Martín Villa, por el "pacto social"

El pacto social «podría ser una meta a la que podríamos llegar los españoles partiendo de las reformas que se propician hoy en el sindicalismo; de tina labor en la que estamos comprometidos a llevar a feliz término y que se encamina hacia un mismo fin: el logro de la armonía entre nuestros principales órgano s sociales, pero no de una manera impuesta, sino como resultado de un amplio consenso integrador presente en el primer mensaje de la Corona».Con estas palabras concluyó la intervención del ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa en el Club Siglo XXI, ante cuyo auditorio expuso los diversos aspectos que confluyen en la consecución del pacto social.

Para el señor Martín Villa, el pacto social entraña el reconocimiento de una participación directa en la acción política de los sindicatos obreros y asociaciones empresariales, «y su alternativa está constituida por la intervención del Estado, que regula directamente las condiciones de trabajo o fija coactivamente los ritmos de mejora de dichas condiciones».

En lo que a España se refiere, el ministro de Relaciones Sindicales señaló que, «superada la autarquía económica y mejoradas las condiciones de los trabajadores, el papel del Estado no puede ser ya monopolizador y son ahora los interlocutores sociales, las organizaciones profesionales, los que conciertan mutuamente y con el Estado la fijación de los grandes objetivos de la política económica y social».

Crisis económica y pacto social

Con la agudización de la crisis económica, que supuso el fracaso de las políticas ordenancistas en la regulación del trabajo, los gobiernos se ven forzados a pactar con sindicatos y empresarios dos cuestiones fundamentales: el propósito de evolución económica, expresado generalmente en el Plan, y su oferta de bienes y servicios sociales, expresada habitualmente en el presupuesto.El pacto social, considerado por el ministro como solución para garantizar el progreso económico y la paz social, resulta absolutamente necesario en las críticas circunstancias en las que se encuentra la economía del país «ya que siempre será más provechoso para las partes interesadas llegar a una solución negociada de los conflictos, que el intento de resolverlos por procedimientos coactivos o violentos».

Condiciones del pacto social

Entre los supuestos previos de un pacto social, el señor Martín Villa aludió, en primer lugar, a la representatividad de los interlocutores sociales, «de manera que los acuerdos suscritos sean considerados como algo propio por unos y otros», aspecto éste íntimamente ligado a la reforma sindical, mediante la cual, el Estado suministra el marco de las libertades, dejando en manos de empresarios y trabajadores y de sus organizaciones su estructura.Otro condicionante previo, citado por el ministro, es la existencia de órganos de encuentro institucionalizados, entre ellos un Consejo Económico-Social como marco adecuado para el pacto social y en el que se asegure la participación de empresarios y de trabajadores en cuestiones económico-sociales y en la formulación de la legislación relativa a sus intereses y de las líneas maestras del desarrollo económico-social.

En este aspecto, el ministro se extendió en la explicación de los aspectos de la reforma sindical ya proyectada, con particular incidencia en lo que supone de reconocimiento y adecuación a los principios mantenidos por la OIT. «La reforma constitucional prevista -dijo el señor Martín Villa- permitirá el reconocimiento y garantía de los derechos sindicales, de acuerdo con los convenios internacionales, y garantizará el respeto de los derechos de los trabajadores y empresarios y el pleno ejercicio de los mismos en los distintos planos, debiendo adaptarse a la nueva regulación sindical las normas establecidas sobre convenios y conflictos colectivos, todos ellos, partiendo de unos principios, de autonomía y libertad.»

El pacto social, dijo más adelante el ministro, no requiere una alianza de intereses, pues cada una de las partes mantiene los suyos propios, y se inserta en una actuación de conjunto que comprende la política económica y la política social y trata de conseguir los objetivos de los interlocutores sociales, con la intervención del Estado, pero partiendo de la actuación responsable de sus protagonistas.

Aludió también el ministro a la necesidad de una reforma fiscal profunda, como aportación de los medios necesarios para enjugar los déficits sociales, conjugada con el ejercicio de una libre iniciativa empresarial privada, « que se revela más eficaz que la del Estado para la promoción de la riqueza, cuya distribución más justa debe ser el objetivo esencial del pacto».

El ministro concluyó señalando los posibles efectos del pacto social, así como las ventajas y concesiones que representa para cada uno de los protagonistas del pacto tripartito. Al Gobierno se le facilita la colaboración de los grandes grupos de intereses del país; el empresario consigue la paz social y, como contrapartida, restringe su autonomía de gestión a nivel de empresa, y los trabajadores, por su parte, ven garantizada su intervención directa en la formulación de los objetivos de la política económica, incorporando sus supuestos y sus reivindicaciones a esa política.

Como efecto final de la consecución de un pacto social, él ministro de Relaciones Sindicales señaló el afianzamiento y consolidación interna que ofrece a los sindicatos, así como la consagración de su independencia frente a los partidos políticos.