El CSD pide la dimisión de José Luis Terreros

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, solicitó la dimisión del director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), José Luis Terreros. El CSD lo anunció este viernes mediante un comunicado oficial, en el marco del escándalo que sacude a las instituciones públicas que regulan y fiscalizan el deporte en España.

La CELAD, el organismo encargado de la protección del derecho a la salud de todos los deportistas y del derecho a participar en una competición sin trampas, fue objeto de la denuncia de un particular hace un par de meses. Los documentos señalan que la CELAD dejó sin sancionar a deportistas españoles que dieron positivo, activó procedimientos para encubrir el uso de sustancias prohibidas y adjudicó contratos a empresas que incumplieron las exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), dando lugar a defectos de forma en los controles y a su virtual nulidad. La propia AMA alertó sobre la verosimilitud de los hechos denunciados y el CSD elevó el caso a la Fiscalía.

Máximo organismo administrativo del deporte en España, el CSD depende directamente del Gobierno a través del Ministerio de Educación y Deporte. Entre sus atribuciones se encuentra la de supervisar las organizaciones antidopaje, como la CELAD, pero —curiosamente— carece de poder para remover libremente a su responsable. La petición es un formalismo. Un paso en la secuencia burocrática que Rodríguez Uribes se apresuró a dar este viernes tal y como informó el CSD en un largo comunicado.

”No podemos consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas”, expresó la nota. “Por todo ello, ante el cariz de los acontecimientos y del daño reputacional al que se expone el deporte español y nuestro sistema de control, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha solicitado al director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, José Luis Terreros, su dimisión”.

Tras formular la solicitud, el comunicado continúa detallando el cauce administrativo que se seguirá en caso de que Terreros haga caso omiso: “Si esta \[dimisión\] no se produjera, la ministra \[Cultura y Deporte\] Pilar Alegría y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, propondrán en el marco del próximo Consejo Rector de la CELAD el cese del señor Terreros. El Consejo Rector, el órgano competente en última instancia de esta decisión, está formado por un consejero en representación de las federaciones deportivas españolas, un consejero en representación de todas las Comunidades Autónomas y varios consejeros en representación de diversos Ministerios”.

La AMA señala “problemas profundos arraigados” en España

El escándalo de la administración antidopaje española repercute en la AMA. Su presidente, Witold Banka, declaró ayer que su organización lleva tiempo investigando el caso español. “Somos muy conscientes de los problemas profundamente arraigados en la lucha antidopaje española. Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que hemos recibido del CELAD en nuestro intento de mejorar el sistema para los deportistas españoles. El hecho de que haya casos positivos que no se hayan tratado a tiempo es inaceptable”.

“La AMA”, remató Banka, “siempre se asegurará de que el CELAD —y todas las organizaciones antidopaje— se atengan a las normas más estrictas en consonancia con el Código Mundial Antidopaje, incluido el enjuiciamiento de los casos en que proceda hacerlo. Todos estos asuntos están siendo investigados a fondo. Si no se abordan con rapidez y eficacia, está claro que habrá consecuencias significativas para el deporte español”.

Por último, Banka advirtió mediante un escrito de que la AMA detectó que España no está cumpliendo con las normas antidopaje. Señala en particular la Ley Antidopaje de 2021 y su aplicación mediante un decreto posterior. “Se han identificado aparentes incumplimientos en un real decreto que se publicó en octubre de 2023 sin ninguna consulta previa con la AMA”, indica el comunicado. “La forma en que la ley se está interpretando y aplicando en la práctica no se ajusta a los términos del Código Mundial Antidopaje”.

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