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Las Cortes aprueban la primera reforma del Gobierno: la ley de Reunión

Toda la oposición quedó en cuatro votos

En cuatro votos en contra y 25 abstenciones quedó toda la oposición de las Cortes al proyecto de ley de Reunión que, junto a la victoria de Adolfo Suárez como consejero nacional del grupo de los cuarenta, frente al yerno de Franco, han supuesto dos victorias de los reformistas, ante las reticencias de los integristas.

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El primer proyecto del programa reformista del Gobierno Arias fue aprobado ayer por el Pleno de, las Cortes, con tan sólo cuatro votos en contra y 25 abstenciones. El proyecto de ley que regula los derechos de reunión y manifestación fue sometido a debate poi el procedimiento de urgencia ante unas Cortes aparentemente displicentes y poco combativas. Las esperanzas reflejadas en los medios informativos estos últimos días en torno a una sesión que se presuponía controvertida y con posibilidades de ofrecer grandes debates parlamentarios, se han visto defraudadas ante una jornada legislativa dominada por el tedio y la ausencia de interés.El proyecto fue defendido ante el Pleno por el vicepresidente y ministro de Gobernación, Manuel Fraga, quien lo calificó de «primer paso lógico e importante del plan de reforma política del Gobiemo». El señor Fraga afirmó en un mo mento de su largo parlamento que «el mantenimiento del orden pú blico es, a la larga, imposible si no se consigue un ejercicio pacífico, habitual y jurídicamente garantizado, de los derechos fundamenta les de expresión colectiva».El ministro pidió el voto favorable de los procuradores para este primer proyecto «que form a parte del proceso de participación y re cambio en toda comunidad políti ca progresiva» y les ilidicó que frente al inmovilismo frustrador y las posiciones utópicas, aventureras o resentidas de los rupturistas, les cabila el orientar «el cambio social y enderezar el rumbo legislativo por la vía de la reforma. Las observaciones de los representantes de los grupos parlamentarios, señores Rosón (independiente), Peris (UDPE), Lamo (Accion Institucional) y Angulo (UDE) fueron respondidas por la ponencia, que finalmente aceptó tres leves modificaciones que no variaron lo esencial del proyecto. Los cuatro procuradores votantes en contra del proyecto fueron Manuel Mendoza -familiar por Badajoz-, Eduardo Ezquer -familiar por la misma provincia-, José Luis Zamanillo -consejero nacional designado por Franco- y Miguel Gatell -empresario del Sindicato de la Ganadería.

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