, en quelas palabras manifestación, partidos, libertad, derechos, se pronunciaban sin adjetivaciones descalificadoras (tales como subversivas o judeo-masónicos), un veterano procurador manifestó: «Noto como si me encontrara en un combate, en el que las balas silbaran muy cerca de mí. »

Sin embargo, y a pesar del ambiente de derrota, las Cortes no han podido hacer más que lo que siempre hicieron durante esta larga, etapa orgánica.

El resultado legislativo de lajornada, despues de casi cinco horas de deliberaciones, arroja la inclusión de tres leves modificaciones, que constituyen en realidad una concesión de la ponencia. La primera consiste en la supresión de un párrafo en el preámbulo de la ley. Se trata de la alusión al carácter circunstancial del proyecto de ley, «que no persigue una regulación paradigmática del derecho de reunión, sino el establecimiento de una normativa adecuada -decía el proyecto del Gobierno- a las exigencias del aquí y del ahora».

La petición de la supresión del párrafo fue realizada por Antonio Rosón (que intervino en nombre del Grupo, parlamentario independiente), quien se resistía a admitir que la regulación del derecho de reunión tenga un reconocido carácter coyuntural.

Las otras dos modificaciones -consecuencia de diversas en miendas- incorporan respectiva mente, al final del apartado a del artículo 10, que la autoridad velará especialmente por evitar la aproximación de los manifestantes a determinados edificios públicos, diplomáticos y militares, y en el apartado 2 del artículo 13, que el recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación pondrá fin a la vía administrativa.

Menos suerte tuvieron los procuradores de los grupos parlamen tarios más conservadores. Peris Gimeno, por el grupo Unión del Pueblo Español (UDPE), pre tendía que se incorporara un nuevo artículo, el 14, en defensa de quients resultaran terceros perjudica dos en una manifestación. Se tra taba de crear una acción,para po der pedir el resarcimiento de daños y perjuicios contra los promotores de reuniones y manifestaciones.

Por su parte, Emilio Lamo de Espinosa (por el grupo Acción Institucional), deseaba que el derecho de reunión se regulara junto al de asociación y que, en cambio se distinguiera netamente entre la reunión y la manifestación. Esta últimadebería tener un tratamien to específico. Asimismo, expresó el peligro de que, por quedar excluídas las correspondientes figuras penales en la fútura refoima del Código, se produjera una per misibilidad hacia reuniones que son ilícitas, pero que dejarán de serlo.

Desde posturas más democráticas y abiertas que la del Gobierno, intervinieron también los señores Angulo Montes (Grupo parlamentario de Unión Democrática Española -UDE-), quien además de obtener la modificación del artículo 13- recordó que la nueva ley obviará ya el actual recurso a las reuniories en las iglesias y en los colegios profesionales, y el señor Regalado Aznar (Grupo parlamentario independiente), que no logró evitar las excesivas atribuciones que la ley concede a los gobernadores civiles para la prohibición de reuniones.Por la ponencia, presentó el proyecto de ley ante el Pleno, el señor García-Valdecasas, quien aludió a su oportunidad.

En respuesta a los observantes intervino el señor Díaz-Llanos, quien rebatió, sin demasiado entusiasmo, los argumentos de su compañero de grupo parlamentario, Lamo de Espinosa. Ante las alusiones a lo opinable del tema, el presidente de las Cortes le advirtió que la ponencia, sin embargo, debería ofrecer una opinión única. Ante unas alusiones personales hacia el señor Angulo -en el turno de réplica-, de nuevo el señor Fernández-Miranda llamó la atención al señor Díaz-Llanos para pedirle que objetivara sus argumentos. A propósito de la intervención del señor Peris, el mismo ponente interpretó que también. se pedía indemnización por los daños ocasionados por la fuerza pública. Ante los rumores que se originaron en el hemiciclo, el presidente dijo, con calma: «Sosiéguense los señores procuradores».

Más felices. fueron las intervenciones del ponente, señor Alvarez Romero, que rebatió con argumentosjurídicos a sus oponentes y, en los tres casos citados anteriormente, aceptó las sugerencias de los procuradores.

En resumen, una sesión legislativa que no ha respondido a la expectación suscitada por el procedimiento de urgencia, y que ha resultado tan fácil para el Gobierno como en los mejores tiempos del Régimen.