La Agencia Española Antidopaje, investigada por un presunto mal uso de fondos públicos

La Agencia Estatal Antidopaje (CELAD), el organismo público español encargado de la protección del derecho a la salud de todos los deportistas y del derecho a participar en una competición sin trampas, en condiciones de igualdad, está en el punto de mira. Una denuncia enviada hace un par de meses al Ministerio detalla cómo se dejó a deportistas españoles sin sancionar pese a haber dado positivo en controles antidopaje o cómo se autorizó con efecto retroactivo el consumo de determinados medicamentos para cubrir un caso de dopaje. Además, existe evidencia de controles adjudicados a la empresa PWC que se hicieron con un solo agente cuando la normativa exige “al menos dos”, lo que invalida un positivo. “La denuncia es muy seria. Estamos hablando de algo más que una mala praxis. Existen indicios de delito”, explica a EL PAÍS el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien recibió este martes el informe correspondiente, de unas 80 páginas, por parte del Ministerio de Educación y Deporte. En dicho informe, resultado de una profunda investigación, se detallan presuntas irregularidades en el control y sanción del dopaje en el deporte y se aprecia un presunto mal uso de los fondos públicos.

Este mismo martes, Rodríguez Uribes decidió dar traslado del resultado de la investigación a la Fiscalía General del Estado, que deberá confirmar si observa indicios racionales de la comisión de algún delito. Una decisión consensuada con la subsecretaría del Ministerio y con el abogado del Estado del mismo. El CSD remitió también a la Fiscalía la denuncia original, así como los informes solicitados al director de la Agencia, José Luis Terreros. Rodríguez Uribes le pidió explicaciones a raíz de las informaciones publicadas en los medios. Y éste, que desconocía la investigación al detalle, remitió inicialmente un documento más escueto y, al requerirle más información, se extendió en argumentar si bastaba con la presencia y la firma de un solo agente antidopaje, como parece haber ocurrido de manera sistémica en los últimos años y pese a que la normativa exige un mínimo de dos.

El puesto de Terreros como director de CELAD pende ahora de un hilo. Su continuidad se abordará en la próxima reunión del consejo rector de la Agencia tan pronto como sea posible. El secretario de Estado para el Deporte, que no puede ni nombrar ni cesar al director de la Agencia, a pesar de que esta depende del CSD, quiere poder contar con todos los elementos de juicio a la hora de tomar las decisiones oportunas. Y debe hacerlo, además, en el marco del consejo rector de CELAD. Por eso espera que mientras pueda convocar a dicho consejo, en cuyo seno deberá tomarse una decisión, haya alguna respuesta de la Fiscalía. “No necesariamente tenemos que esperar a que un juez aprecie delito. La denuncia es lo suficientemente grave”, asegura, sin embargo, Rodríguez Uribes. Si bien, sí deben respetarse los tempos y las formas. Actualmente, el consejo rector debe actualizar sus miembros; el consejo está representado por responsables del Ministerio, las comunidades autónomas y las federaciones y son los ministerios, renovados recientemente, quienes deben proponer los nombres de quienes lo componen. El presidente del CSD espera poder convocarlo cuanto antes para poder tomar una decisión sobre Terreros, quien, mientras tanto, sigue siendo el director de la agencia.

La denuncia original que ha desatado la investigación sobre la praxis en CELAD hace referencia a casos particulares, con nombres y apellidos, de deportistas españoles. Uno de esos casos refiere a un positivo sin sanción de una deportista nacional en 2019. Según explica Relevo, la agencia española dejó pasar el tiempo máximo que permite la normativa (un año) entre la apertura del expediente y la comunicación al deportista; a los 365 días envió la notificación por correo postal, lo que retrasó la llegada de la misma y permitió a la deportista en cuestión reclamar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le dio la razón porque la sanción había sido comunicada fuera del plazo legal. No hubo sanción. Tampoco la hubo para Patrick Chinedu Ike, otro positivo en el mismo año 2019, según publicó eldiario.es. Siguió compitiendo hasta el pasado verano.

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