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El juez del ‘caso Negreira’ busca testimonios de árbitros sobre la corrupción del fútbol

El magistrado pide a la RFEF las respuestas del cuestionario que envió a los colegiados para conocer su relación con el exdirigente arbitral tras estallar el escándalo

Caso Negreira
José María Enríquez Negreira, en su época de colegiado, arbitra un partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid en 1990.Luis Magán
Óscar López-Fonseca

Las últimas diligencias ordenadas por el juez Joaquín Aguirre, instructor del Caso Negreira en el que se investiga el pago de más de siete millones de euros por parte del FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, buscan recabar testimonios de colegiados que apuntalen la sospecha del magistrado sobre la existencia de una “corrupción sistémica” en el arbitraje del fútbol español. En sus últimas resoluciones, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona apunta que, una vez que considera ya “contrastados” los pagos efectuados entre 2001 y 2018 por el equipo blaugrana al que fuera durante 25 años vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), queda “avanzar en la hipótesis relativa a la posible influencia directa o indirecta que Enríquez Negreira pudiera [...] haber ejercido sobre los árbitros de futbol en respuesta a los pagos efectuados por el FC Barcelona”.

Como primer paso, el magistrado reclama a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) —a la que hace un mes excluyó como acusación— el resultado del cuestionario que esta envió por iniciativa propia a los árbitros en activo tras estallar el escándalo en febrero. La federación preguntó entonces a los colegiados, a través del CTA, sobre su relación con Javier Enríquez Romero, hijo del exdirigente arbitral y también imputado en la causa, en dos periodos diferentes: antes de mayo de 2018 (fecha en el que se rompió la relación entre el exvicepresidente del CTA y el FC Barcelona) y a partir de esa fecha.

En ambos casos, la RFEF pedía a los árbitros que señalaran, por un lado, si habían tenido relación con Javier Enríquez, de qué tipo, dónde y si hubo “compensación económica”. Y, por otro, pretendía saber si les había acompañado a los campos de fútbol donde debían arbitrar. En caso afirmativo, pedía que detallaran “los partidos y fechas en las que ello sucedió”.

El juez también solicita a la federación “las circulares y comunicaciones de cualquier tipo” —entre las que cita “correos electrónicos, cartas, mensajes de texto o enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, como Whatsapp o Telegram— que el CTA “o cualesquiera otros cargos federativos” intercambiaron con los colegiados tras estallar el escándalo para hablar sobre su relación con el exdirigente arbitral y su hijo. Estas diligencias —que fueron solicitadas por LaLiga, que ejerce la acusación— son consideradas por el magistrado “no sólo pertinentes, útiles y necesarias sino además de gran importancia para la investigación de los hechos”.

En otro auto de la misma fecha, el juez Aguirre desvela que, a raíz de las declaraciones que varios árbitros retirados habían hecho en prensa sobre supuestas irregularidades en el sistema de designación de los árbitros para los encuentros, había encargado una diligencia para recabar testimonios. En concreto, el magistrado aseguraba haber pedido a la Guardia Civil que confirmase “la veracidad de estas sospechas” vertidas por los colegiados, en la que se aseguraba que colegiados sin el nivel técnico necesario accedieran a arbitrar encuentros internaciones de fútbol y, de este modo, “al cobro de más dinero anualmente”.

El juez señala en el mismo auto su sospecha de que Enríquez Negreira controló desde su puesto en el CTA el sistema de calificación de colegiados para favorecer a los “afines” y que dirigieran “partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentando así sus ingresos de manera muy importante”. El magistrado considera esto como “una forma novedosa” de amaño de encuentros alejada “del tradicional método de pago para un partido concreto”.

El juez centra así parte de la investigación en determinar “la finalidad pretendida” con los pagos realizados por el equipo blaugrana y si tenían que ver con esa supuesta “corrupción sistémica” del arbitraje. “Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a siete millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara”, concluye el juez instructor.

No obstante, el juez señala que, aunque finalmente la investigación no consiga acreditar la existencia de pagos a “árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos”, las entregas de dinero del Barça a Enríquez Negreira podrían constituir pese a todo un delito de corrupción deportiva. En este sentido, el magistrado anuncia que en “otro auto que se dictará próximamente” planteará la posibilidad de introducir un nuevo delito para calificar penalmente la conducta del FC Barcelona.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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