"A César, lo que es del César"
Hace sólo unas semanas, y con motivo de la subida del impuesto municipal, algunos medios de difusión, con el atrevimiento que permiten las circunstancias, alzaron su voz y expusieron sus argumentos en defensa del usuario.La parte afectada con esta tímida protesta (el Estado) se apresuró, a través de órgano tan importante como el Gabinete de Prensa del Ministerio de la Gobernación, a publicar una enérgica nota que no dejaba lugar a duda ni a apelación. Había que pagar. Hasta el propio señor ministro remachaba en televisión la actitud oficial, refiriéndose de pasada «a lo poco serio de las críticas, ya que el usuario reclamaba de un modo constante mejoras que había que financiar».
En otra entrevista hecha a tres alcaldes de otras tantas grandes ciudades -sentimos no recordar sus nombres- uno de ellos aseguraba que los impuestos provinientes del tráfico sólo cubrían una sexta parte de los gastos que producía el tráfico urbano.
En el caso del señor ministro podría parecer falta de respeto opinar que él, por su condición, no tiene problemas de aparcamiento o que rara vez se verá envuelto en el angustioso caos del tráfico. En el caso de los alcaldes, convendría extenderse un poco más, ya que, como su propio nombre indica, municipales parecen ser las necesidades y municipal es la idea que originó el impuesto.
El coche nacional más barato paga -sumados todos los conceptos, partiendo del precio de fábrica- un 18 por 100. El más caro de los 79 modelos existentes en el mercado, el 24 por 100. La media aproximada, cotejando los precios de todos, sobrepasa el 20 por 100.
Aquí sólo se habla de automóviles de turismo y tampoco se tienen en cuenta los posteriores impuestos de posibles transferencias, el «papeleo» -carísimo- los impuestos sobre el carburante, la incidencia como propietario en la declaración sobre la renta, impuestos sobre recambios, accesorios, lo que cuesta el carné de conducir, peajes y alguna cosilla más, que por múltiple queda olvidada en el tintero.
Seguros estamos de que, con la suma de estos impuestos, y bien administrados, los ayuntamientos españoles cubrirían más de la sexta parte de los gastos que el automóvil origina en las ciudades. Pero poco parece ser el dinero obtenido y, además, las necesidades van mucho más allá del ámbito de las ciudades.
Mucho me temo que nuestros municipios, una vez que hayamos terminado de pagar, van a tener que seguir ingeniándoselas a pesar de la subida para cubrir con otros impuestos las molestias que causamos, y ellos, además, mejor que nadie van a comprender que parte del dinero que paga el automóvil tiene que destinarse a suprimir los 1.832 puntos negros existentes en nuestra red viaria en los que se producen el 25 por 100 de los 8.113 accidentes con víctimas que hubo en las carreteras españolas en un sólo año. Si después de estas mejoras urgentes quedara aún presupuesto podríamos, por ejemplo, comprar los terrenos necesarios para construir pistas de comprobación de frenado, medida ésta obligatoria en toda Europa desde el año 1968 y sin aprobar en España (que es miembro de los acuerdos de, Ginebra) por falta de medios técnicos. Instalar en todas las provincias españolas centros adecuados de comprobación estatal que permitan revisar automóviles que han circulado por nuestras carreteras veinticinco años abandonados de la mano de Dios.
