Vuelve a pedir la dimisión de Rafael Díaz Llanos

La junta general extraordinaria de la delegación de Pontevedra del Colegio Central de Economistas acordó ayer solicitar la inmediata dimisión de Rafael Diaz Llanos, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, y la de todos los miembros que componen la mesa permanente del citado organismo. Con la manifestación de su más enérgica repulsa por la medida de invalidar las recientes elecciones, la delegación gallega se suma al millar de asociados que han solicitado la convocatoria de inmediatas elecciones.

La citada mesa permanente, por su parte, acaba de enviar una circular a los colegiados en la que contesta a la de la junta electa -candidatura Unitaria y Democrática- en cinco puntos. La nota se refiere al «deseo indubitado de la Mesa» de que puedan celebrarse próximas elecciones. Pero la Mesa afirma que, para ello, es necesario que se proceda a la legalización inmediata del ámbito territorial por parte de Presidencia del Gobierno, «a cuyo efecto se eleva el correspondiente escrito y expediente rogando la máxima urgencia en la tramitación». La presentación de este escrito fue adelantada por EL PAIS el pasado 6 de mayo, sin que aún se tenga noticia del estado de las gestiones.La legalización que solicita el señor Díaz Llanos, a través de la mesa, es la que ellos mismos propusieron el 20 de febrero de 1975, que adjudica al colegio central, a efectos electivos, 17 provincias. No acepta, en este sentido, la tesis de la propia Presidencia de que concede al central 45 provincias, de acuerdo con una orden ministerial de hace varios años. En su nota, el consejo general parece indicar que no aceptará una celebración de elecciones que no responda a su criterio.

La junta electa, por su parte, ha informado a EL PAIS que «imponer esta condición previa a la celebración de elecciones constituye una nueva maniobra dilatoria para evitar que el Colegio Central cuente con una junta representativa». Y han añadido: « Suponer que la Presidencia del Gobierno, en breve plazo, va a aprobar por decreto el reparto territorial acordado por el Consejo, no habiéndolo hecho en el más de un año transcurrido desde aquella decisión, es, realmente insostenible». Y más, teniendo en cuenta que la decisión que en este asunto tomara la actual junta de oficio de Madrid podría ser contestada en el futuro.

La posición de la citada junta electa -que sigue estudiando la interposición del correspondiente recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Supremo- es someterse a inmediatos comicios para que se normalice la situación del colegio de Madrid. En base a este criterio, aceptan la decisión de territorialidad que permita convocar más rápidamente las elecciones, aunque propugnan la necesidad de que los ámbitos de cada colegio se corresponda con las «nacionalidades y regiones del Estado español».

La conclusión de todo este asunto viene a reforzar la posibilidad de que no puedan convocarse los comicios con la prontitud que desean los colegiados y necesita la corporación, paralizada desde hace dos años.