"La defensa a ultranza del orden callejero comporta un coste social altísimo"

«Tengo la profunda convicción de que la tendencia al mantenimiento a ultranza del orden callejero -por supuesto, de un determinado orden- es una comodidad que a largo plazo tiene un coste social, altísimo, con el que no tenemos derecho a gravar a las nuevas generaciones que ya hoy se encuentran a las puertas de la vida pública», dijo el ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, en su defensa ante el Pleno de las Cortes de su proyecto de ley regulador de los derechos de Reunión y Manifestación.En un discurso extenso, académico, lleno de citas históricas y de referencias al pasado -una auténtica lección magistral-, el señor Fraga analizó el nacimiento y desarrollo de las libertades políticas con gran amplitud, antes de referirse a la actualidad española, en cuyo contexto de reforma global se inscribe este proyecto de ley.

«Cuando el Gobierno de Su Majestad el Rey y el país entero -dijo también el ministro en su discurso- han tomado decididamente la senda de una reforma democrática del sistema institucional, es evidente que se impone un cambio radical en la consideración y tratamiento del derecho de reunión. Un cambio que viene exigido no sólo en virtud de planteamientos ideológicos, sino ante todo por estimaciones puramente programáticas. Todos estamos de acuerdo en que el orden público es un valor capital de la convivencia ciudadana: pues bien, no estará de más recordar que el orden público no consiste sólo en el "mantertimiento de la paz interior", sino también, y muy principalmente, en "el libre- y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, reconocidos en las leyes'. Son palabras literales, como muy satien sus señorías de la vigente Ley de Orden Público de 1959, sabias palabras producto de una vieja conciencia jurídica que deberrios recordar, recuperar y revitalizar.»«Lo que quiero decir con todas estas alusiones, es algo bien simple: que es inútil desconocer y reprimir sistemáticamente como anorrrialidades las demandas sociales primarias, que estas demandas, tendentes a lograr la expresión de actitudes colectivas sobre la cosa pública, no se satisfacen con sucedáneos masificadores de la subcultura artística o deportiva; y que, en definitiva -y aquí hablo ya desde mis responsabilidades como ministro de la Gobernación- el mantenimiento del orden público es a la larga imposible si no se consigue un ejercicio pacífico, habitual y jurídicamente garantizado de los derechos fundamentales de expresión colectiva.»

A continuación, el ministro analizó el actual estado jurídico regulador de los derechos de reunión en nuestro país. Ni la ley de 1880, ni la orden Circular de la Subsecretaría del Interior de 1939, que derogó a la anterior, son válidas para el momento presente, dijo, ya que aluden a un contexto social muy diferente o responden a circunstancias excepcionales.

Orden con libertad

En sus consideraciones finales, el ministro de la Gobernación recordó a los procuradores que este no es un proyecto aislado, sino que, al someterles, como vicepresidente del Gobierno, y por delegación del presidente, este proyecto legislativo, «estoy inaugurando una histórica serie de debates en estas Cortes, en torno a un proceso legislativo de la mayor trascendencia para nuestro país».

«Es la primera -añadió- de una serie de reformas que, por una parte, confirman y refuerzan nuestro Estado; por otra, la ponen al día, ensanchan, su base, lo ponen más de acuerdo con la realidad de la sociedad española de los años 70, y en definitiva lo acercan a los países de su conjunto geopobtico y cultural. Al decidir vuestro voto, debéis considerar que estamos construyendo la España de nuestros hijos.»

«Frente al inmovilismo frustrador, basado en la desconfianza hacia nuestro magnífico -pueblo, y frente a las posiciones utópicas, aventureras o resentidas de este o aquél grupo de rupturistas o revolucionarios, os cabe, señores procuradores, el orientar el cambio social y enderezar el rumbo legislativo por la vía de la reforma.»

« Un país políticamente civilizado es aquél en que hay orden con libertad; es decir, que ni el orden es sacrificado a la libertad, ni la libertad es suprimida para mantener el orden. Es, por lo tanto, un Estado, en el que existe todo el poder necesario para el bien común, y se le usa con toda, energía, cuando es necesario; pero, al mismo tiempo, se cree en la moderación del poder, y éste no se usa en contra de la legítima libertad, en cuya capacidad creadora se espera también.»

«El ciudadano no es libre más que en un Estado libre. Un Estado no es.libre más que si es fuerte y sin peligros inminentes; y para ser fuerte ha de apoyarse en una ancha base social y en una legitimidad reconocida. Ha de ser capaz de evitar grandes concentraciones de poder económico y social, en una sociedad verdaderamente pluralista, y con tendencia a la igualdad.»

« Dentro de nuestro plan de reforma política, esta ley marca, pues, un primer paso, a la vez lógico e importante. Os pedimos vuestro voto favorable; lo hago pensando en una España más libre, y también más fuerte; más capaz de acometer un futuro que, es ya presente. Que vuestro voto sea confirmación de que todos trabajamos en el mismo espíritu, al servicio del Rey y de España.»