Opacidad en la federación de voleibol, unas elecciones bajo sospecha y retirada de subvenciones

El voleibol español está fraccionado desde hace cuatro años. Desde el último proceso electoral en 2020, en el que la candidatura de ‘Ahora Vóley’, comandada por la presidenta de la federación catalana, Maribel Zamora, perdió por un voto —34 frente a 35— contra el presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Agustín Martín Santos, y presentó un contencioso-administrativo contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por irregularidades en el censo. Para Martín, todo está en orden y no hay ninguna irregularidad; para la oposición existe un problema de fondo tras el cual se tomaron “represalias”.

Una sentencia del Juzgado de primera instancia número 15 de Madrid considera que la federación y su presidente aplicaron mal el reglamento 101 en una Asamblea General en 2021 y da la razón a cinco federaciones territoriales que denunciaron el caso: no se votaron ni debatieron diversos asuntos del día que no tenían enmienda ni propuesta alternativa, y el juzgado los declaró, por lo tanto, nulos. Mientras, las licencias se disparan: 95.438 en 2022, por encima del atletismo (92.437), tenis (83.521) o natación (66.775), y también muy cerca del sorpasso al balonmano (98.861). Pero en cuanto a resultados, sobre todo a nivel internacional, el voleibol español se desangra: desde el 2000 no hay representación española en unos Juegos Olímpicos, y el último gran logro de la selección fue el oro del campeonato europeo de 2007.

Todo se remonta a las elecciones de 2020. Zamora, que venía de ser vicepresidenta de la federación española, plantea con su grupo un cambio de rumbo. “Agustín tuvo sus épocas positivas y transformaciones, pero ahora se necesita un cambio de roles”, justifica la presidenta catalana. Un giro motivado por la falta de proyecto, consideran. David Lechón, presidente de la federación aragonesa, siente que las federaciones territoriales crecen, pero encuentra un “techo de cristal en la española”. “No hay ambición, no hay inversión, no hay proyecto, y los jugadores no se sienten atraídos por representar a nuestra selección. Tampoco se visibiliza en televisión”, comparte Lechón. Opinión que respalda Dolors Besné, presidenta de la federación balear: “A nivel nacional no hay repercusión, y es muy difícil encontrar patrocinadores”. Algo que no comparte el presidente de la nacional: “Estamos volviendo poco a poco a nuestro pico del 2006. Ya somos asiduos del campeonato de Europa, y en el voleibol playa estamos a la cabeza”. “Estamos en números históricos de crecimiento. ¿No hay resultados a nivel internacional? No podemos inventarnos una generación de oro”, añade José Ángel Luna, presidente de la federación gallega y afín a Martín Santos.

Enfrente tiene a otras territoriales que quieren “montar un proyecto ilusionante”; “contamos con un grupo de 13 federaciones, con Rafa Pascual, un referente, o con Oscar Novillo. Pero llegan las elecciones y vemos cosas raras: censos que se hinchan misteriosamente, equipos que aparecen de la nada…”, comparte Lechón, que forma parte del grupo de Zamora. Durante el proceso electoral de 2020 a los demandantes les llamó la atención la inclusión de 878 personas que no estaban en el censo inicial. Consideran que al menos 296 no cumplían los requisitos. “Había gente que aparecía en el censo que no estaba en la base de datos de la federación. Nos llegaron mensajes de personas que aparecían en el censo del voto por correo sin haberlo solicitado. O un equipo en un colegio de Valladolid de jugadoras residentes en Canarias y que la escuela comunicó que no existía”, explica Zamora.

El presidente de la federación de vóley aclara que el aumento de un censo a otro es algo habitual, y asegura que la “Junta Electoral y el TAD detectaron que todo estaba bien”. “Cuando publicamos el censo inicial nosotros no teníamos ni la mitad de licencias comunicadas. No hicimos nada ilegal. Cada uno vuelca las licencias al ritmo que puede. Hacen de la anécdota, como el equipo de Valladolid, una realidad”, añade Luna. El TAD excluyó a ocho personas del censo, aunque desestimó el resto de las impugnaciones. Pero en el juzgado —el juez valora en su auto que el proceso electoral no “destaca precisamente por su transparencia”— sentenció retrotraer la resolución del TAD, obligando a emitir una nueva resolución con una motivación más exhaustiva que todavía no ha emitido. Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una sentencia de la Audiencia Nacional después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la federación presentaran un recurso.

“Con la demandas, las represalias llegaron rápidamente”, comparte Zamora. “Antes de 2021 había unos criterios de subvención; el reparto se basaba en las licencias, los equipos de Superliga, de competición estatal... Eran criterios administrativos y deportivos, con datos objetivos”, añade la presidenta catalana. Ahora se valora la organización de eventos —adjudicados por la RFEVB—, la colaboración arbitral y un concepto que ni el propio presidente sabe cómo explicar: “colaboración y aspectos negativos”.

Un cambio en los criterios que ha modificado lo que venían percibiendo algunas de las federaciones: la catalana, por ejemplo, pasó de ser la territorial con más subvención en 2020, con más de 25.000 euros, a no recibir nada en 2022. También Aragón ha perdido un 65% de subvención, Baleares un 76% y la Comunidad Valenciana un 77%. Todas tienen un cero en “colaboración y aspectos negativos”. Otras, como la de Castilla y León —de la cual Martín es gerente, aunque él no cree que sea necesario “entrar en esos asuntos”— ha pasado de recibir poco más de 5.000 euros a percibir alrededor de 35.000. Tiene un 10, la puntuación máxima, en “colaboración y aspectos negativos”.

“A partir de las elecciones de 2020 observamos un cambio de postura respecto a las territoriales, en el cual se perjudica a unas y se beneficia a otras”, relata Ruiz. Antonio Sangrador, presidente de la federación de Castilla y León, se defiende: “Hemos salido beneficiados, pero porque hemos organizado muchas competiciones, y eso conlleva unos gastos”. Para Martín, los criterios son “totalmente objetivos” y nadie se ha opuesto a ellos.

Este 2024 habrá otras elecciones para la presidencia de la RFEVB, y Martín asegura que no se presentará. “Lo más grave es que se ha dividido al voleibol. Ojalá todo se solucione por el bien del deporte: está cogiendo mucho arranque, y en femenino es líder”, concluye Dolores Besné. El proyecto, mientras, en entredicho. Y el voleibol, fragmentado.

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