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Reportaje:

Continuidad, reforma, ruptura

«Un gobierno libre no será capaz de mantenerse si no puede corregirse mediante sus propias leyes. » Fue Montesquieu el que escribió estas palabras, hablando del Imperio Romano. Vienen a cuento, hoy, para enjuiciar el problema de la reforma constitucional española, tan comentada, aludida y -por supuesto- manoseada en estos tiempos. Reformismo; continuismo; ruptura. ¡Cuántos mi les de palabras se han vertido a causa de los tres vocablos! Y, sin ánimo de ofensa para nadie, ¡qué pocas veces se ha examinado con serenidad desapasionada el ton do de la, cuestión quisieramos despojarnos de la opinión subjetiva en tema de tan polémica trascendencia, para enumerar fríamente la situación del asunto tal y como lo vemos. Creemos que nada ayudaría a ilustrar al lector tanto como-, ofrecerle una panorámica del campo en que se desarrolla esta impcirtante con tienda. Informarno es apasionarsel ni quiera tratar -de convencer al que lee, sino ayudarle a formar un juicio. Cuanto mayor sea el número y más exacta la, composición de los elementos aportados a la explicaciónl, más fácil.será el que los españoles se interesen de verdad por las tareas políticas, de las que hasta la fecha, según las últimas estadísticas, se hallan peligrosamente alejados en un estado de mayoritaria indiferencia, alimentado quizás por un profundo escepticismo.Termina el aislamiento español

La desaparición del general Franco de la cumbre del Estado y su sustitución por elRey Don Juan Carlos sin traumas visibles, inauguró en el pasado noviembre el curso de la Monarquía. Aunque prevista en los textos, la nueva forma de Estado no había tenido vigencia, pues los períodos en que el Príncipe don Juan Carlos actuó con carácter temporal, durante las dos enfermedades de Franco, en 1974 y 1975, no fueron sino el simple ejercicio de mandatos temporales previstos en la ordenación constitucional. El Rey, recién instaurado, trazó en el Mensaje de la Corona las líneas de lo que deseaba que fuese su reinado en cuanto a contenido social y político. La presencia de altos dignatarios extranjeros en los actos públicos de la asunción del Poder reveló simbólicamente y de modo evidente dónde se hallaba una de las causas la, má importante sin duda de la sis temática, hostilidad con que e régimen español era acogido en su vertiente internacional por parte de naciones y gobiernos que, lejos de hallarse en la órbita totalitaria de la izquierda marxista, se alineaban en la galaxia -de las democracias occidentales liberales,- conservadoras o socialistas-pero -en cualquier caso contrarias al- avasallamiento soviético. Los países representados eran defensores de una sociedad plural, con, libertades individuales y sindicales en pleno rodaje y parlamentos libremente elegidos con sistemas económicos de carácter mixto, de sectores públicos y privados, compartiendo el proceso de la producción y de fencliendo, en suma, el doble principio de la soberanía popular y del consentimiento de los go bernados como base del poder público.

Era indiscutible y resultaba necesario adecuar a la realidad social española y las instituciones políticas. Durante cuarenta años, la excepcional concentración de poder asumida por Franco y las no menos excepcionales circunstancias en que lo alcanzó, hicieron que el armazón diverso de leyes, principios y órganos de consejo, representación y decisión ejecutiva, y que fueron estableciéndose, gradualmente, con parsimonia deliberada a lo largo de las cuatro dédadas no tuvieron en realidad función importante que realizar. Para nadie es un secreto que en vida del Caudillo, ni el Consejo del Reino tuvo grandes tareas que llevar a cabo, ni el Consejo Nacional fue convocado. para intervenir en las históricas ocasiones, ni las Cortes enmendaron sustancialmente un proyecto de ley, ni creemos que el Gobierno registrara una votación adversa en el hemiciclo. De los distintos gabinetes podría decirse, asimismo, sin ánimo de ser irrespetuoso, que contaban poco a la hora de mantener una línea política independiente con el monolitismo del poder supremo, exigente y définitorio. en toda ocasión.

Ir hacia la. democracia significa devolver la soberanía al pueblo, a la comunidad nacional, a la sociedad española. En 1976,los treinta y seis millones y medio de ciudadanos -incluídos los que residen y trabajan en la Europa occidental- reclaman su derecho de participar en- las tareas de la decisión en los asuntos públicos de interés general. Y él de ser informados con honestidad sobre esos asuntos que pertenecen al conocimiento de la nación.

Para ello hay que buscar un camino que reúna, a la vez, las condiciones de eficacia, rapidez y seguridad. Si la ruta elegida es vacilante o no conduce al resultado que se busca, mejor será no emprenderla. Si las dilaciones son probables, y largas hay que encontrar el atajo. Si el itinerario puede tropezar con uno o varios peligros, será menester alterarlo.

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Digamos que varios criterios sobre esta importante cuestión.

¿Acaso la democracia orgánica funcionó alguna vez?

La derecha más conservadora no quiere, en realidad, cambiar nada. Si el pueblo español ha cambiado tanto que es hoy la décima potencia industrial del mundo y no tiene analfabetos, y se concentra . para vivír en diez ciudades grandes, y tiene un alto nivel de vida y de consumo, el -según su argumento- porque ha disfrutado durante mucho tiempo de una dictadura paternalista, próvida y generosa, que obtuvo en. gran parte de ese pueblo, si no la conformidad, al me nos el conformismo. Ese sector que piensa así es, probablemente, no muy numeroso, pero sí muy poderoso, y se atrinchera hoy en los órganos que estableció el franquismo para amueblar el edificio constitucional pero sin ánimo de que se utilizaran en vi da suya. Puestos a hacer funcionar el mecanismo, se crea en los ocupantes de esa burocracia de alto nivel político una expectativa insospechada de poder real que nunca hubieran soñado. Y ello envalentona sus posiciones doctrinales henchidas, como es natural de dogmatismo ¡No tocar un punto del decálogo instalado! ¡Ni un ladrillo; ni una coma! En todo caso, hacer que funcione con más perfección la «democracia orgánica». Tal es su programa. Pero ¿es que en vida de Franco la «democracia orgánica» funcionó alguna vez?

El centro reformista es otro sector. Sobre él cae el peso y la responsabilidad de la reforma que le ha dado el nombre. Este grupo, visiblemente representado en el Gobierno, procede en parte de las filas del franquismo y propugna una transformación en profundidad del ordenamiento institucional vigente. Reformar, dicen, es hacer viable un sistema democrático de poder, partiendo de la legalídad. El propósito del reformismo no es el continuismo, sino la ni9dificación, aunque.ésta tenga que verificarse, por la vía legal dentro de los cauces permitidos, por la normativa actual. ¿Hasta dónde llegaría esa reforma?- Hasta donde lo permitan la situación y la posibilidad real,del país. Los reformistas, en una u otra. medida, son posibilistas y, muchos de ellos, demócratas sin,ceros. Entienden que por una vez hay que reconciliar pacíficamente a las dos Españas y hacerlas convivir políticamente en paz bajo la ley.

La estrategia de la oposición y el plan del Gobierno

Los grupos de oposición democrática se sitúan en otra actitud. Para ellos el camino evolutivo no es viable más que si se rompe la continuidad. La ruptura, más que una palabra, es un método táctico. Esperan que la contestación social aumente su nivel a tan alto grado que el sistema,político se vea obligado a pactar. No preconizan la violencia, pero sí la presión progresiva. Sostienen que cualquier reforma «desde dentro» es inviable a priori, por impedirlo el sistema mismo, que posee una serie de cerrojos de seguridad capaces de funcionar en una y otra instancia para hacer imposible el cambio real. Acusan a los reformistas de insinceros; a la reforma, de artilugio cosmético para pintar la fachada, dejando intacto el interior. Y piensan, sobre todo, que a propósito central que anima a los reformistas está basado en la intención deliberada de evitar.a todo trance que exista la posibilidad de una alternativa viable para que la oposición, en cualquiera de sus formas legales, tenga un día acceso al ejercicio temporal de poder por la vía del sufragio popular. Los matices de la oposición democrática son variados y, en algún aspecto, hasta contrapuestos, pero sustancial mente creemos haber definido lo que en común denominador opinan sobre la reforma. Digamos, para terminar, que piden unas Cortes Constituyentes, un Gobierno que presida, las elecciones generales con imparcialidad total y la legalización de los partidos políticos sin excepciones previas.

He aquí, en breve síntesis, las grandes tendencias que se enfrentan con el delicado y grave problema de la reforma política. El Gobierno, a través del discurso de su Presidente y de los acuerdos del Consejo de Ministros del viernes 30 de abril, parece haber tomado una dirección definitiva en el asunto: se aprobaron dos proyectos de ley. Uno, relativo a la Ley de Sucesión. Otro, relativo a la constitución y estructura de las Cortes. Las líneas generales de ambos proyectos son ya conocidas después de su divulgación por la Prensa y las agencias, a pesar del hermetismo oficial. Ambos textos irán a informe y examen del Consejo Nacional, primero; de las actuales Cortes, después. El mes de mayo será consumido por el primer turno, el del Consejo. El mes de junio, por el segundo, que es el de las Cortes. El dictamen del Consejo es preceptivo, pero no vinculante. El de las Cortes, sí. en- otras palabras, los proyectos pueden salir notablemente alterados a su paso por éstas últimas. Se aplican en ambas instancias procedimientos de urgencia.

Con ello se llega al mes de julio. Si entendimos bien el discurso del Presidente, no se considera oportuno o posible acudir al referéndum en estas fechas por la dispersión veraniega de los votantes o quizás por falta material de tiempo para organizar debidamente la consulta, resolviendo previamente la delicada cuestión de las «preguntas». Con ello se remite el voto al otoño, con campaña previa que durará al menos cuatro semanas. Llegaríamos así noviembre. Convocadas entonces elecciones generales para elegir por sufragio universal, directo, igual y secreto, sucesivamente, el Congreso de los Diputados, con sus trescientos miembros, y los doscientos senadores que corresponden a entidades, sindicatos y corporaciones,. y serán propuestos por éstos para ser elegidos, en las cincuenta, provincias, tendríanios'unas' Cortes bicamerales funcionando en los primerales funcionando, en los primeros meses del año 1977.

Siete preguntas sobre la-viabilidad del programa

Tal parece ser el calendario oficial previsto. Añádase que los proyectos de ley sobre derechos de reunión y manifestación las modificaciones del Código Penal y la.ley de asociaciones políticas, todas ellas con carácter de urgencia, serán tramitadas en las Cortes actuales sin más demora. Que una ley electoral, ya en estudio, no tardará en ser aprobada y en viada a las Cortés antes del verano. Y que las elecciones municipales y provinciales serán ve rosímilmente aplazadas hasta que tengan lugar las generales antes mencionadas. Con ello tendremos un esquema bastante completo del alcance y ritmo del proceso global de la reforma.

Ahora bien ese el rumbo fijado en los gabinetes planificadores. Pero la navegación política no es sólo un itinerario fijo y definido, sino un resultado incierto de muchas fuerzas y circunstancias contradictorias. La reforma en la dimensión y alcance que el actual sistema propone está lanzada. Quedan ahora en el aire las grandes cuestiones, que solamente queremos enumerar en forma descriptiva. a) La derecha conservadora y el franquismo más ortodoxo ¿dejarán pasar los proyectos de reforma por las horcas caudinas del Consejo y de las Cortes sin arrancar a dentelladas trozos sustanciales de su contenido por considerarlo demasiado liberal y democrático? b) ¿Las Cortes en su pleno darán el voto mayoritario a estos. proyectos del Gobierno? c) ¿Se debe llevar a referéndum unos proyectos de ley detallados y técnicamente fastidiosos, o era mejor haber consultado directamente al pueblo sobre la voluntad, o no, de hacer una reforma democrática del orden vigente pidiendo una carta blanca para convocar nuevas Cortes con sufragio universal o para redactar una constitución refundida enteramente nueva? d) mejor celebrar referéndum a cuatro o cinco meses de plazo desde que se conocen los proyectos de ley y han sido criticados y discutidos, o hubiera sido mejor convocar un plebiscito rápido para saber dónde está situada la opinión numérica del país en estos momentos para clarificar así muchas posiciones y desmontar otras? e) La oposición democrática, con la que tendrá que contarse mañana en el marco de una Monarquía constitucional, ¿tómará posiciones de abierta discrepancia con el contenido de la reforma? ¿Criticará abiertamente a ésta por considerarla resultado de un compromiso entre los refórmistas del Gobierno y el franquismo más conservador, compromiso que tendería a no perder nunca las riendas y el control del poder de la actual clase política establecida, sin garantías de que la alternativa que ellos represen tantenga acceso legal y viable al Gobierno en cualquier elección, futura? f) Esa actitud oposicionista ¿puede llevar a predicar una abstención en el Proceso refrendatario y quizás en el electoral subsiguiente? ¿Se malograría con ello el intento de reconciliación nacional que la Monarquía propugna? ¿No perdería el propósito de integración de los. españoles por la vía pacífica de, la convivencia ciudadana? g) la reforma sindical, que se hace indisipensable por la fuerza de las exigencias sociales empresariales y laboraJes, ¿puede quedar como parece aplazada hasta que la reforma política se convierta en realidad? ¿No será preciso reformar también el principio XIII del Fuero del Trabajo para adecuar las ley es a las realidades?

oeste sería el conjunto de cuestiones que, en una primera aproximación al monento actual, podría plantearse el español de hoy. Hay en el inmediato futuro motivos para la preocupación y razón creciente, por ello, para que cada español recupere su parte de responsabilidad dana y se sienta en el deber de participar. Para lo cual será indispensable una información amplía, solvente y contrastada. A ello hemos querido contribuir leaImente los autores de este primer artículo.

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