Una dimisión en diferido del director de la agencia antidopaje

José Luis Terreros dimitirá como director de la agencia española antidopaje (CELAD) antes de ser destituido pero no antes de sentir que se ha defendido suficientemente ante la opinión pública de unas denuncias que considera “mentiras e inventos”, un escándalo desatado por una serie de prácticas presuntamente irregulares en la gestión de los controles antidopaje y de las sanciones que aparentemente no son diferentes de las que se han seguido toda la vida, y siempre determinadas, así lo asegura Terreros, por sentencias de la Audiencia Nacional y la ambigüedad interpretativa de decretos y leyes.

Las acusaciones, una bola de nieve engordada en Navidades a raíz de sendas informaciones de elDiario.es y Relevo, no las considera ni mentira ni invento el Consejo Superior de Deportes (CSD) que ha enviado a la Fiscalía General del Estado un relato de los hechos con la petición de que los examine y decida si en ellos se aprecian “indicios racionales de la comisión de algún delito”. El informe elaborado por el Ministerio de Educación y Deporte y remitido al fiscal “alerta de la gravedad de los hechos denunciados”, informa el CSD. Al comunicar el envío a la Fiscalía, el 5 de enero, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, también dijo que le había solicitado la dimisión a Terreros, y que si esta no llegaba, su ministra, Pilar Alegría, y él mismo propondrían su cese al Consejo Rector de la CELAD, el órgano que formalmente nombra los directores de la agencia propuestos por el CSD, que él mismo preside y del que Terreros es uno de sus 10 miembros. Ese es el escenario en el que se mueve ahora el CSD, que trabaja en la renovación de dicho consejo (necesaria tras las elecciones) para poder convocar “a la mayor brevedad posible” y con un punto claro en el orden del día: la propuesta de cese de Terreros.

“Por supuestísimo que me iré, y me iré con una alegría… Pero me iré cuando yo decida, cuando todo el mundo me haya oído”, dice Terreros a EL PAÍS en el que ha sido siete años su despacho, y señala los cajones que ha empezado a vaciar para dejarlos libres para el próximo usuario. “Pero no me iré por todo lo que se ha publicado. Me voy a ir porque cómo voy a seguir yo con una gente que me trata así, con un Consejo Superior de Deportes y un Ministerio que me tratan así. Ya vendrá la Fiscalía y me dirá lo que sea. No, no. Que hagan un comunicado diciendo que si no dimito, que me van a cesar. Eso me indigna y no lo voy a permitir. Por eso no he dimitido. Porque no quiero que nadie piense que yo me voy por todas estas informaciones falsas”. A sus declaraciones, el CSD responde: “Se le ha dado la oportunidad de explicarse varias veces y antes de remitir la denuncia a la Fiscalia. Se le pidieron sendos informes para que explicara su praxis”.

El 5 de enero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) añadió más clavos al ataúd de Terreros con un comunicado en el que mostraba su consternación por todo lo que estaba saliendo en la prensa y recordaba que ellos mismos, el organismo que regula la lucha antidopaje en el mundo, ya le habían llamado la atención por los retrasos en la gestión de los resultados, y que hasta le había arrebatado el proceso para sancionar a tres deportistas por pasaporte sanguíneo anómalo ya que la CELAD lo tenía paralizado, y que eso era muy malo para España, casi tan malo como el hecho de que la nueva Ley Antidopaje española, aprobada por el Parlamento en 2021, no se interpreta ni se desarrolla por el Gobierno como debería hacerse, y que más vale que España se ataña a las consecuencias si no se corrige.

“Teníamos suspendido el procedimiento de cinco pasaportes a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional sobre el caso Ibai Salas. Cuando esta dijo que no se podía sancionara menos que hubiera una probabilidad irrebatible, decidimos que tres de ellos los gestionaran las federaciones internacionales correspondientes y le pasamos a la AMA la gestión. Los otros dos vimos que podíamos seguir adelante y los estamos llevando nosotros”, dice Terreros, que apunta que la agresividad del comunicado de la AMA se deba a que la CELAD, junto a una veintena de agencias antidopaje más, se muestra crítica con la gestión del actual presidente, el polaco Witold Banka y han exigido cambios.

El detonante del terremoto fue la publicación en elDiario.es de la noticia de que el velocista español Patrick Chinedu había seguido compitiendo pese a haber dado positivo por anabolizantes en 2019 y que solo una denuncia en el Ministerio de Educación forzó a la CELAD a abrirle un expediente sancionador. “Nos pareció lo más prudente no abrirlo mientras la Audiencia Nacional no resolviera el recurso de otro deportista que alegaba que su control era nulo porque solo lo había efectuado un agente de control cuando la ley exigía la presencia de dos. La Audiencia pronunció que debían ser dos y por esa razón mantuvimos sin abrir el de Chinedu y el de otra deportista, controles hechos con un solo agente”, explica Terreros. “Esto se le comunicó a la AMA. O sea, no se ha ocultado nada”.

Antiguos responsables de controles en la agencia española recuerdan que desde 2013 la mayoría de los controles se hacían con dos agentes, pero que algunos se hacían con uno solo, y pese a ello sacaban adelante las sanciones. Se consideraba que la ley que exigía dos —ya sustituida por la nueva, que solo reclama uno, adecuándola al resto de países— tenía un redactado ambiguo y muy interpretable y que no era un defecto crítico la presencia de solo uno, un defecto que no invalidaba.

Contratos de dos millones

Esa apreciación llevó consigo que en los contratos con la agencia PWC, compañía alemana que se encarga de los más de 3.000 controles anuales en contratos que pueden llegar a dos millones de euros —un control cuesta entre 150 y 550 euros—, no se exigiera claramente, así lo aprecia Terreros, que debían ser dos los agentes de control, y se abonaran también los hechos con un solo agente, aunque pudieran dar lugar a nulidad.

Este argumento figura en la contestación de la CELAD al Tribunal de Cuentas, que a raíz de la acción pública de un particular ha abierto diligencias contra la CELAD por haber abonado al menos 20 controles irregulares a PWC. La CELAD mantiene que la ausencia de un segundo agente de control “no invalida una muestra” y por tanto debía hacer frente al pago del servicio “pese a su irregularidad”. “Yo no puedo responder por lo que hicieron mis antecesores”, subraya Terreros. “Pero desde luego, si la irregularidad en el uso de los fondos públicos es pagar controles que se han hecho con un agente, ahí no tengo que ir yo solo. Aquí tienen que venir de mi mano los anteriores directores, Gómez Bastida, Quintanar y Ana Muñoz”.

El Tribunal de Cuentas puede obligar a la CELAD a devolver el dinero de esos controles, y, además, la denuncia figura en los documentos enviados por el CSD a la Fiscalía General por si son prueba de un delito de desvío de fondos públicos.

“Después de la resolución de la Audiencia Nacional preferimos ser prudentes y poner dos agentes en los contratos”, dice el aún director. “Y a partir de entonces no se ha pagado ni una sola factura donde hubiera un agente, que ha sido en 13 o 14 ocasiones. Y en ninguna con un positivo, ¿eh?”

El contrato para 2024, adjudicado el 10 de octubre también a PWC y formalizado el 29 de diciembre, sigue exigiendo dos agentes, y su coste se dispara ya que incluye controles en Andorra, Portugal, Francia, Kenia, Etiopía y Marruecos, lugares de entrenamiento de deportistas españoles. Es año olímpico. La CELAD deberá controlar repetidamente a los representantes españoles en París. Lo hará con nuevo director.

Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.