Tebas pide a la Audiencia Nacional que investigue cinco pagos de la Federación al hijo de Negreira

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, maniobra para que llegue cuanto antes a los tribunales el llamado caso Negreira, en el que la Fiscalía investiga el pago por parte del FC Barcelona de cerca de siete millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA, el órgano de gobierno de los colegiados) José María Enríquez Negreira por supuestas asesorías verbales. Con ese objetivo, el organismo deportivo que preside ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal para que, dentro de la causa que este magistrado sigue por las supuestas irregularidades del que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar ―el llamado caso Soule―, indague el abono de al menos 4.410 euros por parte de la Federación al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, por trabajos de coaching (asesoramiento), según un escrito adelantado por Vozpópuli y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tebas, durante el acto público celebrado el lunes en el que reclamó la dimisión del presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, pidió a la Fiscalía que interponga cuanto antes una denuncia por el caso Negreira, y aseguró que le había remitido información que podía ser útil para la causa.

El escrito presentado en la Audiencia Nacional es, por tanto, un movimiento paralelo a la petición a la Fiscalía y en una causa, el caso Soule, que lleva abierta desde 2017. “Todo suma”, han señalado fuentes de LaLiga a este diario para justificarlo. En el documento, fechado el día 17, el representante legal de LaLiga, personada en el caso contra Villar como acusación particular, señala que “han trascendido en los medios de comunicación noticias relativas a determinados hechos que pudieran tener naturaleza penal” relacionados con Enríquez Negreira y su hijo, “respecto de quien se informa que prestaba servicios de coaching precisamente a favor de la RFEF y del CTA”.

El documento añade que estos servicios de asesoramiento fueron abonados con los fondos que LaLiga entrega a la Federación y de los que un 18,75% procedía de la recaudación de las quinielas. “La RFEF no ha aportado las facturas soporte de los gastos contabilizados, impidiendo constatar si tan siquiera estos pudieron haber existido, o para qué y para quién se prestaron dichos servicios, su duración, el precio hora, o quién autorizó su pago”, añade el escrito de LaLiga, que a continuación desliza una acusación sin concretar a raíz de lo conocido los últimos días: “La elección del prestador [en referencia al hijo de Negreira] parece evidente a qué responde”.

LaLiga detalla en su escrito, temporada por temporada, estos pagos de la Federación al hijo de Negreira a partir de la documentación ya incorporada en el sumario del caso Soule y, en concreto, de cuadros en formato Excel que la propia RFEF entregó en su día en la Audiencia Nacional a requerimiento del magistrado. Así, detalla que en la temporada 2011-2012 la Federación pagó a Javier Enríquez 1.006 euros en concepto de “coach PF. Sant”. La temporada siguiente el pago fue de 600 euros por “trabajos coaching”, y la 2013-2014 de 820 euros, en este caso por “gtos [gastos] sesiones coaching”. El importe se elevó a los 992 euros en la siguiente temporada por “gtos [gastos] coaching PF” junto a la descripción “otras reuniones”, importe y conceptos idénticos de los utilizados para la temporada 2015-2016. En total, 4.410 euros, de los que la Federación supuestamente no ha entregado en el juzgado las facturas correspondientes, según recalca LaLiga.

Por todo ello, el organismo que preside Tebas pide al juez que dé traslado de estos datos a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda y responsable de realizar para la causa varias periciales sobre movimientos de dinero bajo sospecha) para que los tenga en cuenta en el informe que el magistrado encargó, a petición de la Fiscalía, sobre “la aportación de dinero público para sufragar gastos para honorarios arbitrales y demás gastos arbitrales de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional (1ª y 2ª división)”. El objeto del informe es detectar la posible “desviación de fondos públicos a fines ajenos a la subvención y obligaciones autorizadas”. Un informe de la Intervención incorporado a la causa desveló ya presuntas irregularidades en la contabilización de gastos de dietas y viajes en órganos de la Federación.

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